Gobierno y empresarios solicitan apertura de vías, organizaciones sociales insisten en los cierres

A pesar de la sanción del presidente de la República, Laurentino Gortizo, a la Ley de Moratoria Minera los cierres en diversos puntos del país continúan realizándose, principalmente en el interior de la República.

Actualmente se está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucionalidad la Ley No.406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá,

Así las cosas, el Gobierno Nacional hizo un llamado a respetar la independencia como tal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y solicita la apertura de las vías a nivel nacional y el retorno al paz social “que necesita la población panameña”.

“Cuando en una sociedad existen conflictos y diferencias, cuando el pueblo exige posiciones y luego se encuentra una solución pacífica, logrando objetivos, alcanzamos la paz social”, señaló el Ejecutivo, mediante un comunicado enviado a través del Ministerio de Gobierno.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), se unió al llamado a la libre circulación y a la apertura de las vías.

Manifestaron en un comunicado que, el bloqueo de las vías no es una forma de protestar en democracia, consideran que configura una violación continuada de los derechos de terceros y, además, causa efectos directos en la vida cotidiana de los ciudadanos: insumos médicos que no pueden llegar a los hospitales, personas que no pueden recibir tratamientos esenciales para mantenerse con vida, productos alimenticios que se pierden, y en general, se pone en peligro la estabilidad de las empresas y por ende de los empleos.

“Esto es inaceptable y violatorio del derecho que tienen los ciudadanos de transitar libremente, afecta la matriz productiva de la región, la distribución segura de alimentos al país y miles de puestos de trabajo”.

Señalaron que la falta de presencia de las autoridades ha permitido, que más allá del cierre de calles, se verifiquen actos delictivos, como el cobro para poder transitar.

Los empresarios indican que el Estado tiene la obligación de proteger la vida, honra, bienes de los asociados y a garantizar el derecho humano del libre tránsito “el cierre de calles es una forma de secuestrar a la población, bajo la inexplicable acción de las autoridades”.

A pesar de los llamados a la apertura de las vías que garantice el libre tránsito y abastecimiento de medicamentos y productos alimenticios, dirigentes de las organizaciones sociales que forman parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, anunciaron que seguirán con las acciones de cierre de calles hasta que sea derogada la Ley No. 406 que aprobó el contrato entre el Estado y Minera Panamá.

“La consigna que seguimos manteniendo es la derogación de la Ley N° 406. Consideramos que a la luz del debate jurídico, es perfectamente constitucional derogar una ley por otra ley y que a pesar de lo que se nos intenta decir, que a través de una declaración de inconstitucionalidad el país queda blindado ante un arbitraje o demanda internacional, ya existen según las declaraciones del ministro Alfaro tres demandas de arbitraje internacional”, señalaron en conferencia de prensa.

La Alianza exigió al presidente de la República, Laurentino Cortizo que llame a sesiones extraordinarias y presente un proyecto de ley que derogue la Ley No.406 que aprueba el contrato entre el Estado y Minera Panamá. “No podemos esperar hasta diciembre que la Corte Suprema de Justicia falle y que la población siga sumergida en esta incertidumbre", dijeron.

Los dirigentes también mencionaron que es probable que la empresa First Quantum Minerals siga “atacando a Panamá” aún después de un fallo por lo que el pueblo debe mantenerse unido en defensa del país, sus recursos y biodiversidad. En cuanto a los cierres de vía, la Alianza destacó que estos deben ser ordenados y organizados de manera que permitan conservarlos derechos laborales y socioambientales.

Hoy, estos grupos organizados, estarán en la provincia de Colón para celebrar la gesta patriótica junto con los distintos sindicatos y la sociedad civil.

Tras el llamado de la apertura de corredores humanitarios, a fin de garantizar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad a la población, la Alianza Pueblo Unido por la Vida expresó que cada organización y movimiento social en lucha tiene sus propias características y mecanismos democráticos de decisión y es a ellos a quienes le corresponde decidir sobre la posibilidad de establecer corredores humanitarios, “no está en la Alianza Pueblo Unido por la Vida hacer llamado para permitidor corredores humanitarios”.

Los Productores Agropecuarios del Distrito de Tierras Altas, aclararon lo ocurrido el pasado 2 de noviembre, en Horconcitos, provincia de Chiriquí, durante un incidente que generó tensiones entre manifestantes y productores.

Se trata de un video que se compartió en las redes sociales que mostró a un grupo de indígenas de la comarca Ngäbe Buglé que retenían a un productor y lo instaban a jurar que no volvería a cometer errores contra su pueblo, situación se dio porque los manifestantes tenían bloqueadas las vías y pedían a los productores que no pasaran por la zona.

Los productores Agropecuarios del Distrito de Tierras Altas aseguran que, no tenían la intención de atacar a los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé que estaban bloqueando el tránsito de esta región del país. “Nuestra principal motivación era despejar las vías una vez que se habían agotado todas las alternativas pacíficas para resolver la situación y restablecer el derecho al libre tránsito en nuestra zona”.

Abogan por un diálogo constructivo y pacífico que les permita abordar los problemas que aquejan a nuestra comunidad y encontrar soluciones que beneficien a todos.

“Reconocemos que cada grupo tiene preocupaciones legítimas, y estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de un entendimiento que promueva el bienestar de todos los panameños”, expresaron.

Hicieron un llamado a la sensatez y al respeto mutuo e invitaron a todas las partes involucradas a dejar de lado la confrontación y a unirse en la búsqueda de soluciones que nos permitan avanzar como sociedad.

“Los Productores Agropecuarios del Distrito de Tierras Altas estamos dispuestos a colaborar en la construcción de un país más justo, equitativo y próspero, en que podamos convivir en armonía y respeto por nuestros derechos y diferencias”, puntualizaron.