Fiscalía Electoral realizará investigación de campo en San Felipe

Actualizado
  • 22/09/2023 00:00
Creado
  • 22/09/2023 00:00
El registro electoral del corregimiento de San Felipe supera los datos proporcionados por el censo de población y vivienda de 2023. Se mantienen dos denuncias por las inconsistencias en el padrón electoral
El pleno del Tribunal Electoral se trasladó a la sede de la Fiscalía Electoral.

Los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE) sostuvieron una reunión con el fiscal electoral para hablar de las irregularidades observadas en el padrón electoral del corregimiento de San Felipe.

Alfredo Juncá, magistrado presidente del TE, al salir de la reunión destacó su compromiso de encontrar una solución antes del 31 de diciembre, porque esa es la fecha establecida para excluir del padrón electoral final a las personas fallecidas al 31 de diciembre de 2023 y a quienes tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por sentencia ejecutoriada, siempre que las pruebas respectivas sean recibidas oportunamente en el TE. El lunes 5 de febrero se publicará el padrón que se utilizará en las elecciones de mayo.

“Estamos brindando todo el apoyo necesario para lograr una respuesta satisfactoria antes del 31 de diciembre de 2023. Estamos dispuestos a llegar tan lejos como lo permita la ley”, enfatizó Alfredo Juncá.

El registro electoral del corregimiento de San Felipe supera los datos proporcionados por el censo de población y vivienda de 2023.

En un comunicado conjunto entre el TE y la fiscalía, se informó que se mantienen dos denuncias por las inconsistencias en el padrón electoral del corregimiento de San Felipe. Una denuncia fue presentada por Daniel Lombana y la otra por Octavio Del Moral.

La Fiscalía Electoral, a cargo de Dilio Arcia, presentó una solicitud por escrito para llevar a cabo un censo electoral parcial en el corregimiento de San Felipe.

En la carta, fechada el 6 de septiembre, se resalta la importancia de este censo como un paso trascendental para fortalecer la democracia panameña.

Se subraya que este proceso enviaría un mensaje claro a la sociedad, demostrando el interés del organismo electoral en abordar y resolver un problema recurrente que ha persistido elección tras elección, sin soluciones definitivas.

“Los magistrados acordaron instruir a sus dependencias para que agilicen la entrega de la información solicitada por la Fiscalía Electoral para complementar sus investigaciones de campo, a fin de hacer imputaciones penales a los electores que no residen en el precitado corregimiento y aparecen en el padrón electoral preliminar”, señaló el comunicado en conjunto divulgado la tarde de este jueves.

Las personas, agrega el comunicado, pudieran enfrentar cargos tanto por cambio doloso de residencia como por hacer falsas declaraciones juradas ante el Tribunal Electoral y sus dependencias, delitos que no solamente conllevan penas de días multas, sino de seis a doce meses de prisión, además de la suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual tiempo.

Agregaron que la fiscalía se ha organizado para levantar la mayor cantidad de investigaciones posibles y llevarlas ante los juzgados penales electorales antes de las elecciones del 5 de mayo de 2024.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, dirigida por Octavio Del Moral, aseguró en una carta enviada a los magistrados del TE que “la magnitud de la distorsión electoral solo conducirá a un resultado electoral falso y engañoso, en beneficio de quienes siempre se han aprovechado de los vicios del padrón electoral”.

La asociación presentó una denuncia en la fiscalía para que se hagan la investigaciones antes de las elecciones de mayo de 2024.

El actual representante del corregimiento de San Felipe es Mario Kennedy, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Kennedy fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de peculado doloso en prejuicio de la junta comunal del corregimiento.

La residencia electoral, según el TE, se establece mediante una declaración jurada de los ciudadanos.

“El cambio doloso de residencia está tipificado como delito contra la honradez del sufragio en el artículo 527 del Código Electoral y es sancionado con multas que van desde 100 hasta 1.000 días, duplicándose la pena para quienes hayan instigado la comisión del delito.

El plazo para cambiar de residencia con miras a las elecciones de mayo de 2024 finalizó el 5 de enero de 2023, como lo dispone el artículo 24 del Código Electoral.

Según el artículo 69 del Decreto Reglamento de las Elecciones, la residencia electoral se define como el lugar donde el elector reside habitualmente y le otorga el derecho a inscribirse y permanecer en el registro electoral de un determinado corregimiento.

El cambio doloso de residencia es uno de los delitos electorales más comunes en Panamá.

En los últimos 20 años, según cifras del TE, 2.786 personas han sido condenadas por cambio de residencia y han pagado multas por un total de $170.349,50.

Estos cambios generalmente ocurren en corregimientos pequeños, donde el traslado de unos pocos votantes puede marcar la diferencia en los resultados. Hasta la fecha, en Panamá existen 589 corregimientos, de los 701 que existen, que tienen menos de 5.000 electores.

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