Fiscalía comienza alegatos en caso New Business

En la sexta jornada del juicio de New Business, la fiscalía sustentó porqué la compra de Editora Panamá América (Epasa) se enmarca dentro del delito de blanqueo de capitales.

En el inicio de la fase de alegatos finales, el fiscal superior Uris Vargas citó un fallo de 2014 de la Corte Suprema de Justicia que establece las conductas que conducen al delito de blanqueo de capitales y que se aplicaron para la compra de la editora. El fiscal mencionó que se usaron testaferros y sociedades ficticias para ocultar el nombre de los beneficiarios finales de las acciones de la editora.

El exmandatario Ricardo Martinelli captó activos de empresarios que contrataban con el Estado. Exigió un porcentaje del 10% de las obras para adquirir Epasa. “Se requerían mayores aportes y de allí la necesidad de la gestión a través de los contratistas con el Estado”, afirmó el fiscal. Las sociedades de los contratistas (Transcaribe Trading, S.A., Excavaciones del Istmo, Constructora Corcione y Asociados, Lyric Electronics, LTD, S.A.) emitieron un porcentaje de los anticipos y adelantos suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) utilizando los servicios bancarios.

A través de estas distintas sociedades y cuentas bancarias empezaron a circular los activos ilícitos que en algunos de los casos fueron fraccionados para evitar la trazabilidad, estableció el fiscal.

La teoría de la fiscalía tiene como soporte dos testigos protegidos y otros testimonios como el del empresario Gabriel Btesh. Hoy, la fiscalía continuará con la sustentación de sus alegatos finales, que tomarán aproximadamente 12 horas.

Este martes compareció al juicio de New Business el testigo estrella de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli: el exfiscal David Mendoza. Con su testimonio, la defensa intentó establecer que en el Ministerio Público hubo presiones para investigar a su cliente, aunque el fiscal de la causa arrinconó al testigo, al llevarlo a reconocer que en el expediente había elementos de convicción contra los acusados.

El exfiscal, que dirigió una de las etapas iniciales de la investigación por la presunta compra con fondos públicos de Editora Panamá América (Epasa) desde la cuenta denominada New Business, admitió que giró órdenes de indagatoria y prisión preventiva para los empresarios Gabriel Btesh y Aaron Mizrachi.

Mendoza argumentó que cuando investigaba el caso recibió presiones de sus superiores, refiriéndose a la entonces procuradora Kenia Porcell y al entonces secretario general Rolando Rodríguez, para que se investigara y detuviera al expresidente. ¿Por qué no lo denunció?, le preguntó el fiscal Emeldo Márquez. “En la administración de justicia no existen las condiciones para abordar estos temas...”, respondió Mendoza.

Aunque seguidamente reconoció que todavía está a tiempo para hacerlo. ¿Por qué no renunció antes?, inquirió el fiscal. “Pasó por mi mente... Yo decidí lidiar (con las presiones), confié en que las cosas podían ser mejores, podían cambiar. Al final, tomé la decisión de renunciar...”, contestó el exfiscal.

Mendoza no investigó al expresidente porque en su momento no era su competencia: era diputado del Parlacen. Pero cuando el exmandatario renunció a la curul, realizó acciones encaminadas a solicitar el levantamiento del principio de especialidad. No pudo completar sus acciones porque fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios, en septiembre de 2019.

En esta jornada también comparecieron tres peritos. Anibal Guerrero Urriola, contador y abogado, citado por la defensa del expresidente, que intentó convencer de que este aportó $5 millones de su peculio y $11 millones de un préstamo de Global Bank para comprar Epasa. Más otros $800.000, que pago a la empresa Clío, de sus cuentas personales.

Además, compareció Luis De Gracia, de la defensa de Nicolás y José Corcione, asegurando que la construcción del edificio de la Asamblea Nacional de Panamá se hizo conforme a la ley. El otro perito fue Àngel Hidrobo Calvo, de la defensa de Nicolás y José Corcione. En total fueron 19 testigos y 4 peritos quienes rindieron testimonio en la audiencia.

Epasa fue adquirida en diciembre de 2010 por un monto de $43,9 millones recolectados en un periodo de dos semanas en la cuenta denominada New Business. La fiscalía, en su alegato, empezó a detallar el esquema, que a su juicio configuró el delito de lavado de dinero para la compra del grupo editorial.

La fiscalía sigue hoy exponiendo su alegato. Después, los abogados defensores tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos.