Fechas que cambiaron el rumbo de la historia

El 11 de octubre de 1968 es la otra fecha que cambió el rumbo político de la historia patria. Ese día la Guardia Nacional derrocó al gobierno constitucional presidido por el Dr. Arnulfo Arias Madrid. El transcurrir de la democracia formal panameña enfrentó de pronto obstáculos que impidieron durante 21 años la vigencia de un estado de derecho en el istmo. La insurrección de las fuerzas armadas, al mando de los oficiales Boris Martínez y Omar Torrijos, produjo el advenimiento de una dictadura que se apoderó de todos los instrumentos de poder público. En un primer periodo funcionó de hecho, sin otro código que el estratificado en el cerebro de los cuarteles. En un segundo periodo laboró con un ordenamiento jurídico totalitario y ofensivo al temperamento democrático de los panameños. Y en un tercer y último periodo fue tan mutilador de los derechos humanos como los dos periodos anteriores, pero agravado por el refinamiento de una mentalidad aún más totalitaria en el ejercicio del mando.

El desmadre de las Fuerzas Públicas de su lecho habitual tiene pocos antecedentes, pero los tiene. El más remoto, ubicado en el amanecer republicano, tiene como actor estelar al general Esteban Huertas. En efecto, el 28 de octubre de 1904, el general Huertas, en carta dirigida al presidente de la República, Manuel Amador Guerrero, solicitó la renuncia de los secretarios de Estado, Tomás Arias y Nicolás Victoria Jaén. El secretario Arias, sin más trámite, fue reemplazado por Santiago de la Guardia. Este incidente produjo una copiosa correspondencia en la que el general Huertas fustigaba al gobierno y en particular al mismo presidente Amador. En un arranque de ira, Huertas llegó a decirle “viejo malagradecido”. El 28 de noviembre de 1904, previa solicitud, el general Huertas presentó renuncia del cargo de jefe del Ejército, lo que produjo la primera insubordinación de los cuarteles, total, pero sin efectos en perjuicio de la estabilidad gubernamental. Posteriormente, el secretario Santiago de la Guardia disolvió el Ejército Nacional. La insubordinación militar reincidió el 9 de octubre de 1941, pues existen declaraciones del comandante Rogelio Fábrega en las que asume el papel de incitador del golpe de Estado que Ricardo Adolfo de la Guardia dio al gobierno constitucional de Arnulfo Arias.

En la década de 1940, la jerarquía militar sufrió, por lo visto, de arrebatos golpistas. Primero estimuló a los constituyentes para que dieran un golpe parlamentario al presidente Enrique Jiménez. El golpe se perpetuó, hubo discursos y se le colocó la banda presidencial a Henrique de Obarrio, cuñado de Remón, pero resultó un conspirador frustrado porque después del sainete, el comandante Remón se arrepintió de la locura puesta en escena. Segundo, en el año de 1949, la Policía Nacional derrocó al presidente Chanis y en el año de 1951, por causas diversas, se interrumpió el mandato presidencial de Arnulfo Arias.

Entre los actos preparatorios para armar un organismo militar disciplinado ubicado en la antesala de un Ejército tipo Somoza, en el año 1953 se aprobó una ley que dio el nombre de Guardia Nacional, como en Nicaragua, a la policía panameña. Fui uno de los pocos diputados que se opuso a la nueva nominación. En esos años, la Internacional de las Espadas tomaba el control de los gobiernos y los ejércitos de las dictaduras y las fuerzas policiacas anudaban más y más sus vínculos. A Colombia llegó una misión de la Guardia Civil franquista, en la época de Laureano Gómez, y a Panamá llegó una misión venezolana del Ejército de la dictadura de Pérez Jiménez. Y nuestra policía de pito y tolete recibió las peores lecciones en materia de torturas y de violaciones para recibir como saludo palos y patadas. Fue una de las enseñanzas de los técnicos venezolanos.

Estos antecedentes fueron armando el brazo y la mente de los militares golpistas de 1968, sin olvidar los estudios de postgrado en la Escuela de las Américas instalada en la Zona del Canal, donde les lavaban el cerebro con el más puro detergente psicológico para tratar de expulsar de él lo que había de democrático. Hasta el año de 1968, el sistema político panameño descansaba en el mando por decenas de años. Es lo que explica las constantes tiranías y las guerras civiles que tuvieron su escenario en esas naciones. El ritmo de la alternancia panameña lo interrumpió la dictadura militar, la que por 21 años manipuló a su placer la existencia nacional. El golpe militar de 1968 se dio el mismo año en que la Asamblea Nacional tramitó un juicio político al presidente Marco A. Robles, acusado de transgresor del orden institucional por cuestiones electorales. Luego de un controvertido proceso, la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional condenó al presidente enjuiciado y lo destituyó del cargo. Inmediatamente procedió a juramentar a su sucesor, Max Delvalle. La Guardia Nacional, hasta entonces el poder real detrás del trono civil, no acató el fallo y de hecho impidió el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Esa acción, contraria a la seguridad interna del Estado, tuvo el efecto de un golpe de cuartel, tipificado en el Código Penal.

Al no acatar la Guardia Nacional el fallo de la Asamblea Nacional, se reiniciaron las actividades del proceso electoral cuyas elecciones se llevaron a cabo en mayo de 1968, con relativa normalidad. El vencedor por abrumadora mayoría fue el candidato Arnulfo Arias. El nuevo presidente tomó posesión el 1 de octubre del mismo año y 11 días después fue derrocado por los militares. Solo Pablo Arosemena, en el siglo XIX, duró menos o igual tiempo en el solio presidencial.

Algunas personas han tratado de justificar el golpe y alegan que varios diputados que tomaron posesión el 1 de octubre de 1968 no surgieron de las urnas, sino de la voluntad imperiosa del nuevo presidente. Ese argumento no tiene la fuerza convincente para justificar el golpe, porque Arnulfo Arias era candidato de la oposición y los afectados podían interponer sus recursos legales ante los organismos electorales, cuyos titulares fueron designados por el gobierno saliente. Además, ¿qué norma constitucional otorga a la Guardia Nacional facultades para determinar el rumbo político de la nación, si ella no debe ser ni siquiera deliberante? Algunos jerarcas militares han brindado testimonios que pretenden justificar el derrocamiento. Arnulfo Arias, dicen, se metió con la Guardia Nacional y se le dio una respuesta de legítima defensa. Es tanto como sostener que la Fuerza Pública es un Estado intocable dentro de un Estado tocable. Se ha sugerido que el golpe militar se efectuó para negociar e imponer un nuevo tratado “made in USA”, considerando que el fracaso de los tratados de Robles se debió a las debilidades de su gobierno. Ante esta clase de golpe no faltan las voces que endosan a la conducta de los partidos, la responsabilidad de la subversión. En España, el alzamiento franquista, según sus partidarios, se debió al exceso de los partidos. Los partidos, decían, se suicidaron con sus irresponsabilidades y Franco aprovechó el vacío de una política sensata y orientadora para iniciar una horrorosa guerra civil. Sin embargo, 40 años después del régimen totalitario franquista, se reeditó el mismo espectro político. Los mismos partidos y las mismas tendencias. Igual ocurrió en Panamá al sufrir su deceso la dictadura. Los “suicidados” resucitaron en su totalidad. En consecuencia, no existe argumento sólido para justificar el golpe de 1968.

Un golpe dado a un presidente 11 días después de haber tomado posesión es insólito y quienes lo favorecen es porque responden a la deformación servil de dar a los militares el papel de árbitros de la vida pública y popular. Es la única arma que se puede ejercer en un estado de derecho.

En verdad, el 9 de enero de 1964 cambió el rumbo de la historia para bien de la dignidad nacional, y el 11 de octubre de 1968 igualmente cambió el rumbo de la patria para desventura de la institucionalidad democrática del país.

Este artículo es parte de una conferencia publicada en la obra Testimonio de una época , en 2009