Equiparación de oportunidades para todos

Discapacidad es la condición en la que una persona presenta deficiencia física, mental, intelectual y sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada y agravada por el entorno económico y social.

La Ley 15 de 31 de mayo de 2016, en el artículo 7 señala lo siguiente: Es obligación fundamental del Estado adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar de forma efectiva la inclusión social, integridad, la libertad y seguridad de las personas con discapacidad, así como el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la formación, el entorno físico urbano y arquitectónico con seguridad, de tal manera que se asegure su pleno desarrollo y su entera inclusión y participación a la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

En atención al artículo 7, es relevante la importancia que deben dar las universidades a los estudiantes que padecen de algún tipo de discapacidad o necesidad específica de educación. Considero que las casas de estudios superiores deberían trabajar de manera coordinada para estas importantes personas que, a pesar de sus limitaciones, no pretenden rendirse y desean continuar con sus estudios a nivel superior.

El artículo 18 de la Ley 15 del 31 de mayo de 2016 señala lo siguiente: Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en general, a la formación profesional, a la educación para adultos y al aprendizaje durante toda su vida, sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, a través de un sistema de educación inclusivo con equidad y de calidad en todos los niveles, las instituciones del sector educativo oficial y particular de enseñanza superior asignarán en su presupuesto los recursos, las herramientas y los equipos tecnológicos especializados que requieran los estudiantes con discapacidad.

Múltiples situaciones aún quedan por estudiar, analizar, coordinar y resolver, es un tema de cultura y de política de Estado que deberíamos afrontar, los gobiernos deben asumir su responsabilidad con las universidades públicas y asignar el presupuesto adecuado para resolver las llamadas barreras arquitectónicas, obstáculos de tipo físico que constituyen un problema de movilidad, que hace inaccesible una edificación, un espacio urbano o un medio de transporte. De esta manera las universidades pudiesen ofrecer una mayor accesibilidad con entornos, procesos y servicios de calidad, así como los instrumentos y dispositivos para ser comprensibles por todas las personas en condiciones de seguridad.

Se hace necesario derivar las barreras actitudinales, aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, estigmas que obstaculizan el acceso, en condiciones de igualdad, de las personas en situación de discapacidad a los espacios, servicios y las posibilidades que ofrece la sociedad.

Ofrecer un verdadero respaldo académico con profesionales de las diferentes especialidades, el asesoramiento en temas de su competencia como concesión de apoyos y adecuaciones a los currículos. Con la implementación de diseños del protocolo de atención, se podría garantizar la accesibilidad y asignar los apoyos necesarios al estudiante durante sus estudios universitarios.

Sin embargo, todo lo antes expuesto se hace difícil de comprender y de ejecutar si los llamados estadistas no se concientizan del derecho a estudiar para mejorar su calidad de vida, derecho que tiene todo ser humano.

Es un hecho comprobado que entre más educado y preparado es un pueblo, habrá menos desempleo, menos pobreza, menos delincuencia, menos deshonestidad, pero pareciera que un país tan pequeño, y con tanta riqueza natural, eso no es relevante, por el contrario, se aplauden los actos de corrupción y nepotismo, tanto así que son parte del día a día de los diferentes programas televisivos.

Solo queda la esperanza de que los nuevos gobernantes no solo incluyan en sus llamados planes de gobiernos este importante tema; por el contrario, que lo hagan cumplir, para que se pueda decir que hay una igualdad de oportunidades, en donde la sociedad, incluyendo el medio físico e intelectual, la vivienda, el transporte, los servicios sociales y sanitarios , las oportunidades de educación y trabajo, la información y la comunicación, la vida cultural y social, las instalaciones de recreación sean accesibles para todos.