El terreno que costó $12 mil pero que el Estado expropia por $11 millones

La Inmobiliaria Río Pisón S.A. compró un terreno de 96.68 hectáreas en el sector de El Progreso, La Chorrera, por $12 mil, sin embargo, el Estado terminará pagando $11.7 millones en concepto de una indemnización por la expropiación ordenada en 2021, debido a una ocupación irregular para establecer un asentamiento informal.

El lote fue adquirido el 11 de febrero del año 2000, pero cuatro meses después de la compra fue expropiado por orden del ministro de vivienda de aquel entonces, Miguel A. Cárdenas, bajo la administración de la expresidenta Mireya Moscoso (1999-2004), mediante el decreto ejecutivo No. 88 del 1 de junio del 2000.

En aquella ocasión “la ocupación precaria de tierras” que sufrió el terreno fue una de las razones detalladas para la expropiación de 16.95 hectáreas “con motivo de interés social urgente” a favor del Banco Hipotecario Nacional (BHN). Tras esa primera expropiación, el tamaño del lote se redujo a 76.73 hectáreas.

No obstante, el 28 de julio de 2004, cuatro años después de la primera expropiación en el terreno, la Inmobiliaria Río Pisón S.A. puso como garantía el terreno de La Chorrera en un fideicomiso con la Caja de Ahorros.

Como si fuera un presagio del futuro, la ocupación del terreno por personas que buscaban establecer un asentamiento informal fue la causante de otra expropiación en el año 2021, ordenada mediante el decreto ejecutivo No. 153 del 14 de septiembre de 2021, que firmaron el exministro de vivienda y ordenamiento territorial, Rogelio Paredes y el expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).

En esta ocasión, el Gobierno expropió a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) las 76 hectáreas restantes del terreno por motivos de “interés social urgente”, una vez más. De acuerdo a lo indicado por el actual ministro del Miviot, Jaime Jované, el estado tendrá que pagar una indemnización de $11.7 millones a Inmobiliaria Río Pisón S.A. por un terreno que costó originalmente $12 mil.

Justo el pasado 5 de diciembre, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $1.2 millones para que se pueda abonar al pago de la indemnización, en medio de críticas de algunos diputados de la Comisión.

Según informó el ministro Jované a los diputados, tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevaron a cabo la avaluación del terreno el 21 de octubre de 2021 y el 11 de noviembre de 2021 respectivamente; estimando un costo de entre $12 y $19 por metro cuadrado.

Sin embargo, se estima que el monto que pagará el Gobierno por la indemnización ronda los $15.39 por metro cuadrado, lo que resulta en un total de $11.696.400 por las 76 hectáreas.

Durante la sustentación del traslado de partida en la Asamblea, Jované indicó que para el pago de la indemnización el Gobierno Nacional asignó en el año 2022 una partida, pero se pidieron dos subsanaciones en junio de 2024, el último mes de la administración Cortizo; razón por la que el pago no se ejecutó.

Actualmente, el BHN figura como el dueño del terreno en el Registro Público y las familias que establecieron asentamientos informales en el área están a la espera de que se les otorgue el título de propiedad, algo que podría ocurrir una vez se resuelva el pago de la indemnización y se aclare el devenir del fideicomiso que mantiene al terreno, además, bajo el paraguas de la Caja de Ahorros.

En la sesión se dio a conocer que en concepto de indemnización por expropiaciones, el Estado mantiene cuentas pendientes por el orden de $58 millones. Diputados sugirieron al ministro Jované iniciar un proceso de auditoría con el nuevo contralor de la República, Anel ‘Bolo’ Flores sobre la situación particular del terreno de El Progreso, La Chorrera.