Donación de sangre en personas LGBT+, una obstáculo para salvar vidas

Para el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que las personas LGBT+ no puedan donar sangre es algo “retrógrado”, así lo expresó durante un conversatorio que la Defensoría del Pueblo organizó, hace algunos días.

La prohibición fue establecida hace más de 20 años, mediante la Resolución 374, del 7 de septiembre de 2001, y ha generado mucha crítica por parte de los integrantes de los colectivos gais en Panamá, debido a los estigmas que genera y a la gran necesidad de donantes que tiene nuestro país.

“En términos generales, Panamá apenas llega al 10 % de donación voluntaria”, señala Macarena de la Rubia, directora Ejecutiva de la Fundación Dona Vida, que busca incentivar la donación de sangre en nuestro territorio.

Aunque el trabajo de diversas fundaciones ha hecho posible que la donación voluntaria de sangre en Panamá aumente al 25%, en cuatro centros médicos (Instituto Oncológico Nacional, Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas), impulsar la donación voluntaria de sangre “sigue siendo la gran deuda”, alega de la Rubia, quien piensa que hace falta más educación y promoción para lograr un impulso programático y presupuestas.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, afirman que los donantes desangre hacen posible la transfusión de más de 10 millones de unidades de sangre anualmente.

Se trata de un proceso que dura cerca de 35 minutos y que puede salvarle la vida a cuatro personas, dado que se utiliza en trasplantes de órganos, tratamientos de personas con cáncer, mujeres que sufren hemorragia posparto, heridos por actos de violencia o accidentes de tránsito y otros escenarios.

Es por esto que han surgido iniciativas que buscan ampliar el marco de donantes que tenemos a nivel nacional, como el anteproyecto de Ley 172, del 18 de enero de 2023, que “elimina medidas discriminatorias para la donación de sangre en el territorio nacional”, una propuesta presentada por el diputado Gabriel Silva, que ha quedado estancada, sin grandes avances.

Otro intento para eliminar esta restricción vino por parte de la Defensoría del Pueblo. “Nosotros, en su momento, solicitamos que se modificara la norma, para que se deje de excluir a la población LGBT+, pues es una medida que data de las épocas en las que se pensaba que las personas gais eran sinónimo de VIH/Sida, algo que, aunque se da en personas homosexuales, también está presente en donantes heterosexuales”, asegura el funcionario.

“Ser LGBT+ no significa que seas más promiscuo, actualmente hay mucha población heterosexual que es promiscua”, añade el defensor del Pueblo.

Según de la Rubia, este estigma data de 1980, cuando se incrementaron los casos de VIH. “[En esa época] se dieron gran cantidad de casos de VIH y como medida de salud pública, se clasificaron en grupo a las personas que eran más propensas a adquirirla. Eso creó un estigma que permanece en el tiempo”.

En relación con esto, el diputado Silva plantea en su anteproyecto de ley que la tecnología para la detención de VIH en las personas ha avanzado mucho, desde 1980, pues en esas épocas era necesario hacer una prueba de reconocimiento con ocho semanas de antelación y, en durante esos años, se estimaba que la probabilidad de infección de VIH era de una en 153,123 unidades de sangre.

“Actualmente, más de 30 años después, los bancos de sangre cuentan con tecnologías mucho más avanzadas para la detección serológica, las cuales se acercan al 100% en sensibilidad y especificidad”, dijo el funcionario.

El avance en las pruebas de antígenos que existen en el presente hace posible diagnosticar el VIH de 18 a 45 días tras de la exposición y también hay pruebas de ácido nucleico que son capaces de detectar una infección de 10 a 33 días después de entrar en contacto con el virus.

A esto hay que sumarle que, antes de realizar una donación, se tiene estipulado realizar un hemograma completo al donante y una entrevista, para estar seguros de que no posee VIH.

Ana Karina Salermo, directora de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo, quien está a cargo de las denuncias relacionadas con discriminación de personas LGBT+, relató a los medios que el Ministerio de Salud ya abrió un expediente sobre la prohibición de donación de sangre, en personas gais. “El expediente fue abierto y se decretó que se vulneraron los derechos y el Minsa dijo que estaba dispuesto a modificar la norma”, garantiza Salermo.

Pese a esto, Salermo pide que la comunidad afectada esté pendiente de que se realice este cambio.

El problema, según Salermo, es que es necesario que haya unidad dentro de los colectivos que abogan por la eliminación de esta normativa, porque a veces se “encuentran muy dispersos”.

“En la unidad que yo lidero solo hemos recibido 15 quejas por discriminación LGBT+, este año”, revela la funcionaria, quien explica que las personas LGBT+ deben saber a dónde dirigir sus quejas, pues es la Unidad Especializada la que tiene la potestad de hacer algo al respecto y no otras organizaciones.

“Si no tenemos una data real de la vulneración que sufren las personas LGBT+ no podemos hacer nada, pues no podemos decirle al Estado que se creen políticas al respecto”, detalla Salermo.

Sobre este punto, Leblanc comenta que cuando les ha tocado presentar informes ante la Organización de las Naciones Unidas, sobre la discriminación que padecen las minorías en Panamá, muestren muy pocos datos, porque las personas no llegan a la Defensoría del Pueblo.

Para la directora Ejecutiva de Dona Vida, la actualización de las normas para la donación de sangre en territorio panameño “permitiría ampliar el círculo de posibles donantes, con el objetivo de tener abastecidas las neveras de los bancos de sangre de nuestros hospitales y ofrecer un suministro de sangre oportuno y seguro”, concluye la especialista.