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Doce imputados por la masacre de La Joyita
- 04/02/2020 00:00
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El fiscal superior de Delitos de Homicidio, David Mendoza, logró que el juez de Garantías, Eric Javier González, imputara cargos por homicidio agravado doloso y homicidio agravado en grado de tentativa (ya que algunas personas fallecieron y otras resultaron lesionadas), a una docena de presos del complejo La Joyita a raíz de la matanza ocurrida en ese centro penal el 17 de diciembre de 2019.
Ayer a las 10:08 de la mañana comenzó el primero de tres días de audiencias programados en las salas del Órgano Judicial situadas dentro del complejo carcelario que alberga La Nueva Joya, La Joya y La Joyita.
Uno a uno fueron ingresando los presos, todos vestidos con pantalón corto, chancletas, y la reglamentaria camiseta amarilla (excepto uno que cuenta con una medida cautelar periódica y no está privado de libertad). De los doce vinculados a proceso, previamente acusados por pandillerismo, el mayor tiene 44 años, cuatro están entre 20 y 30 años, y el resto entre 30 y 40 años. Solo uno está casado, cuatro están unidos ,y hay siete solteros. Uno de ellos respondió al juez que no sabía cuál era el nombre de su padre, cuando este preguntó sobre sus ancestros. Ninguno logró culminar los estudios secundarios; el que más lejos llegó fue a tercer año de secundaria, otro alcanzó sexto grado de primaria. Todos contaban con un defensor particular que los representó durante la audiencia.
La parte trasera de la sala estaba forrada de uniformados. Para esta audiencia se destinaron 20 agentes. Una vez que las partes se presentaron ante el juez de Garantías, Mendoza solicitó que se realizara de forma reservada en base a los artículos 20 y 362 del Código Penal que rigen sobre las excepciones del principio de publicidad, en aras de salvaguardar la integridad de las víctimas y familiares de los sobrevivientes de la masacre. Ninguno de los presentes se opuso a la solicitud, así que el juez ordenó a los medios desalojar la sala.
Durante la audiencia se dio a conocer la hipótesis de la fiscalía sobre cómo sucedieron los hechos. La misma está apoyada en la versión de tres testigos protegidos, análisis de criminalística, el informe de necropsia, entrevistas a los médicos que atendieron a los heridos, informes de planimetría y otros elementos que sustentan las acusaciones en contra de los sindicados.
El reto de la fiscalía es obtener información de lo que ocurrió dentro del pabellón 14 (que aloja a 569 internos), que carece de cámaras de monitoreo internas, y que además de los presos no parece haber otros testigos de los hechos hasta que transcurrieron aproximadamente dos horas después de que se desatara la balacera con armas de grueso calibre. En ese mundo en el que prima el código del silencio, en el que pocos hablan por temor a perder la vida o la de sus cercanos, se moverá la fiscalía para dar con los responsables.
El fiscal detalló que no todos los impactados por proyectil murieron a causa de los disparos, sino que la muerte fue ocasionada por las múltiples puñaladas que sufrieron, 20, 30 o 40 en ocasiones. Algo que la Medicina Forense denomina en inglés over killed, o “sobre asesinados”. “Algunos de los que fueron impactados por los proyectiles no necesariamente murieron a consecuencia de ello, sino por las lesiones con arma blanca”, dijo Mendoza.
No obstante, a pesar de la dificultad del caso, Mendoza se siente confiado en que logrará sacar a flote la verdad y los responsables de aquella masacre. Se recarga en las evidencias científicas y en los relatos recabados.
El fiscal comunicó que dentro de la causa no descarta la incorporación de otras personas.
Sin embargo, fuera de la sala hubo abogados de la defensa que dijeron que a pesar de que se trata de uno de los crímenes más horrendos ocurridos en el país, hacen falta evidencias científicas que vinculen a sus defendidos con este hecho, como la presencia de huellas dactilares en el arma homicida, por ejemplo. Entre otras, alegan que las pruebas científicas de detección de residuos de pólvora, aunque no se han dado a conocer los resultados de estos exámenes practicados a la ropa de algunos detenidos, las autoridades no las efectuaron en las manos de los sospechosos para saber quiénes accionaron el gatillo, “supuestamente porque ya habían transcurrido varias horas desde el hecho”, dijo uno de los abogados. En la charla informal que sostuvo uno de los defensores con este medio, este cuestionó el proceso de la cadena de custodia practicado a las evidencias recabadas, pero sin dar mayores detalles. Todas estas pruebas deben ser evaluadas más adelante por un tribunal durante la etapa del juicio.
La reyerta ocurrió entre miembros de un mismo grupo delincuencial que se fraccionó. Dicha ruptura y las fricciones entre ambas partes, que se originaron extramuros, provocaron los trágicos eventos. Mendoza dijo que el móvil de la matanza pudo responder a esta “fractura del grupo criminal, en la que una de las partes buscaba tener el control de la pandilla o para mantener la hegemonía de la misma, entre otras causas”.
La investigación que determinará cómo y quién asesinó a los 13 presos e hirió a 14, no necesariamente debe explicar cómo ingresaron las armas al penal, aunque esto ya es objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
La fiscalía solicitará una medida cautelar en contra de los detenidos. Aunque parezca una redundancia pedir una medida de detención preventiva para una persona que ya está en la cárcel por otro caso, podría suceder que durante el tiempo de investigación alguno de los acusados se beneficie con una medida de libertad condicional por el caso que lo tiene preso. No obstante, si la fiscalía solicita su detención, no podrá pesar a su favor la medida cautelar. De hecho, esa es la situación de uno de los acusados. Recibió una medida cautelar por el caso que lo mantenía en prisión y ahora podría volver a la cárcel si la fiscalía solicita la detención preventiva.
La fiscalía estableció una acusación global para todos los imputados, hecho que atacará la defensa como estrategia. Piden que se desglose la responsabilidad que le cabe a cada uno. En palabras cortas: que el fiscal señale quién mató o hirió a quién, o cuál fue el rol que jugó cada uno en este sangriento hecho.
En este sentido, Mendoza explicó que desde ayer arrancó la etapa de investigación del caso y que aún cuenta con el plazo legal, o quizá más en caso de ser necesario solicitar “causa compleja”, para poder detallar los hechos.