Diputados, decididos a modificar el Reglamento Interno de la Asamblea

Cuatro anteproyectos de leyes con miras a modificar el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional fueron presentados en la primera semana del primer periodo ordinario de sesiones, por diputados de diversas bancadas legislativas, lo que parece un intento de reformar de una vez por todas las normas que rigen este órgano del Estado.

Las últimas reformas al Reglamento Interno se dieron hace 14 años y el último intento por reformarlo se dio durante el quinquenio pasado con un anteproyecto base presentado por el entonces diputado Juan Diego Vásquez, al cual se le unificaron otras iniciativas, pero fueron engavetados..

Esta vez los diputados José Pérez Barboni; del Movimiento Otro Camino (Moca), Alexandra Brenes; de la bancada independiente Vamos, José Luis “Popi” Varela; del Partido Panameñista y el diputado Luis Eduardo Camacho; del oficialista Realizando Metas (RM), presentaron, por separado, sus propuestas de reformas.

Tres de las propuestas abarcan cambios diversos, numerosos y profundos y una de ellas, la del diputado Camacho solo está enfocada a extender el periodo de intervención de los diputados en los debates.

Camacho, aunque no se niega a que la Asamblea entre a debatir futuros cambios al Reglamento Interno, considera que hay otros temas más importantes que discutir. Pero qué plantean las propuestas de los diputados para modificar el Reglamento Interno.

La propuesta del diputado José Pérez Barboni incluye 20 ajustes o artículos nuevos al reglamento, uno de ellos busca eliminar toda referencia al voto secreto. Para Barboni no existe razón para que la ciudadanía y los partidos políticos no puedan saber que decisión toman sus representados.

“El mecanismo del voto secreto impide la fiscalización sobre el actuar de los diputados. Todos los votos deberán ser públicos”, indica.

También propone que el diputado que no va a trabajar no cobre su salario por los días que se ausentó sin haber habilitado previamente a su suplente, ya que actualmente no hay sanciones para los diputados que falten a su trabajo legislativo tanto en las comisiones como en el pleno. “Esta regulación actual otorga un privilegio a los diputados sobre cualquier servidor público y trabajadores de la empresa privada”, agrega.

Además sugiere eliminar las prerrogativas funcionales a los diputados tales como la importación de autos exonerados de impuestos, la franquicia postal y telefónica.

Plantea establecer que todas las sesiones de las comisiones, incluida la comisión del presupuesto, se realicen a puertas abiertas. “No existe lógica para que la discusión del traslado de partidas o del debate del presupuesto del estado deba ser secreto. Es precisamente, con los dineros públicos donde más se debe ser transparente”.

De igual manera, pide hacer obligatorio que se publique la declaración de estado patrimonial y la declaración jurada de intereses particulares de los diputados y las diputadas, las cuales asegura, no deben ser de acceso restringido sino todo lo contrario.

Para la diputada Alexandra Brenes, en un parlamento como el escogido por la ciudadanía el pasado 5 de mayo de 2024, es un reclamo invencible de la ciudadanía que avance y se proteja una nueva forma de hacer política. En tal sentido, indicó que la Asamblea, siendo el primer órgano del Estado tiene un inequívoco deber de promover la mayor participación ciudadana posible, transparencia en la gestión, celeridad en los procesos, y una demostración ejemplar de austeridad de los recursos del Estado.

Sus propuestas incluyen pedir al presidente de la República al inicio de cada legislatura en enero, un informe anual sobre sus logros, políticas públicas y programas, economía y finanzas, seguridad, educación y salud, desarrollo social, relaciones internacionales, medio ambiente y otros temas de relevancia nacional.

También sugiere que al finalizar su gestión, el presidente de la Asamblea obligatoriamente rinda ante el pleno un informe que deberá contener de manera mínima y no excluyente, el manejo de la planilla de la Asamblea, los logros alcanzados, leyes sancionadas; entre otros.

Además, los presidentes de las comisiones de trabajo, deben rendir un informe de lo que hace la comisión que presiden; la no presentación del mismo acarreará la retención de su salario hasta que este sea presentado.

Brenes también propone que las reuniones de las comisiones sean públicas y que el presidente de las mismas garantice el libre acceso a cualquier documento de los expedientes en poder de sus respectivas instancias legislativas.

Su anteproyecto responsabiliza al Secretario General de la Asamblea a aplicar los respectivos descuentos de salarios a los diputados que se ausenten de las sesión plenaria, cuando este no haya solicitado licencia. Este descuento será lo proporcional a un día de labores. El incumplimiento de este ejercicio conlleva como primera sanción una multa correspondiente a un mes de salario. Luego de aplicada la primera sanción y continuar con el incumplimiento, se le colocará una multa correspondiente al doble de su salario.

La propuesta del diputado José Luis Varela, obliga a la directiva de la Asamblea Nacional a publicar todas sus planillas con datos exactos del nombre, cédula, salario y oficina o despacho que este asignado; además prohíbe a los diputados nombrar personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Propone reducir el número de comisiones de 15 a 10 y se aumenta el número de sus miembros de 9 a 15 (presupuesto se mantiene en 15).

De igual manera, recomienda que los miembros de la junta directiva de las comisiones solo puedan reelegirse en el cargo por una (1) sola vez y que las sesiones de la Asamblea no se puedan llevar a cabo entre las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m., “para evitar los famosos madrugonazos”.

El anteproyecto permite la presentación de leyes por la ciudadanía al Departamento de Participación Ciudadana por correo electrónico y que las leyes en primer debate por obligación deban ser consultadas con la sociedad civil y gremios interesados y ser avisados con 72 horas de anticipación. Después de aprobado en primer debate los que participaron con anterioridad podrán exponer su posición antes de ser enviado a segundo debate.

En tanto, cuando un funcionario es citado al pleno, si la sesión se termina ya sea por tiempo, falta de quorum o cualquier otra táctica legislativa, el funcionario citado deberá volver al pleno al día siguiente consecutivamente hasta que termine con el propósito de la citación.

Varela también recomienda reducir dentro de la Asamblea, la contratación pública sin acto público de $50,000 a $25,000 y que los diputados sean civilmente responsables por su participación en el periodo de incidencias.

La propuesta de Camacho, de tan solo 3 artículos modifica el artículo 173 de Reglamento Interno para que se aumente el tiempo de intervención de los diputados en los debates.

La norma actual fija un tiempo de treinta minutos en la primera intervención de los diputados en la discusión de la integralidad del proyecto de ley y treinta minutos más, cuando está en lista para la segunda vuelta.

Camacho en tal sentido, propone ampliar este tiempo, a una hora en la primera intervención y treinta minutos para la segunda intervención.

“Reiteradamente hemos sido testigos que proyectos de leyes sumamente importantes no son discutidos con el rigor y la amplitud que exige el tema en discusión o debate, lo que al final conduce a que queden vacíos profundos o serios visos de inconstitucionalidad, cuyo destino es que el presidente de la República haga uso de su facultad de veto constitucional o el proyecto aprobado no abarque la finalidad que pretendía tutelar mediante ley”, argumentó Camacho.