PANAMÁ. Los miembros de la etnia Naso-Teribe residentes en las comunidades de San San Druy en Bocas del Toro, quienes se encuentran desde el viernes pasado alojados en la Plaza Catedral como protesta al desalojo forzado que sufrieron en sus propiedades, lograron finalmente que alguien los escuche, aunque todavía queda por delante ganar la lucha en una mesa de diálogo.
Luego de que el martes pasado las señoras Arlenis Nersis y Sheila Tobal decidieron iniciar una huelga de hambre para presionar y ser atendidos por miembros del gobierno, ayer, funcionario de la Defensoría del Pueblo acudieron al lugar para mediar una solución.
El acuerdo que se logró para levantar la huelga de hambre fue que el ombudsman, Ricardo Julio Vargas, propiciara una mesa de diálogo en la que participarán el ministro de la Presidencia, Rafael Mezquita y el viceministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía, por parte del Gobierno.
Además, deberán participar también en la negociación representantes de las Naciones Unidas, de la comunidad de San San Druy y de la empresa Ganadera Bocas S.A., denunciada por lo indígenas de estar haciendo los desalojos en conjunto a autoridades bocatoreñas.
El encuentro fue fijado para mañana viernes, 24 de abril, a las 10:00 de la mañana, en la Sede de la Defensoría del Pueblo, en Calle 50.
Desde el pasado viernes los nasos residentes de la comunidad de San San Druy se trasladaron desde Bocas del Toro a la Plaza Catedral, a pocos metros de la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a fin de que las autoridades los atendieran debido al lanzamiento de 17 familias, 150 adultos y 65 niños, de los terrenos que según la empresa Ganadera Bocas S.A. le pertenecen.
Este grupo indígena también cuenta con el apoyo de la etnia ngöbe. Según uno de sus representantes, Alberto Montezuma “ellos son víctimas del despojo y el maltrato. Esto involucra a todos los grupos indígenas del país”.
No obstante, serias acusaciones lanzó el martes el directorio nacional del Frenadeso en contra del propietario de la empresa Ganadera Bocas, S.A., Mario Guardia a quien acusan de estar implicado en un supuesto caso de estafa a la Lotería Nacional a través de su empresa Unisys. También es propietario de la empresa Transporte y Equipos, S.A. (TESA) y es señalado por el Frenadeso como presunto protegido del presidente de la República Martín Torrijos.
En una resolución el Frente sostiene que la empresa Ganadera Bocas, S.A. y Empresa Pública de Medellín, intentan despojar al pueblo naso de tierras que forman parte de la Comarca Naso Jër-Di por la cual vienen luchando desde hace más de 38 años, encabezado por su autoridad legítima, el Rey Valentín Medina.
De acuerdo con el pronunciamiento del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), deben respetarse los derechos de la comarca y expulsar a las empresas invasoras.
Igualmente, el gremio anuncia que elevará el caso ante las instancias que velan por los derechos humanos. Se demandará una justa indemnización a las familias afectadas y atención inmediata a los niños que sufren traumas por la agresión de la Policía ordenada por autoridades que responden a la empresa Ganadera Bocas.
