Críticas por cambios al sector eléctrico

En materia energética hay dos hechos relevantes sobre el tapete. El primero radica en los cambios a la Ley 6 de 1997 que dicta el marco regulatorio para la prestación del servicio de electricidad. Las modificaciones a la legislación buscan mejorar la calidad del servicio de distribución eléctrica y “democratizar la contratación”. Ayer fue aprobada en primer debate de forma unánime por los diputados que conforman la comisión. Se trata de un tema sensitivo, pues muchos sectores afirman que requiere de una discusión amplia, sin sobresaltos, y en la que participen todos los actores involucrados, como ocurrió en un inicio, y no un debate en medio de un periodo electoral.

El segundo asunto es el pliego de condiciones que emitió la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) para la compra de energía y potencia renovable a 20 años. Ambas situaciones de gran envergadura se efectúan a tan solo tres semanas de las elecciones presidenciales, algo que no le suena muy bien al sector empresarial y a entendidos en la materia, quienes se oponen a los tiempos en que se ejecutan ambos casos.

Ayer el presidente de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Roberto Ábrego, señaló que las modificaciones a 42 artículos del proyecto de ley 1119 se aprobaron de manera unánime. También indicó, a pesar de cerrar el primer debate, que se abre un compás para que los agentes económicos y sectores afectados puedan hacer aportes en segundo debate, cuando lo usual es que este tipo de consideraciones se hagan en el primer debate. “Se trata de una labor dirigida a lograr la calidad del servicio, tarifas razonables y una fiscalización de lo que se consume y se produce, además de observar otras distorsiones”, dijo el presidente de la comisión.

Pero no convenció mucho al representante del sindicato de energía, quien alegó que entre los cambios se incluyen nuevas figuras del mercado, como la de almacenador, un nuevo elemento en la cadena de energía que también deberá ser regulado por la Autoridad de Servicios Públicos (Asep). Además, dijo: “Lo que se discute es para el negocio de quienes han estado en la causa, pero no atienden las necesidades de la población”.

Si bien las modificaciones apuntan a legislar la calidad, “el precio se define en las licitaciones, no en la ley”, aclaró una persona vinculada al sector que solicitó anonimato. En realidad, opinó, “el regulador cuenta con suficientes herramientas para exigir a las distribuidoras que hagan las mejoras necesarias. Es cierto que hay que hacer una actualización de la ley, pero debe ser tomada a profundidad y no en medio de un periodo electoral”.

En este mismo tono se pronunció la Cámara de Comercio sobre la discusión. En una nota dirigida a Ábrego, solicitó la suspensión del proyecto que impacta toda la vida económica del país, así como la política y social que busca un servicio eficiente y continuo de energía eléctrica a menos de un mes de que cambie el gobierno. “Este momento no es oportuno adicionar un factor tan delicado a la agenda nacional, en donde las fuerzas políticas se encuentran abocadas a un complejo torneo electoral, haciendo inviable las adecuadas y amplias consultas”, se lee en la nota.

Otro en desacuerdo con la forma fue Juan Urriola, exsecretario de Energía, consultado por este medio, quien a pesar de estar de acuerdo con la necesidad de revisar la ley para actualizarla, “no deben hacerlo como lo están haciendo”, dijo. Añadió: “Citan a pocas empresas para que participen, a pesar de que el primer debate debe ser un proceso en el que participen todos los sectores”. Urriola mencionó que para estas consideraciones se “reunieron la Asep y la Secretaría de Energía con dos o tres empresas grandes”.

En el segundo caso, la compra de energía renovable con caducidad en 2046, los consultados para este artículo se preguntan cuál es el apuro de emitir un contrato a días de salir del gobierno, pues la apertura de sobres está programada para el 27 junio y la publicación de la adjudicación para el 31 de julio. Tampoco se entiende por qué este es el momento de hacer la licitación, si el primer contrato de generación iniciaría en 2026 con 200 MW, luego en 2028 con 250 MW, y en 2029 con 500 MW. Consultamos a Etesa, pero al cierre de esta edición aún no había enviado la respuesta a un cuestionario de La Estrella de Panamá.

No ven sentido en amarrar una tarifa a 20 años, especialmente en el caso de la generación de energía solar, una tecnología que avanza a pasos agigantados y asimismo apunta a una reducción de las tarifas con los años. “Nos amarran a un contrato a 20 años, cuando en 5 años se puede bajar el precio”, indicó una fuente relacionada al sector. Si bien los entrevistados aplauden los contratos de energía renovable, aseguran que deben ser más cortos, “seguramente habrá muchos oferentes” para cuando se planteen nuevas licitaciones, añadió esta persona. Otra idea es revisar el precio ofertado en 5 años, o un periodo más corto, para ponerlo a tono con el mercado.

Urriola describe que a raíz de los tiempos, “muchos especuladores han metido solicitud para generación eólica sin un centavo en el bolsillo”. Las declaraciones de Urriola ilustran un panorama de especulación, ya que agregó que quienes cuentan con la licencia, o están a punto de finalizar el trámite, la venden. “Quienes entran al mercado tienen que comprar ese pedazo de papel para participar sin saber si van a ganar el contrato. Son consecuencias de esta improvisación. No veo la necesidad”, zanjó.