Contraloría audita contrato disuelto por la Procuraduría

La Contraloría General de la República ha ordenado una auditoría a una licitación realizada en 2017 para la impermeabilización y aislamiento térmico-acústico de la losa de azotea, así como la impermeabilización del techo de teja del gazebo del edificio sede de la Procuraduría de la Administración. La notificación de la auditoría se emitió el 10 de abril de 2024.

La licitación en cuestión derivó en el contrato 016-2017, que fue adjudicado a la empresa BCN Distribución Inc.

Sin embargo, en 2018, la Procuraduría de la Nación, dirigida por Rigoerto González, decidió disolver el contrato por la vía administrativa, citando incumplimientos por parte de la empresa contratista.

La decisión de disolución del contrato, según documentos publicados en PanamaCompra, fue motivada por el incumplimiento de los términos acordados.

La orden de proceder se emitió el 12 de junio de 2017, con un plazo inicial de finalización el 27 de julio del mismo año.

No obstante, la empresa solicitó una prórroga de 216 días adicionales, alegando que las constantes lluvias habían retrasado significativamente los trabajos. Esta solicitud fue aceptada mediante una adenda que extendió el plazo hasta el 26 de febrero de 2018. A pesar de esta extensión, la empresa no cumplió con los objetivos contractuales, lo que llevó a la Procuraduría a resolver administrativamente el contrato.

Como resultado, la Contraloría ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva, revisando toda la documentación relacionada con la licitación y solicitando información a varios departamentos dentro de la Procuraduría de la Administración, incluidos la Secretaría Administrativa, Servicios Generales, Asesoría Legal, Auditoría Interna y Planificación.

“La Procuraduría de la Administración en todo momento ha facilitado y colaborado con lo dispuesto por la Contraloría General de la República”, se informó por parte de la entidad.

La Procuraduría de la Administración ha señalado que debido a los daños causados a la losa del edificio sede, derivados de la mala práctica de la empresa durante la ejecución de los trabajos, la entidad incurrió en un gasto no previsto de $21,878. El contrato original, destinado a la impermeabilización de la losa, tenía un valor de $32,000, según la licitación publicada en PanamaCompra.

El caso fue llevado ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, que en octubre de 2018 confirmó la resolución de disolver administrativamente el contrato. Sin embargo, el Tribunal modificó la sanción de inhabilitación de la empresa, reduciendo el periodo de seis a tres meses.

Una vez que la Contraloría General de la República concluya la auditoría, la Procuraduría de la Administración informará sobre los resultados obtenidos, según lo anunciado por la entidad.