Concluye audiencia del caso 'New Business'

La jueza Baloisa Marquínez se acogió a los 30 días que le otorga la ley para dictar sentencia absolutoria o condenatoria contra los procesados por blanqueo de capitales en la trama conocida como New Business, relacionada con la compra de la Editora Panamá América (Epasa).

A las 2:35 de la tarde de este viernes terminó la audiencia con el alegato del último abogado defensor, y la jueza Marquínez explicó que está a la espera de los resultados de una práctica de pruebas y que, además, se deberán transcribir los nueve días de audiencia para emitir su sentencia.

Cinco abogados defensores sustentaron sus alegatos ayer y, al igual que el resto, solicitaron una sentencia absolutoria para sus representados: Nicolás y José Corcione, Aaron Mizrachi, Iván Clare, Vernon Salazar e Iván Arrocha.

Rodolfo Palma, quien representó a los hermanos Corcione, explicó que el millón de dólares que salió de la cuenta del Grupo Clío para New Business era una inversión de su cliente en Epasa.

Ricardo Martinelli invitó a Nicolás Corcione a convertirse en socio de la editora en 2010 y este accedió para diversificar sus negocios, sostuvo Palma. Corcione lo hizo a través del Grupo Clío, que le pertenece “netamente”. Posteriormente, explicó el abogado, le exigió la devolución de los fondos porque no había recibido las acciones.

Después de muchos intentos, en 2013 Martinelli le devolvió la inversión entre cheques personales (por un monto de $800 mil) y $200 mil) y un contrato de cesión de utilidades del proyecto Bahía. “No hubo utilidad ni beneficio en esta inversión”, concluyó el defensor.

Palma pidió al juez una sentencia absolutoria, el levantamiento de las medidas cautelares contra sus clientes, de las fianzas de excarcelación y de algunos bienes.

De la transferencia de $1,9 millón de la cuenta de High Spirit, que autorizó Iván Clare, fundador de la extinta casa de valores Financial Pacific a Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Martinelli, Abril Arosemena dijo que el caso contra su cliente está prescrito desde 2018.

Arosemena se refería a una transferencia de Aaron Mizrachi que supuestamente se usó para comprar acciones de la editora. La abogada agregó que la ley de valores obligaba a su cliente, como gerente de la casa de valores, a transferir el dinero ordenado por el cliente.

Por último, la abogada dijo que existía una comunidad de personas que laboraban en la casa de valores y que el último eslabón de la cadena era su cliente. Sin embargo, ninguna de esas personas había sido convocada al juicio. ¿Dónde está la persona que atendía al cliente y la oficial de la cuenta de High Spirit?, reclamó Arosemena en sus alegatos.

Basilio González, abogado de Aaron Mizrachi, aseguró que la fiscalía no tiene argumentos para probar que el dinero de Mizrachi proviene de “fuentes ilícitas”. Su cliente, dijo, invirtió en New Business y eso no es un delito, por lo que pidió su absolución.

Willian Parodí, defensor de Vernon Salazar, quien está imputado por su relación con la sociedad Condotte Panamá & Asociados, una sociedad que se adjudicó los proyectos de la  Ciudad Deportiva de Colón y David, y que realizó aportes para cancelar un préstamo de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros para la compra de Epasa, explicó que su cliente era un director nominal, sin mayor responsabilidad. Además, aseguró, que no tenía potestad de transferir dinero.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado argumentó que para la compra de Epasa los acusados usaron una red de testaferros y pactaron adendas ficticias de contratos estatales para recolectar los fondos.

Ese dinero fue desviado a través de distintas sociedades y llegó en solo dos semanas a una cuenta canasta denominada New Business en el Global Bank, y en diciembre de 2010 se adquirieron las acciones del medio de comunicación por $43,9 millones.

La fiscalía, representada por Emeldo Márquez y Uris Vargas, pidió la pena máxima –que es de 18 años– para 13 personas, incluyendo a Martinelli, y absolución para otros dos procesados: Jack y Salomón Btesh.

Además, pidió el decomiso de más de 20 cuentas bancarias, cheques y plazos fijos que están relacionados con las personas investigadas.

En este caso también están procesados David y Dina Ochy e Isabella y Pía Tolomei. El primero no fue incluido en la audiencia por mantener un fuero electoral penal por su candidatura en las primarias de Realizando Metas –que fue levantado esta semana por el Tribunal Electoral–, y las tres personas restantes están prófugas de la justicia.