Compra accionaria, la opción para nacionalizar el negocio de Mi Bus

Mi Bus no desaparecerá. Lo ha dejado saber el propio presidente de la República. Las proyecciones del Gobierno apuntan a que el Estado será el nuevo dueño de la controversial operadora del metrobús, opción que entierra las posibilidades de una recisión o de rescate administrativo.

Después de cuatro años de ensayos y errores, la administración de Juan Carlos Varela analiza cuánto deberían pagar los panameños por nacionalizar la empresa de transporte masivo, que será administrada por Metro, S.A.

Conocedores del tema aseguran que la compra rondaría los $400 millones, aunque el abogado Víctor Martínez cuestiona la posibilidad de que los actuales dueños reciban ese monto por un negocio en el que ‘no pusieron un real’.

‘Es una exageración, porque esto fue pagado por todos nosotros’, insistió, al recordar que el Estado pagó a Mi Bus $264 millones por empezar a operar, más —según el ministro Dulcidio de la Guardia— $140 millones anuales en subsidios.

El gobierno también pagó $49 millones a Mi Bus por mejoras a dos patios.

En 2011, además, la Contraloría aprobó la segunda adenda a la concesión 21-10, del metrobús, por el cual el Estado daba a la operadora un fideicomiso de $246 millones como garantía para sus operaciones bancarias.

La opción de compra se antepone a otras dos que implicarían pagar a los actuales accionistas de Mi Bus su inversión inicial más toda su ganancia hasta 2025, cuando terminaba la concesión (ganancia estimada en $2,000 millones).

La adquisición de acciones tomaría como referencia lo que vale cada título, aunque su costo, asegura el abogado Ernesto Cedeño, debería determinarse en base a auditorías del Ministerio de Economía y la Contraloría.

Cedeño es creyente de que una compra es, al final, un rescate ‘encubierto’, y sostiene que la oficina de Proyecciones Económicas de la Contraloría debería determinar si Mi Bus ‘está en auge o declive’, y así verificar si su precio de venta corresponde con la realidad.

Este tipo de transacción está contemplada en el numeral 24 de la concesión 21-10, y sólo obliga a dar preaviso a la Autoridad del Tránsito, que puede negar la operación .

El expresidente Ricardo Martinelli reconoció en TVN que su gobierno erró con ese contrato, porque Mi Bus no cumplió.

Martínez le rebate: fue ‘su gobierno el que debió rescindir la concesión, y no lo hizo’.