El caro sueño de ser Presidente en Panamá

Soñar no cuesta nada, pero para llegar al Palacio de las Garzas –el edificio donde se aloja la Presidencia panameña– no basta con soñar. Hay que gastar dinero, o invertir, dirán algunos. Y mucho.

Las elecciones en Panamá son 'posiblemente' las más caras de la región. Datos del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) así lo ilustran. Cada voto en las elecciones de 2014 costó $31, tomando en cuenta solo el financiamiento privado y el monto gastado en las campañas presidenciales.

Adicionando el subsidio estatal que inyecta el Estado a través del Tribunal Electoral, y lo gastado en campañas para diputados, alcaldes y representantes, los números se disparan.

En el quinquenio anterior, en 2009, el costo por voto fue de $15.60, según datos del Cieps. En solo cinco años se hizo tan apetecible donar a campañas electorales, que en las próximas –las de 2014– se dobló el aporte privado.

En las pasadas elecciones de mayo de 2019, en cambio, se dio un giro de 180 grados. Tras las restricciones aprobadas en las reformas electorales de 2017, donde se pusieron topes a la donación privada y se acortó sustancialmente el tiempo de campaña, cada voto se computó por $6.80 como referencia del financiamiento privado. Y según el politólogo Harry Brown, director del Cieps, con ese monto volvimos a lo que costaba en 1999.

Hay que contemplar el aporte que hace el Estado a través del Tribunal Electoral para tener un estimado más certero. En los comicios pasados, por ejemplo, el Estado destinó un poco más de $91.68 millones a las elecciones generales para escoger 861 cargos de elección popular, entre ellos los 71 diputados, 81 alcaldes, 679 representantes, 9 concejales, 20 diputados del Parlacen y el Presidente de la República.

La mitad de este monto se entregó como subsidio antes de las elecciones a los partidos políticos, y la otra mitad como subsidio postelectoral tanto a los partidos políticos como a los candidatos por la libre postulación que consiguieron la cantidad de votos requerida. El monto preelectoral que el TE calcula para los candidatos por la libre postulación se basa en las firmas que recolectaron para concretar su candidatura, siendo menor tanto en monto como en porcentaje en comparación con el subsidio que reciben los candidatos registrados bajo el paraguas de un partido político.

Teniendo en cuenta el subsidio preelectoral y el padrón de las pasadas elecciones, que ascendió a 2,757,823 electores, el Estado aportó otros $16 dólares adicionales por cada panameño, incluyendo a aquellos que no votaron.

Aunque sea debatible que las campañas deben ser financiadas 100% con aporte estatal –como en México– es importante que las elecciones no sean costosas para que sean más incluyentes y haya más actores políticos. “Para que la democracia sea más democrática”, plantea el politólogo.

Los cálculos del Cieps dan cuenta de un aporte privado que se tradujo en $31 dólares por cada voto emitido para presidente. Este monto fue el doble de lo aportado en 2009 y mucho más alto que las elecciones pasadas.

El escenario planteaba un país en franco crecimiento, el Canal de Panamá en plena ampliación e inversiones estatales en proyectos de construcción que rebasaban la capacidad contable de cualquier país en vías de desarrollo. Con modalidades nuevas como 'llave en mano', las obras se convirtieron en la carta de presentación para el partido gobernante –en ese momento, Cambio Democrático de Ricardo Martinelli–, que aspiraba a continuar en el poder a través de la fórmula política de José Domingo Arias (su ministro de Vivienda) como presidente, y su esposa como vicepresidenta.

La región también pasaba por una bonanza política inyectada con fondos privados que se canalizaron a través de donaciones privadas. Era la década política de Odebrecht, cuando las donaciones salían –en coimas o en especie– del departamento de operaciones estructuradas de la constructora brasileña. Una inversión que los países le retornaban con la adjudicación de obras estatales.

Aún con el monto invertido por la dupla oficial, las elecciones de ese año las ganó el panameñista y exvicepresidente de Martinelli, Juan Carlos Varela.

El financiamiento estatal es otra disyuntiva que enfrentará la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), que fue instalada a principios de año pero que está suspendida por la crisis sanitaria del coronavirus. Allí se discutirá nuevamente sobre el financiamiento privado y sus controles, algo que siempre puede ser un vehículo para dinero sucio y tráfico de influencias.

El magistrado del TE, Alfredo Juncá, en entrevista previa con este medio, dijo que “mientras menos dinero por debajo de la mesa pase, tanto mejor”, pero también hizo énfasis en lo difícil que es para el Estado fiscalizar al 100% las donaciones privadas. “Hay que encontrar la fórmula para detectar a los candidatos que invirtieron más de lo que declararon”, apuntó.

Sobre los topes al financiamiento privado, el magistrado dijo que aún no está claro si los topes son lo que compete. “La idea es que el tope sea el justo para llevar adelante campañas mas económicas, pero con igualdad de condiciones”.

Una igualdad de la que carece la oferta electoral en el país. La paridad de género y la diversidad de corrientes ideológicas son aún una tarea pendiente. Y aunque por primera vez en la historia, cinco diputados que corrieron por la vía independiente llegaron a la Asamblea, el recorrido para un candidato a presidente que no esté respaldado por la maquinaria de un partido político es bastante espinoso.

Y es que, analiza el excandidato presidencial y economista Juan Jované, el peso de los cambios recae en quien domina la CNRE y quien domina la Asamblea. Primero tendrían que lograr ganar que la reforma pase por la CNRE, “que está dominada por los partidos políticos”.Y que lo que salga de allí se apruebe luego en una Asamblea que también dominan los partidos, plantea. La partidocracia se alimenta a sí misma primero.

Otro factor para cerrar o no la llave del financiamiento privado es que con la crisis económica que se avecina, el Estado tendría que optimizar sus recursos. Pero, retomando la teoría del polítologo Harry Brown, si el financiamiento va a ser solo público, hay que exigirles a los candidatos objetivos específicos, tanto a los de libre postulación como a los de partidos políticos. El financiamiento público no puede ser utilizado para “alimentar redes clientelares y proyectos personalistas ni para discriminar a las mujeres ni a ningún grupo”, plantea.

Una vez culmine la crisis, debe reactivarse la CNRE para sentar las bases sobre las cuales jugarán los actores políticos en las próximas elecciones de 2024.

No basta con ser panameño por nacimiento y tener más de 35 años. Y además de mucho dinero –o donantes– también se requiere exposición mediática y campañas que apelen a la emoción más que a la razón.

“Mientras no sea el candidato oficial y tenga suficiente mercadeo para alojarse en el inconsciente del electorado, que al final vota por emoción y no por razón”, reflexiona Jované.