Carlos Lee:'Tenemos una justicia intervenida'

La vida profesional de Carlos Lee ha estado vinculada a la educación popular, a la organización de talleres y seminarios con grupos campesinos para transferir habilidades y conocimientos que los hiciera capaces de luchar por sus derechos.

Se trata de un hombre creyente, conmovido por los grupos desfavorecidos y vulnerables, como los refugiados y migrantes, a quienes ha dedicado gran parte de su tiempo al brindarles ayuda para regularizar su estatus migratorio y para que reciban la debida protección como tales.

Y es que se trata de un panameño con gran sensibilidad social, soñador e idealista, comprometido con la justicia, la democracia y respeto de los derechos humanos.

Perteneció al grupo estudiantil Vanguardia Popular, integrado por valientes universitarios que participaron en la lucha por el rescate de la soberanía y la preservación de la nacionalidad.

En ese tiempo, cuando se iban a debatir los Tratados Torrijos Carter (1977) los estudiantes entendieron la necesidad de convertir a la Universidad de Panamá en la “caja de resonancia” de las múltiples ideas. El objetivo, el propósito, fue el control del Centro de Estudiantes de Derecho, porque en ese momento era el ente de lo que el doctor César Quintero denominaba “el factor real de poder” que impulsaba la mayor parte del movimiento estudiantil universitario.

Ahí estaba el entonces joven Lee, siempre portando la bandera panameña. Su testimonio de lucha acaba de ser publicado en el libro “Estados Unidos y Panamá. Neutralidad: Tarea pendiente”.

Creció en una familia de firmes convicciones religiosas, de tal manera que influyó mucho la práctica de la religión que le acompañó en todo su proceso personal. En el período de la juventud fue un activista de los movimientos juveniles de la parroquia en los años de las transformaciones de la Iglesia, tiempo en el que sacerdotes se convirtieron en ejemplo para los jóvenes como Camilo Torres, que se revela contra la injusticia y se compromete con las luchas de los pueblos por su liberación, y Héctor Gallego, un mártir que perdió la vida en defensa de los campesinos de la montañas de Santa Fe de Veraguas.

Lee también habla del Panamá que tenemos y que quisiéramos tener, donde, de acuerdo con sus palabras, los valores de equidad, justicia, y el respeto a la vida, sean el fundamento de la organización social y política.

Hay dos factores que inciden en la conducta social o colectiva, uno es de carácter más íntimo que hace referencia a la educación más importante que los seres humanos deben recibir. Me refiero a la educación de la familia. La familia es la institución responsable de educar en  valores, principios, aspiraciones y prioridades, comprender abstracciones y entender conceptos en la vida de todos los individuos. Desde los años 60 la institución familiar ha venido  sufriendo un franco deterioro, pues se le ha desplazado de su principal responsabilidad en la educación de la humanidad. El otro factor es la socialización que tiene que ver con la relación de las personas con la sociedad más compleja, esto se lograba a través de la intervención de la educación formal asumida por la institución educativa, que también está atravesando una crisis y también ha sido desplazada. Esa formación básica, tanto de la familia como de la escuela, ha  sido sustituida por la aparición de la imagen de la televisión. El homo sapiens ha sido sustituido por el homo videns: la sociedad teledirigida que bien desarrolla Giovanni Santori.  En este cambio podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Preocuparse y luchar por conceptos abstracto como “los intereses del país”, requiere de personas que hayan desarrollado y aprendido valores y principios, capaces de comprender abstracciones y entender conceptos como patria, país, colectividad, bien común, justicia, libertad, respeto, dignidad, democracia, entre otros. 

La principal responsabilidad de que los jóvenes desconozcan la historia, tiene que ver con un modelo de educación formal que ha desenfocado su objetivo. No se trata de transmitir respuestas que otros han dado, sino de capacitar a las personas desde la lógica de la pregunta para que sean capaces de dar sus propias respuestas. Una educación que fomente la creatividad, que desde una conducta crítica, promueva hombres y mujeres responsables de crear las condiciones óptimas para el “bien vivir”. Conocer la historia es más que aprender de memoria fechas, acontecimientos y personajes que vivieron en otros momentos y en otras circunstancias diferentes y que no tienen nada que ver con la realidad actual que nos toca vivir y en la que debemos buscar las respuestas adecuadas para lograr una vida digna. Diría que los jóvenes “conocen los datos de la historia”, lo que no saben es para qué sirve conocer esos datos, qué aporte tiene para resolver hoy nuestra vida.  Este es el giro que debe dar la educación formal: pasar de la pedagogía de la respuesta, a la pedagogía de la pregunta.

La familia en Panamá y en todas partes atraviesa una gran crisis, que ha sido víctima de un modelo de sociedad que busca la ganancia como principal valor. El tener en vez del ser, el poder en vez del servicio, el placer en vez del compartir y para poder mantener este modelo de desarrollo, hay que ejercer control en los espacios que tiene como responsabilidad la formación de las personas: La familia, la educación y los medios de comunicación. De estos tres instrumentos de transmisión de valores, la familia es la única que no se puede controlar, así que hay que distorsionar su papel, desplazar su tarea educativa y hoy cada vez menos la familia ejerce esa labor formativa, que ha sido asumida por los medios de comunicación y la escuela, ambas instituciones que pueden ser mucho más fácil controlar y manipular, para asegurar la formación o más bien deformar a las personas con antivalores. Es por eso que es urgente el compromiso en trabajar en la defensa del rol y deber que tiene la familia en formar personas con verdaderos valores.  

La Alianza Ciudadana Pro Justicia es un espacio de participación ciudadana que surge a partir de la preocupación de contar con una Administración de Justicia que sea capaz de ser el control social contra el abuso del poder y que intervenga para resolver los conflictos entre los ciudadanos, cuando estos no sean capaces de resolverlas de manera justa. Sin embargo, nuestra organización no se ha limitado en proponer cambios en la administración de justicia; desde este espacio se ha promovido otros espacios de participación ciudadana con otras tareas y objetivos, como la Red de Derechos Humanos que aglutina organizaciones y personas dedicadas a promover y defender los Derechos Humanos, la Asamblea Ciudadana que congrega a organizaciones y personas que desde diferentes intereses y objetivos ven en este espacio la oportunidad de proponer cambios más institucionales como el cambio en el modelo de participación política, promoviendo una democracia participativa y deliberativa que tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad, donde también las minorías que históricamente han sido marginadas por razones de género, etnia, edad, o condición económica de empobrecimiento, no han sido tomadas en cuenta. En tema específico de impunidad, corrupción y transparencia, desde la Alianza Ciudadana participamos  activamente en espacios que aportan propuestas para mayor transparencia, combate a la corrupción y contra la impunidad.

La justicia en Panamá como toda la institucionalidad del Estado no goza de la confianza ciudadana, no tiene la independencia necesaria para resolver los conflictos apegados a las leyes y los convenios internacionales. No tenemos una administración de justicia valiente, sin miedo y sin esperar recompensa. Tenemos una justicia intervenida, mediatizada por poderes políticos y económicos que tratan de torcerla y manipularla.

El método para designar a los magistrados está consagrado en el Artículo 200 de la Constitución y hace recaer esta responsabilidad en el Gabinete y la Asamblea Nacional, por lo que no es difícil comprender que se trata de un método eminentemente político que afecta directamente el principio de independencia de la Administración de Justicia. En el año 2005, como producto de la reclamación ciudadana ante las denuncias de venta de fallos y de la corrupción, se logra establecer un acuerdo con la convocatoria a un Pacto de Estado por la Justicia y, desde luego, un tema importante del fue el método de designación de los magistrados. Entre los acuerdos se estableció que era urgente modificar el artículo 200 de la Constitución para lograr un método que garantice mayor independencia y que se fundamente en la competencia de los aspirantes y mientras no se diera la modificación constitucional se propuso un método intermedio que abriera el proceso de designación de magistrados a la participación ciudadana que examinara la hoja de vida y ejecutoria de los aspirantes y realizara una preselección de todos los aspirantes y remitiera una lista corta con un mínimo de 10 y un máximo de 15 para ser sometido al proceso establecido en el artículo 200 constitucional. Dicho proceso debe ser definido por la competencia y no por sus vínculos políticos o de otra naturaleza con quienes tienen la facultad constitucional para hacer las designaciones, este método propuesto incluye a la designación de los dos procuradores. Hay que decir que este acuerdo nunca se ha respetado en las designaciones realizadas por los gobiernos subsiguientes al Pacto de Estado. La aspiración es que se pueda establecer un mecanismo que sea vinculante y que no dependa de la voluntad del Presidente de turno.

Es una pregunta sumamente interesante ya que nos da la oportunidad de retomar un debate pendiente: ¿Es el Canal de Panamá realmente un espacio “neutral”?

En 1977 Panamá firma con Estados Unidos dos tratados, el Tratado de Administración del Canal de Panamá y el de Neutralidad del Canal de Panamá; han trascurrido 45 añosde la firma de estos tratados que comprometen a los dos gobiernos firmantes, aunque en loreferente a la neutralidad se adicionó una figura de adhesión para invitar a otros Estados acomprometerse con la neutralidad del Canal de Panamá. Esta figura de la adhesión no ha sido efectiva, ya que son muy pocos los países que han firmado dicha adhesión. Aquí cabe que nos preguntemos ¿por qué no ha recibido el apoyo internacional lallamada “neutralidad del Canal de Panamá” establecida en el Tratado de Neutralidad firmado en 1977? No es difícil responder a esta interrogante, basta con leer dicho tratado que establece un paso privilegiado a Estados Unidos en caso de un conflicto bélico, es decir, queel Canal de Panamá, en caso de un conflicto, se convierte en un objetivo bélico, ya queestablece una obligación a quien administra la Canal de poner por delante de la fila deespera a los buques de guerra de un Estado que es parte del conflicto.

 Lo que corresponde a Panamá, como país independiente y soberano es, en primer lugar, iniciar un proceso de revisión del Tratado de Neutralidad, promover un congreso internacional, asegurando la participación de las grandes potencias mundiales para lograr un convenio que realmente declare a Panamá y al Canal verdaderamente neutral, de manera que se garantice la seguridad del Canal y se mantenga al país neutral, en caso de cualquier enfrentamientobélico. Nuestros mártires y el pueblo luchó por una soberanía total de que se garantice el territorio y por un Canal realmente neutral, objetivo que no se logró con la firma de los Tratados Torrijos Carter, situación que fue reconocida por el propio Omar Torrijos cuando señaló que nos manteníamos “bajo el paraguas del Pentágono”. 

Tenemos un Panamá que desde su origen ha estado supeditado a satisfacer intereses foráneos que ha impedido el surgimiento de un verdadero Estado soberano, con una institucionalidad muy débil. Un Estado fallido que no ha sido capaz de responder a las demandas más elementales de las grandes mayorías. Con un modelo económico que genera desigualdad, marginación y empobrecimiento, que concentra la riqueza en manos de unos pocos dejando a las grandes mayorías excluidas del desarrollo. Un país con muy poca conciencia ecológica, que no da importancia al cuidado de la naturaleza, como el único espacio que tenemos para desarrollar nuestra vida. 

 El Panamá que merecemos y por el cual estoy comprometido es una Panamá respetuoso de los Derechos Humanos, sostenible, donde el cuidado de la naturaleza sea un compromiso de Estado, la  casa común debemos cuidarla y desarrollarla con responsabilidad. Un Panamá verdaderamente participativo donde la democracia sea la garantía de participación y de inclusión de todos los sectores,  particularmente garantizando que los sectores vulnerables sean tomados en cuenta. Un Panamá donde los valores de equidad, justicia, respeto a la vida, sean el fundamento de la organización social y política. Un Panamá comprometido con el bien común y que garantice el buen vivir de todos los ciudadanos.