El calvario de miles de familias en su día de visita a la cárcel

En el perímetro del Centro Penitenciario La Joya, en Pacora, ante la desgracia de muchos padres y madres florece un lucrativo negocio que va desde el alquiler de un cuchillo hasta la venta de comida y agua. Los baños ($0,50), estacionamientos ($2), suéter ($2), pantalón ($3) y chancletas usadas ($1 ), transporte de comida ($25). Lo que más dinero cuesta es la comida y los productos de higiene personal, requeridos por los reclusos para su estadía en el penal.

Si cada uno de los parientes de los 21.523 reclusos gasta por lo menos $100 mensuales en cereales, avena, leche en polvo, arroz y artículos de aseo, eso genera $2,1 millones mensuales, $25,2 anuales. Aunque puede ser mucho más dinero, mucho más... Hay familiares que destinan entre $150 y $160 mensuales.

No solo gastan en alimentos y productos de higiene. También invierten en celulares ($150), abanicos ($60), sartenes eléctricas ($40) y otros artículos cuyo ingreso es prohibido, pero que ayuda a aliviar el confinamiento y mejorar las condiciones de vida. Son pocos los que no gastan un centavo.

La mayoría de las damas que acuden a la visita son amas de casa, que viven de la informalidad, y dejan de generar ingresos con tal de viajar al penal para saber de sus familiares y seres queridos.

Esa intensa actividad económica solo resiente el bolsillo de los familiares de miles de reclusos, cuyo drama se complica cada día más por el estado y la situación de inseguridad dentro de los penales, y los malos tratos que reciben los familiares durante las visitas.

El día de visita debería ser para los reclusos el más agradable del mes, porque es la oportunidad de abrazar a sus familiares e ingerir algún bocado apetitoso, pero resulta agridulce.

A los parientes, en su gran mayoría mujeres y, sobre todo madres, se les quiebra la voluntad y la esperanza de visitar a sus hijos por los altos costos que representa y el calvario que atraviesan para llegar a los pabellones.

Solo en el complejo penitenciario La Joya, donde convergen los tres penales más poblados de Panamá (13.089 reclusos), para que una madre logre un encuentro de 20 a 30 minutos con su hijo, debe enfrentar un vía crucis de por lo menos 10 horas.

Para tener éxito debe llegar a las 5:00 de la madrugada. De lo contrario, podría quedarse en los últimos puestos y, en el peor de los casos, perder el derecho de la visita.

La escena de un segundo martes de septiembre de 2022, resultó dramática. Allí, en una larga fila, estaban madres y esposas de los internos de al menos dos pabellones de La Joya, que albergan a 250 detenidos. Muy pocos eran los hombres en la fila para ingresar al penal.

A un grupo de internos les correspondía el derecho de recibir la visita. Entre sus familiares estaba una señora que decidió llamarse Madeline De La Rosa Una mujer que aparentaba 50 años, aunque podría tener menos edad, pero envejecida tras el encarcelamiento de su hijo.

Llegó a las 4:00 de la madrugada desde una comunidad apartada de La Chorrera, en Panamá Oeste. Recorrió 80 kilómetros de viaje para estar en el penal más temprano de lo habitual y evitar los inconvenientes del mes anterior. En esa ocasión se presentó a las 10:00 de la mañana, y se quedó sin cupo para ver a su hijo. Al enviar la comida y enseres por correspondencia de valores, lo poco que recibió el detenido estaba algo descompuesto debido a las largas horas que demora en llegar a su destino.

“Ese fue un mes de pérdida, porque todo el esfuerzo que hice para comprarle comida a mi hijo, fue tirado a la basura”, comentó Janina, otra madre que entre sollozos recordó que tuvo que caminar una larga distancia con una pesada bolsa de comida y artículos de aseo.

Con frecuencia, los agentes de la policía impiden el ingreso de parte de la comida, que termina en la basura. Los parientes deben decidir si la llevan de los negocios que están en el perímetro de la cárcel donde cobran $1 por cuidarla o si abordan el bus para pasar otro control de seguridad. En el mejor de los casos, un pariente o amigo que apoya con la visita, recibe esos alimentos.

Hay artículos que no dejan pasar en el punto de control, pero en los “paquitos” (tienda de las prisiones) las venden más caras.  “Es que en las prisiones todo se negocia”, afirmó Jackeline

El Estado invierte millones de dólares en comida para los detenidos.  Pero la calidad es muy mala, escasean los carbohidratos y las proteínas, denunció Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo. Es muy común que los alimentos estén dañados o con gorgojos, comentó Nadia Franco Bazán.

La unidad de la policía se quejó del irrespeto de la señora a la que no se le permitió entrar con dos vasijas de comida. La mujer respondió que estaba agotada, después de cinco horas expuestas al sol, esperando entrar a la primera zona de control bajo techo, con la pesada bolsa de comida y artículos de aseo.

Uno de los tantos altercados entre familiares y unidades de la policía ocurrió durante la visita mensual de septiembre. “Del teléfono para acá manda el director del Sistema Nacional Penitenciario. Hacia allá manda Nito Cortizo”, gritó un agente a una madre que hacía la cola para entregar enseres a su hijo recluido en La Joya.

Es usual que los parientes de los reclusos reciban un trato denigrante durante la requisa que se exige para la visita. Los agentes de la policía ordenan a los varones bajarse los pantalones hasta la rodilla, quitarse los calzados y levantarse el suéter.

Las mujeres se exponen a situaciones más bochornosas. Aunque son revisadas por agentes policiales femeninas, el trato no deja de ser incómodo. “Suba el suéter, levante el sostén de un lado a otro, desabotone los pantalones y bájelos a la rodilla. Póngase en cuclillas”, ordena la agente. No satisfecha, les ordenan abrir las piernas, les manosean todo el cuerpo y les palpan las partes intimas.

“Hay agentes que sueltan aerosoles para que escapen supuestos malos olores”, contó Teresa Avilés, 24 años, durante una visita a su pareja, condenado mediante acuerdo de pena por dos delitos.

Ante el reclamo de una madre por la actuación de la policía, la respuesta del agente: “Ustedes merecen ese trato por ser responsables de las conductas de sus hijos”, narró la angustiada señora. El sistema los hace sentir como delincuentes cada vez que van a una visita.

Hay que reconocer que en los controles de las visitas se han detectado familiares intentando introducir artículos prohibidos camuflados en la comida. Pero muchos de esos artículos, incluyendo drogas, pueden adquirirse en las prisiones donde todo tiene un precio si los reclusos o sus familiares pueden pagarlo.

La implementación de escáneres, similares a los que tienen en los aeropuertos, que detecta la presencia de metales y drogas en la ropa o en cualquier parte del cuerpo evitaría las incómodas revisiones, recomendó la abogada y criminóloga Nadia Franco Bazán.

Por lo general, las mujeres que tienen familiares detenidos no tienen recursos para comprar ropa bonita ni maquillaje. Prefieren guardar lo poco que consiguen al mes para llevar comida y artículos de aseo a sus seres queridos.

“Yo pago la condena con mi hijo. Él me pide que no venga, pero mi amor no cede. Todos los meses me endeudo para comprar alimentos y cosas de aseo”, relata una mujer de 60 años, que se turna mensualmente con su hermana para ver a su hijo. No da su nombre para no comprometerse. Todo se negocia y los jefes de las prisiones ven a los reclusos como símbolos de dólar.

La Dirección de Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad reportó 257 quejas y 29 peticiones, durante 2021 y lo que va de 2022.

La mayoría de las quejas son por la atención de salud (167), mandamiento de sentencias (57), alimentación (12) y visitas familiares (7). Otras 14, no están definidas. Mientras que las peticiones en su mayoría son por temas de salud (23) y otras (6) por mandamientos de sentencias.

La Defensoría del Pueblo ha desestimado 77 casos, cerrado 67 expedientes y emitido 23 recomendaciones. Aún mantiene vigentes 142. Pero solo ha determinado 7 vulneraciones a los derechos humanos, lo que no parece cónsono con lo encontrado durante esta investigación que ha expuesto una serie de violaciones a los derechos de los prisioneros. “Nuestra meta no es llenar la estadística, es aliviar la situación del privado de libertad, que presenta la queja”, dijo Max Ballesteros, director de derechos humanos de los presos de la institución, sobre las cifras.

Al final, los reclusos tienen un valor económico para obtener ganancias, en un sistema corrupto en el que el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional parecen cómplices. El hacinamiento es la excusa para alimentar un lucrativo negocio que se nutre con la violación de los derechos de los reclusos y sus familiares.