Bosques heridos

El cocobolo, una madera con características particulares, con gran demanda en el mercado internacional y con valores por encima de cualquier otra especie, es arrancado ilegalmente de nuestros bosques protegidos, pero se comercializa bajo una fachada legal.

Por décadas, la corrupción en el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la ausencia en propiedad de una Fiscalía de Ambiente han permitido las operaciones de organizaciones criminales y allegados al poder para beneficiarse del millonario negocio en detrimento de la sostenibilidad de la especie.

La Estrella de Panamá se adentró en el corazón de nuestros parques nacionales para describir al lector la estructura y modus operandi de estos grupos criminales, al menos cinco detectados por las autoridades, además de las limitaciones que enfrenta la Fiscalía de Ambiente para judicializar los casos.

El crimen organizado cuenta con una estructura organizada de forma piramidal cuya parte más gruesa la componen los taladores y cuidadores que se instalan por días en el bosque hasta identificar los árboles, cortarlos con motosierras y pelar la corteza. Luego mueven las tucas hasta la orilla del parque donde un transportista se encarga de llevarlos a la empresa que posteriormente solicita a MiAmbiente los trámites para su comercialización.

La Dalbergia Retusa, nombre científico del cocobolo, cuyo tronco se distingue por sus llamativos tonos rojizos y naranjas, es un producto exótico de elevado precio, que se emplea para la fabricación de muebles, artículos de lujo, accesorios en yates, autos y piezas de instrumentos musicales que tienen una gran demanda en China, el principal mercado de exportación desde Panamá.

A pesar que en 2013 Panamá incluyó el cocobolo en el Apéndice II de la Convención Internacional de Especies Amenazadas (Cites) como una especie protegida y uso controlado para garantizar su sostenibilidad, los traficantes -que operan de forma similar al narcotráfico- se valen de todo para su obtención. Sobornan a quien haya que hacerlo, reciclan las guías de transporte, corrompen a funcionarios públicos, falsifican los documentos y obtienen ilegalmente unos diminutos timbres de dos centímetros de largo que emite la sede de Cites en Ginebra, Suiza, indispensables para la exportación del producto.

Esta investigación periodística que consta de tres entregas revela la pérdida de una libreta con 500 timbres Cites que cayó en manos de traficantes para exportar, no solo madera, sino otras especies amenazadas, a China y a Hong Kong.

La investigación evidenció un desorden administrativo en la emisión de sellos Cites a las empresas exportadoras, así como de la cantidad de metros cúbicos que debe permanecer en los patios de las compañías después del inventario efectuado por MiAmbiente en 2014, elaborado con el propósito de mantener un registro del saldo de cocobolo a comercializar. No obstante, la tala en los bosques continúa, y la madera se disfraza como parte del inventario que reposa en las empresas.

Ante esta situación, se plantean las acciones que pretende efectuar MiAmbiente para controlar la tala y el negocio ilegal, además de la creación de un cuerpo policial dedicado a la protección de flora y fauna a nivel nacional.

Para esta investigación efectuamos múltiples entrevistas, entre ellas, los funcionarios de MiAmbiente responsables de custodiar estos sellos; con los jefes de distintas direcciones de la entidad que deben ejercer control de un inventario estricto de la madera que se encuentra en los patios de las empresas exportadoras para evitar que la madera que se exporta no provenga de los parques protegidos.

Un conteo que aparenta ser más en papel que en la práctica. Hablamos también con fiscales, unidades de inteligencia, policías, especialistas internacionales y nacionales, exfuncionarios, analizamos los reportes emitidos por Cites que refieren al “examen de comercio significativo”, y los informes anuales de la organización por varios años consecutivos.