¡Asesinos sin Dios ni ley!

Mientras Panamá registra un crecimiento económico del cual se ufana el Gobierno Nacional, la criminalidad se va extendiendo peligrosamente a lo largo del territorio patrio. No solo llama la atención la cotidiana acción delictiva, sino el carácter cada día más infame y bárbaro de los delitos. Se podría afirmar que los delincuentes tienen la llave de la seguridad social. La tranquilidad depende más de la dinámica de los antisociales que de las acciones preventivas y represivas de los organismos competentes. Si los maleantes redoblan sus fechorías, la alarma se generaliza, y si se toman una tregua, existe un breve respiro.

Lo expuesto no constituye necesariamente una censura a la acción de las autoridades. Lo que constituye es un llamado de atención sobre la enorme y creciente crisis social que nos agobia. Es una crisis que espanta a toda la sociedad. Crisis que, sin duda, guarda relación con la naturaleza humana, pero que se agudiza aguijoneada por múltiples factores. Unos tienen nexos directos con el mundo interior del ser humano; otros han minado de tal forma el mundo social que en el seno de la misma sociedad se sazona impunemente la vida delictiva.

Lo curioso es que el crimen y sus oleadas alarmantes son un fenómeno mundial y responden a las mismas causas. Un orden económico discriminador, injusto, que se aparta de todo mensaje social; una familia, en ciertos sectores, desintegrada, ayuna de educación, de empleo, de valores democráticos, pacifistas y morales. Todo en su conjunto da a la población descarriada el arma del crimen.

Además, la sociedad se moviliza bajo el auspicio de la desigualdad, sin otra ley que la fraguada en los malos ejemplos de la impunidad, la que lleva a un gran sector a vivir sin temor a nadie, ni a Dios ni a la represión. Ausente de frenos disciplinarios o de alternativas regeneradoras o estimulantes, el camino fácil y atractivo es el del delito. El desconocimiento, por falta de docencia familiar y escolar, de los valores sociales y morales, origina generaciones sin frenos tentadas a caer en todos los abismos.

El problema es complejo, mundial y reclama la permanente atención de los especialistas. Y debe darse tal atención hasta por razones humanitarias, de simple conmiseración ante la existencia de una comunidad indefensa.

Lo terrible es que la suma de todas las experiencias y de todo lo que se ve en los medios informativos hace del delincuente un ser cada vez más especializado, abominable y monstruoso. Por eso, las autoridades locales y mundiales tratan, mientras se adoptan políticas previsoras de largo alcance, de implantar severas medidas represivas. Esta tendencia se puede observar en lo que se hace con algunos delitos que vienen causando especial reproche. Entre ellos el delito contra el honor sexual.

En Colombia, por ejemplo, son tantos los delitos sexuales, específicamente la violación carnal, que han decidido colocar cartelones con el nombre y efigie de los perversos criminales para que la sociedad los conozca. Los sitios en que aparecen los cartelones se denominan “el muro de la infamia”. Son publicaciones producidas una vez se dicta sentencia, seguramente para aplacar las tesis que indican que los derechos humanos se afectan si se divulga de esa manera a los autores de semejantes aberraciones.

En el Perú, el presidente Alan García, ante la constante comisión de esta clase de delitos, propuso la pena de muerte para todo delincuente que viole a un menor y su acción cause la defunción de la víctima.

En Francia, potencia del primer mundo, el presidente Sarkozy repudió este delito de tal manera, que ha pedido a su parlamento una ley que sancione con la castración química a los autores declarados culpables.

Hace un par de días, en Bugaba, seis primitivos pandilleros, bestias mismas, salvajes y crueles, violaron a una pobre e indefensa mujer que hoy se encuentra tan deprimida que no desea comparecer a la Medicatura Forense. No me extrañaría que una castración química para esta clase de forajidos podría ser materia de un necesario debate.

Estos antecedentes y la creciente criminalidad causan estupor y la sociedad decente se limita a condenar, en la intimidad de su reflexión, toda acción criminal que llega a la consumación. Es lo que ha ocurrido con la desventurada y muy apreciada joven Ana Mercedes Medina, de honorable familia chiricana, asesinada en la flor de su vida. El hecho ha consternado a la sociedad. Para medir la intensidad del dolor, ansiedad e impotencia de la víctima y de sus familiares, basta con ponerse en el lugar de ellos. En franca solidaridad con Ana Mercedes y los suyos, lo que pide Sarkozy o lo que pide Alan García no logra colmar la sed de justicia que deja como saldo el brutal asesinato. Tan irreparable es el daño causado.

Lo que queda por delante es profundizar la lucha contra el crimen. En ese campo, la procuradora general de la Nación, por mandato constitucional debe asumir con independencia el liderazgo hasta lograr un clima de seguridad democrática, que es la que descansa en el ordenamiento de un estado de derecho, y no, nunca, jamás, en la seguridad totalitaria la que propicia el uso de la pólvora y de la violencia represiva.

Existe una primera medida previsora sugerida por el jefe de la policía, licenciado Rolando Mirones. En los cuerpos de seguridad, incluyendo a la Policía Nacional, todo ingreso debe ser aprobado luego de revisar el récord policivo.

No es posible entregar la custodia de los asociados o de los inquilinos de un inmueble a maleantes que tienen antecedentes penales como asesinos o como monstruos, sin Dios ni ley.

Publicado originalmente el 27 de septiembre de 2007