Aduanas impone controles a ‘couriers’ por importación de partes de armas

La Autoridad Nacional de Aduanas ha detectado varios paquetes de ‘courier’ o mensajería que arriban al aeropuerto internacional de Tocumen, con partes de armas procedentes de Estados Unidos, presuntamente violando los controles de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), entidad que registra y regula las actividades de empresas dedicadas al servicio de protección y vigilancia privada y aquellos comercios que se dedican a la importación y comercialización de armas de fuego o municiones.

Se trata de importaciones a cuentagotas con partes de armas de fuego de grueso calibre, que posteriormente pueden caer en manos del crimen organizado o de las pandillas, además de evadir los controles de la Diasp. Ante estas irregularidades, la Aduana ha impuesto nuevos controles a los ‘couriers’, “se han suspendido licencias y la entidad pretende implementar una estructura para escanear los paquetes que llegan a Panamá”, indicó una fuente de Aduanas que habló con La Estrella de Panamá.

De acuerdo a fuentes aduanales, este tipo de contenidos tienen como destino a personas naturales, la mayoría procedentes de Estados Unidos, el país de importación de armas a Panamá. A finales de septiembre, uno de esos casos motivó una operación encubierta de las autoridades que culminó con la aprehensión, legalización de vigilancia y seguimiento, así como del allanamiento del vehículo del vinculado, quien posteriormente efectuó un acuerdo de pena con una condena de 84 meses de prisión. Se trata de un joven panameño de origen asiático quien había sido sorprendido con una importación de partes de armas en el recinto aduanal de la zona procesadora de Albrook.

Por este tipo de casos, y algunas otras razones, que al parecer ocurren con cierta frecuencia desde la administración pasada, Panamá fue incluido el pasado 8 de abril en la lista gris del Departamento de Estado de Estados Unidos. El riesgo de que las armas terminen en manos de criminales fue evaluado por Bonnie D. Jenkins, subsecretario de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional, y plasmado en un memorando dirigido a Alan Estevez, subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad. En dicho comunicado aparecen, además de Panamá, otros 36 países, como Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistán, por citar algunos.

Como consecuencia, 50 negocios panameños dedicados a esta actividad no pueden importar armas de Estados Unidos, como consecuencia de las restricciones impuestas por el Departamento de Estado de ese país. Esto los ha motivado a buscar nuevos mercados, como Europa o Asia. No obstante, según una fuente importadora consultada, las compras por ‘courier’ no requieren permiso del gobierno estadounidense. La aduana de ese país retiene cualquier paquete que contenga artículos con exportación restringida, pero por la cantidad que deben revisar a diario algunos se escapan, como los hallazgos que ha tenido Aduanas desde julio.

De acuerdo al memorando del Departamento de Estado al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, existe un sustancial nivel de riesgo de que las armas de fuego exportadas a personas naturales o comercios especializados en los países mencionados terminen en manos de grupos criminales que perjudiquen la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses consideraron varios factores asociados con las exportaciones de armas de fuego y municiones destinados a mercados comerciales, distribuidores, civiles y otros usuarios no gubernamentales basados en riesgos como el terrorismo, el crimen organizado, tráfico de armas, la corrupción, derechos humanos y violencia o el tráfico de drogas. Además, si existen condiciones en el país de destino que podrían conducir a un conflicto interno, incluida la fortaleza del gobierno del país y su capacidad para responder a situaciones con grupos armados no estatales.

En ese aspecto, analizaron el uso indebido de las armas exportadas a distribuidores comerciales y civiles en lugar de fines gubernamentales. “Muchos gobiernos cuentan con sistemas de prevención del uso de armas de fuego propiedad del gobierno para que no caigan en manos de traficantes y delincuentes. Por el contrario, los distribuidores comerciales son objetivos relativamente fáciles para los traficantes. Estas entidades son menos capaces de asegurar y realizar un seguimiento de las armas en su poder”, se lee en el memorando.

Como respuesta a esta condición, la Asociación de Distribuidores de Armas, Municiones y Accesorios (Adidama) envió una nota de protesta por la asignación de Panamá en dicha lista. “Nos sorprende el listado de la República de Panamá como país de “alto riesgo” para la exportación de armas de fuego y municiones, ya que la industria está altamente regulada y supervisada por las autoridades”, se lee en la nota de respuesta. Añaden que “funcionarios del Departamento de Comercio de Estados Unidos visitan periódicamente a los distribuidores de armas de fuego panameñas y solicitan información de rastreo, aunque carezcan de jurisdicción; sin embargo, en aras de la transparencia, la confianza y la buena fe, los distribuidores autorizados cooperan con sus solicitudes”. Legalmente las armas de fuego y municiones importadas pagan entre el 17% y el 32% en concepto de derechos de importación, por lo que contribuye positivamente a las finanzas del estado panameño.

El reclamo fue más allá: “sorprendentemente países como México o Brasil, que han vivido escándalos de propiedad estatal que se descubrieran armas de fuego en manos del crimen organizado, o incluso en manos de Costa Rica, donde cientos de pistolas policiales fueron robadas de un almacén oficial no están incluidos en la lista”, reclaman. En cambio, a pesar de que Panamá nunca ha tenido una historia de guerrillas armadas o insurgencia, figura junto a países como Yemen, Níger, Mozambique, Mali, Colombia, Ecuador, El Salvador, y otros.

Por lo anterior, la Asociación solicitó una reconsideración de dicho etiquetado debido a las negativas consecuencias que estas nuevas regulaciones causan en las pequeñas empresas panameñas y comercio con homólogos estadounidenses.

En la carta, los comerciantes de armas detallan las normas que rigen el negocio. Explican, por ejemplo, que las autorizaciones de importación de armas de fuego y municiones panameñas sólo se otorgan a empresas de propiedad panameña debidamente licenciadas, que hayan obtenido previamente autorización para importar y comercializar armas de fuego, municiones y artículos conexos. De igual forma recuerdan que un funcionario del Ministerio de Seguridad certifica que cada artículo puede ser importado para uso civil, y que la Diasp debe autorizar la portación del arma que el interesado busca poseer.

Uno de los miembros de la Asociación que conversó con La Decana con la condición de anonimato señaló que existe una diferencia entre componentes y accesorios de armas. “Los primeros son piezas esenciales para el funcionamiento del arma, pero en el caso de los accesorios, no son vitales, el arma puede funcionar sin problemas”, explicó. Debido a la importación de accesorios se han judicializado varios casos. “Eso debe quedar en un caso administrativo porque no se trata de una pieza vital para el funcionamiento del arma. Pero en otros casos se evidencia que es tráfico de armas que terminan en manos de pandilleros”, admitió la fuente.

Como parte del proceso de elaboración de normas del Departamento de Comercio y el Departamento de Estado en el memorando se acordó presidir una grupo de trabajo interinstitucional formal para evaluar el desvío y uso indebido de armas de fuego y los riesgos país por país. De esta forma se harán evaluaciones continuas con el objetivo de actualizar los destinos.

Desempeño de Aduanas

De julio a septiembre, la Autoridad Nacional de Aduanas ha retenido 97 casos a nivel nacional por un valor de $12.203.332 que incluyen mercancía de contrabando de todo tipo, según reflejan las estadísticas de la entidad (ver tabla). El tráfico ilícito de tabaco ha sido uno de los desafíos más importantes de la gestión aduanera que ha decomisado en este lapso de tiempo 70,1 millones de unidades de cigarrillos con un valor comercial aproximado de $21 millones, de acuerdo a cifras de Aduanas.