Abogados dicen que el gobierno debe empezar una investigación sobre declaraciones de Jeb Bush

Abogados panameños cuestionaron la “lentitud” y la forma en que el gobierno ha respondido a los señalamientos del exgobernador republicano de Florida Jeb Bush, en el artículo publicado el pasado 16 de enero, en The Washington Post, sobre la supuesta conexión Irán-Panamá en buques petroleros.

En ese sentido, señalaron que el Gobierno de Panamá debe comenzar un “proceso de investigación” sobre las declaraciones de Bush contra el registro de buques panameño y la conducta de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por, supuestamente, permitir el uso del pabellón nacional para contrabandear petróleo y gas iraní.

Son unas acusaciones que el Gobierno Nacional tardó en responder y debió atender y aclarar en el primer momento; se trata de un tema que debe ser tomado con sentido de diplomacia geopolítica y entendiendo el rol estratégico de Panamá, dijo el abogado y analista internacional Pedro Sittón.

“Al tener una declaración como esta, con una inteligencia diplomática, enseguida la Cancillería panameña debió empezar las investigaciones para saber de dónde venía la información y si había credibilidad, para así evitar cualquier mínimo de duda contra Panamá. Pero no ha habido una reacción oportuna del Gobierno panameño. Ha sido errática y muy debilucha”, afirmó Sittón.

En la publicación, Bush, quien es miembro del consejo asesor de la United Against Nuclear Iran (UANI), una organización cuyo objetivo es evitar que Irán cumpla su ambición de convertirse en una superpotencia regional que posea armas nucleares, pidió al gobierno de Estados Unidos que presione a Panamá para que abandone su rol de “ayuda” a Irán para evadir sanciones.

El embajador ejecutivo UANI, Mark D. Wallace, pidió este martes 24 de enero a la UE que imponga una prohibición de acceso a puertos a los petroleros con bandera panameña, luego de que la AMP emitiera una “respuesta inexacta y engañosa” a las acusaciones de que es cómplice de los esquemas del régimen iraní para contrabandear petróleo utilizando embarcaciones con bandera extranjera.

“La evidencia de que Irán está utilizando una flota global de embarcaciones con bandera extranjera para evadir las sanciones y poder financiar el terrorismo, reprimir la disidencia y desarrollar sus capacidades militares y nucleares es innegable”, expresó Wallace.

Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos tampoco ha reaccionado hasta el momento y, según Sittón, si el Gobierno panameño cree que con una declaración de la AMP o con una réplica para estos grupos en The Washington Post es suficiente, “está equivocado”, pues tiene que tener “una actuación más beligerante que denote con claridad y sin duda, que el Estado panameño ha cumplido con las Naciones Unidas en este tema”.

En el escrito, Bush dijo que “Rusia y China son bien conocidos como aliados y socios comerciales de Irán, pero hay otro país que ha sido fundamental en la supervivencia continua del régimen: Panamá”. Una acusación con la cual “nos sorprendieron y, francamente, nos ofendieron”, respondió el embajador de Panamá en Estados Unidos, Ramón Martínez, en la réplica en el medio internacional.

Sittón manifestó que este caso es una prueba más de que desde el Ejecutivo se ha demostrado una “inutilidad y una ineficacia”, casi rayando en la “incompetencia”, para gestionar adecuadamente los temas marítimos internacionales.

Al mismo tiempo, el abogado calificó las declaraciones de Bush como “delicadas, preocupantes y peligrosas”, en primer lugar porque pueden poner en riesgo el liderazgo de abanderamiento de naves panameño, atentar contra el resto de la marina mercante y ocasionar sanciones o incluir al país en una lista menos favorecida dentro de la Organización Marítima Mundial (OMI). Panamá se encuentra en la “lista blanca” de la OMI, la A, recordó.

En un comunicado del 17 de enero, la AMP “rechazó” la publicación de Bush “donde se habla de supuesta ayuda a Irán para evitar sanciones, e indicó que como resultado de su compromiso han cancelado 678 naves de bandera panameña de propietarios de diferentes nacionalidades y empresa que operan dentro de grupos económicos de renombre y relevada importancia en el comercio marítimo internacional, sin especificar los países de donde son.

Según la publicación de Bush, al menos el 16% de la flota marítima mundial, por tonelaje de peso muerto, está registrada en Panamá, incluido el 39% de los 288 buques que United Against Nuclear Iran, ha identificado como sospechosos de participar en la armada fantasma de bandera extranjera de Irán.

El abogado Harley Mitchell dijo que este es un tema país en el que varias instituciones deberían manifestarse internacionalmente sobre el escrito del exgobernador. Al igual que Sittón, abogó porque se inicien las investigaciones correspondientes.

Mitchell sostuvo que las aseveraciones de Bush “son delicadas” no solo por la posición que tienen los interlocutores, sino también porque no se está viendo la magnitud y la “delicadeza” de las palabras del exgobernador estadounidense, y que si no se toman las medidas sobre las intenciones de Irán, Panamá podría caer en una vorágine muy peligrosa.

Indicó que el Estado panameño, como el administrador del Canal de Panamá y ente que ostenta el registro marítimo más grande del mundo, ante estas declaraciones, no solo debe responder como si fuera un promotor comercial del abanderamiento ni tampoco puede limitarse a responder políticamente, desestimando las denuncias que se han dado. “Las denuncias son extremadamente graves. Nos enfrentamos a un tema donde, incluso, la posible proliferación de terrorismo internacional que se le achaque a nuestro país es perjudicial, en todos los sentidos, igualmente, el incumplimiento de acuerdos internacionales”, añadió Mitchell.

Sin embargo, para Mitchell más allá del registro marítimo y de cuantas naves sea le haya quitado a Panamá, la lectura jurídica de aquellas declaraciones es que “existe desgreño administrativo, opacidad, falta de transparencia y retraso de los trámites por parte de la AMP”.

El abogado reiteró que estas denuncias deben verse no bajo la óptica política o comercial, porque el abanderamiento es un tema también administrativo donde el Estado decide establecer después de un procedimiento, ese pabellón en un buque, y el registro resultante es un tema también bajo la administración de un ente de derecho público, que es la AMP.

Cuestionó que la AMP se autodefienda ante las declaraciones de estas personas, quienes independientemente de su carrera política, son ciudadanos en otro país, y según la Constitución Política, los panameños y los extranjeros son iguales ante la ley.

“Lo mínimo que pueden hacer las autoridades nominadoras o los jefes, en este caso la junta directiva de la AMP, es por lo menos investigar lo que está ocurriendo con el registro, y no desestimar a quien realiza la denuncia por la carrera política que tenga o las posibles intenciones que bien puede tener”, puntualizó.