El gobierno, ayer y hoy

La presidente, Mireya Moscoso, llegará en las próximas horas a su tercer año de gobierno. Seguramente la ocasión será aprovechada por sus adversarios para enjuiciar la obra desarrollada y el comportamiento de los gobernantes.

La gobernante de la República rendirá cuentas de su gestión y del aporte de su gobierno al desarrollo nacional.

Los medios de comunicación acentuarán sus críticas o ensayarán tibiamente uno que otro reconocimiento. Es decir, todos los protagonistas del quehacer nacional dejarán oír sus puntos de vista sobre los activos y pasivos de la administración. Este juego de opiniones y esta libertad para expresarlas son características del sistema democrático. En casi todos los países democráticos se ofrece la misma faena polémica en los aniversarios de los gobiernos o en las fechas en que los gobernantes rinden informes al Órgano Legislativo.

El sistema español de la actual democracia es ejemplar. El presidente de Gobierno presenta su mensaje ante el pleno de las Cortes españolas y luego los voceros de todos los partidos ofrecen su réplica o su apoyo para dar a renglón seguido dos o tres rondas adicionales de contra réplicas a cada participante. El pueblo, pasado el debate, queda debidamente informado sobre la real marcha de la nación.

En otros países hay métodos distintos y directos para auscultar el sentimiento popular. No puedo olvidar el 21 de mayo de 1955 en Santiago de Chile. El presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, marchaba de La Moneda, el palacio presidencial, a la Cámara Legislativa a rendir su informe. Iba en un sobrio landó o coche, y a lo largo del recorrido la multitud se agolpaba en las aceras y por tradición muy respetada se aprovechaba el paso presidencial para exteriorizar con entera libertad lo que se sentía por la gestión del gobernante. Era una práctica que respondía a un manifiesto deseo del mandatario. El presidente, con ceño adusto, se inclinaba a uno y otro lado para oír lo que gritaba el soberano. El espacio se llenaba de frases burlonas, humorísticas, severas o descorteses, y el presidente sin contraer un solo músculo de su rostro y sin sonrojarse era puro oído. Estaba percibiendo de modo directo la encuesta más descarnada que alguien podía imaginar. Al llegar al recinto parlamentario y tomar la palabra, lo que aún resonaba en el tímpano determinaba el giro político del discurso presidencial.

Dejo para los días que están por venir el debate que sin duda se suscitará, con motivo del informe que rendirá ante la Asamblea Nacional la mandataria de la República el 1 de septiembre. Me basta por lo pronto entrar en otras consideraciones que también son pertinentes al estatus del gobierno actual.

En el tercer aniversario del gobierno de la presidente Moscoso, la mayoría de los medios de comunicación la tienen ubicada como en un patíbulo de fusilamiento diario. Es obvio que con semejante apoyo logístico, el PRD no necesita hacer oposición para capitalizar políticamente las embestidas mediáticas. Entiendo que tales medios son muy conscientes de los efectos de sus líneas políticas. Empero, sin adelantar juicios sobre el contenido de las apreciaciones de los medios de comunicación, todos debemos aceptar una verdad que es tan grande como una catedral: los métodos totalitarios de gobierno han desaparecido, hoy existe un clima de tolerancia política y prima un clima democrático en la sociedad panameña.

Solo se necesitaría recurrir a la memoria histórica para establecer las diferencias entre el ayer y el hoy.

A partir de diciembre de 1989 hasta el presente, no se ha abierto una sola fosa común para sepultar con la debida impunidad a los adversarios de los gobiernos democráticos. No se ha enviado al destierro a un solo disidente ni las cárceles sirven de domicilio inhumano a los que no piensan como piensa la clase gobernante. Ni se han destruido emisoras como se destruyó Radio Mundial y Radio Impacto, ni a nadie se le ha ocurrido rociar con ácido las rotativas de las imprentas, como le ocurrió al diario La Prensa. Los gobiernos democráticos que hemos tenido a partir de 1989 no han confiscado periódicos, como ocurrió durante 20 años con El Panamá América, Crítica y otros diarios, ni en las cárceles se usa el recurso de las torturas como ocurrió con centenares de prisioneros durante la dictadura militar, ni en las playas de Coiba los detenidos son torturados y arrastrados por caballos como ocurrió en los días iniciales de la tiranía con Floyd Britton hasta matarlo. Ni viene ocurriendo ahora, como ocurría ayer, que las auditorías fiscales caían como jaurías sobre los libros de contabilidad de las empresas de los adversarios para que todos sintieran que un rufián intercraneal estaba allí para atemorizar y rasgar la paz interior. Tampoco ocurre hoy lo que ocurría ayer cuando se ejecutaba un tipo especial de maldad: se encarcelaba y maltrataba a los hijos de los dirigentes políticos, de allí que la acusación formulada hoy contra la PTJ de ser autora de una proyectada infamia contra el hijo del procurador general de la Nación para mediatizar sus funciones debe ser investigada y determinar dónde radica lo tenebroso, si en la PTJ o en el alma del denunciante.

Los panameños debemos convenir, en este tercer aniversario de gobierno de Mireya Moscoso, que los temores y las flagelaciones totalitarias de ayer no existen hoy, y que es deber prioritario de todos consolidar más y más el sistema democrático que auspicia un estilo de vida que se desarrolle bajo el manto perdurable y protector de la ley.

El Gobierno de la República –los tres órganos– tiene una deuda pendiente que emerge de los señalamientos de la Comisión de la Verdad. Esa deuda con las víctimas de la dictadura y con sus familiares debe saldarse, sancionando a los culpables e indemnizando justamente a los hijos de desaparecidos. Asimismo, es toda una asignatura pendiente prestar la debida atención al Informe de la Comisión Presidencial contra la Corrupción cuyas recomendaciones se encuentran hoy en manos de una comisión administrativa, presidida por el abogado Jaime Jácome de la Guardia, que debe redactar las soluciones pertinentes. La presidente ha dicho que en el mes de septiembre se tomarán las medidas que son de su incumbencia y es natural que el país aguarde con impaciente optimismo la decisión presidencial. Otro papel semejante deben asumir los órganos Legislativo y Judicial en el sector privado para enmendar los vicios o errores apuntados por la comisión presidencial. E innegablemente es en este punto donde los tres órganos del Estado y la sociedad civil deben dar un golpe de timón tan rotundo como severo, porque de él depende el futuro de la democracia en el país. Como bien lo apuntó el doctor Tomás Herrera en reciente discurso en Coronado: “Aún se encuentra a tiempo la gobernante Moscoso para convertirse en la gran protagonista del saneamiento de la República”.

Artículo publicado originalmente el 31 de agosto de 2002.