Desalojan a familias indígenas que vivían cerca de la hidroeléctrica de Barro Blanco

Un grupo de 300 personas indígenas que vivían cerca de la hidroeléctrica de Barro Blanco, en el río Tabasará en Chiriquí, observaron ayer como sus hogares fueron destruidos por maquinarias que llegaron al lugar, tras el mandato de una notificación de desalojo.

Clementina Pérez, coordinadora nacional del Movimiento 22 de septiembre, comentó a La Estrella de Panamá que el desalojo sin previo aviso se dio en el área denominada Territorio del Sitio Sagrado del Tabasará, que pertenece a la Reserva de la comarca Ngäbe Buglé. 

“Ellos llegaron de un momento a otro y empezaron a destruir las viviendas, oficinas y la iglesia con las maquinarias. Yo les solicité que nos dieran tiempo, sin embargo, no les importó y cerraron todo. Los afectados suman mujeres embarazadas, menores, adultos mayores e incluso personas enfermas”, comentó Pérez, quien también es suplente cacique regional de Kadri.

“La Reserva de la comarca no es un territorio privado. Además, el lugar que ocupábamos fue tomando en facultad de la Ley de la comarca”, añadió.

La Policía Nacional señaló que el juez de Paz acudió con funcionarios y un abogado de la parte afectada para hacer el desalojo. 

"Los que tuvieron que ver con eso fueron la juez de paz de Bella Vista, el Alcalde de Tolé y un tal Carlos Santiago", mencionó Pérez.

La coordinadora señaló que este acto produjo a que se violentara el documento que firmó el expresidente Juan Varela, que estipulaba que al Movimiento 22 de septiembre y sus miembros no pueden ser “tocados”, tomando en cuenta que en Barro Blanco hay una lucha entre la empresa que administra la hidroeléctrica y los indígenas que buscan preservar los recursos naturales del área.

Las 300 personas en un inicio fueron desalojados en 2016 de la iglesia Mama Tadta, que se encontraban en las áreas inundables (estas personas no habitaban en el área del proyecto). Aparte de ese grupo hubo otros que se ubicaron en la comunidad de Berigade, Cañas Blanca de Tabasará. Entre ambos grupos se cree que exista 500 indígenas.

“Desde el 2016 que nos desalojaron hasta la fecha nosotros hemos solventado nuestras necesidades a raíz de la contribución que hace nuestros hermanos asalariados, que ha permitido la compra de varios elementos que ahora ya no están por el desalojo de ayer”, señaló la cacique suplente.

El sociólogo Enoch Adames indicó que el reconocimiento político administrativo del territorio es una afirmación importante a la identidad étnico cultural de nuestros pueblos originarios.

"No obstante, este reconocimiento se ve vulnerado por diversos intereses de poder económico, que se sirven de una institucionalidad proclive a dar espacio a estos factores de poder, y sin capacidad para honrar en justicia derechos vulnerados", criticó Adames. 

El sociólogo contó que cree que es un deber de este gobierno darle un cierre en apego a esos derechos.

"Sin embargo, este gobierno está inmerso en un conjunto de contradicciones, donde grupos de poder-- minería, hidroeléctricas y puertos-- tienen una gran capacidad para orientar decisiones en su favor. Un gobierno débil en liderazgos es un gobierno susceptible de padecer recurrentes crisis de gobernabilidad", sentenció Adames .