Algunas Particularidades de los Informe Financieros

A partir del último semestre de 2012 se implementaron los nuevos sistemas informáticos (Sistema de prestaciones Económicas —SIPE— y el Sistema Administrativo y Financiero —SAFIRO—) en la C.S.S., Estos sistemas iniciaron el proceso de distorsión de la información contable de los informes financieros de la C.S.S. tanto en el Estado de Resultados, Balance General y Estado de Cambio de Riesgos los cuales ha afectado los ingresos, egresos, salarios básicos sujeto a cotización, la base de datos de los asegurados cotizantes activos y por ende en el monto de las reservas contables.

A raíz de ello, el informe actuarial realizado por el Departamento Actuarial en septiembre del 2014 señala algunas consideraciones especiales sobre este tema (pág. 65), Tales como que persisten problemas de incorporación de salarios recaudados y no registrados en el 2012; falta de acreditación de salarios lo cual induce a realizar un proceso de dispersión de dicho salarios; persisten problemas para la ubicación de los gastos por nivel de riesgos, subsistemas y componentes; cuantiosas cifras de saldo de débitos y créditos por distribuir que aparecen en los activos y pasivos por subsistemas; se reflejan ingresos por dispersar (no se sabe a qué programa pertenece); carencia de registros del XIII mes en el Subsistema Mixto.

A través del tiempo estas inconsistencias continúan presentándose y surgen otras nuevas en el periodo 2012 – 2016 tales como surgimiento de pasivos diferidos de facturación registrada y no aplicada, inconsistencia en el movimiento de la reserva, problemas de distribución de ingresos entre riesgos.

Específicamente el SIPE no cuenta con un módulo de contabilidad, la poca información que genera no se puede validar, el SIPE afecta la cuenta individual al momento en que se efectúa una nueva incorporación de trabajadores o se hace una corrección de data y por lo tanto afecta los salarios en la base de datos de los asegurados. No presenta informe físico de los ajustes que realiza internamente, genera una subestimación de los salarios de la base de datos de los asegurados cotizantes activos y genera incertidumbre en cuanto a quién pertenecen las cuotas; mientras que SAFIRO presenta problemas de cuenta de caja y banco. Ya que los ingresos se registran en una sola cuenta, en tanto los egresos se distribuyen automáticamente.

En consecuencia, SAFIRO presenta saldos negativos en el informe financiero. En SAFIRO los módulos de transacciones generan errores en los informes financieros reflejando en algunos renglones tanto de ingreso y gastos valores negativos. Y el sistema tiene limitantes en realizar los registros de ajustes a la cuenta de periodos anteriores.

A través de la Resolución 48,806-2014-J.D. del 30 de diciembre de 2014, la Junta Directiva de la C.S.S. ordena la re-expresión de los Estados financieros, 2011, 2012 y 2013, realizar una auditoría externa de los estados financieros y destinar recursos y esfuerzos especiales para mejorar la calidad de la data, para corregir, regularizar y mejorar los procesos que ejecutan los nuevos sistemas informáticos, entre otros. En función de ello en el año 2015 la C.S.S. se abocó a realizar un proceso de licitación pública para la contratación de las empresas que realizarían la auditoría externa. De este proceso se contrataron cuatro empresas: KPMG, DELLOITE, PWC y ERNST & YOUNG para realizar las auditorías externas a los informes financieros y revisión de los nuevos sistemas informáticos.

Estas empresas incitaron su trabajo en febrero de 2017 y concluyeron el 30 de agosto de 2017 con un diagnóstico, (a pesar de que ya se conocían los problemas), identificación de brechas y mapa de ruta. A partir de esta última fecha la C.S.S. se establecieron equipos internos para evaluar alternativas y desarrollo de algunos procesos, Sin embargo, los problemas de los informes financieros y las aplicaciones informáticas aún persisten.

Bajo este panorama es una falta de responsabilidad hablar de proyecciones, corridas, escenarios, reformas paramétricas (aumento de edad, incremento de porcentaje de cotización, aumentar el periodo de años para calcular el salario promedio de base de cálculo de la pensión, disminución de la tasa de sustitución, etc.) y de reformas estructurales como de privatizar lo que resta del régimen de pensión solidario —Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido SEBD— toda vez, que tres de los principales insumos de las proyecciones se encuentran con severas inconsistencia, esta son:

—los informes financieros que refleja los ingresos, gastos y reservas por tipo de riesgo

—la base de datos de los asegurados cotizantes activos

—y las bases biométricas -probabilidades- que se generan a partir de históricos del otorgamiento de prestaciones y de la base de datos de los asegurados cotizantes activos.

Por otro lado, hay que aclarar que el SEBD está constituido por una comunidad de riesgo cerrado, donde no entran nuevos asegurados cotizantes activos ya que las mismas organizaciones que hoy horquetean la privatización le amputaron el 26 de diciembre 2005, a través de la Ley N°51, las entradas de nuevos asegurados, por lo tanto, anualmente se generan salidas de asegurados cotizantes activos por pensionamiento, muerte o cesantía.

La condición de ser una comunidad cerrada en el SEBD no implica únicamente una reducción del número de asegurados cotizantes activos; sino que, además, involucra una reducción a través del tiempo de la masa salarial sujeta a cotización. Los datos relativos a los asegurados cotizantes activos desempeñan un papel esencial para a analizar las cotizaciones que constituyen la fuente más importante de ingresos en un régimen de pensiones.

Por lo tanto, al no contemplar nuevas entradas de asegurados cotizantes, los ingresos por conceptos de contribución tienden a disminuir. A su vez la circunstancia del incremento del coeficiente de carga demográfica (relación Pensionados versus asegurados activos cotizantes), genera en el horizonte costos crecientes.

Lo arriba expuesto significa simple y llanamente que las reformas introducidas por la Ley N°51 de 27 de diciembre de 2005 no garantizaron en lo más mínimo la sostenibilidad del Riesgo de IVM a mediano o largo plazo ya que el umbral de las contribuciones del SEBD se van palideciendo mucho más rápido que el cumplimiento de sus obligaciones en pago de pensiones, lo cual genera desequilibrio financieros y actuariales cuya responsabilidad es exclusiva de quienes promovieron dicha reforma en el 2005.

El autor es economista y actuario.

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