Educación y lucro

Pocas veces los diputados panameños cambian de opinión–o al menos temporalmente- como hicieron con la modificación propuesta por ellos mismos de constitucionalizar el aporte de fondos públicos a universidades privadas.

Hace unos meses, en medio de recortes anunciados a los presupuestos de las universidades públicas este año, para impulsar un plan de austeridad estatal, aún cuando la educación se perfilaba como la estrella en el plan del gobierno actual, las mismas tendrían que ajustarse y recortar $40 millones a sus ejecuciones para este 2019.

Entre los centros afectados estaban: La Universidad de Panamá (con un recorte de 14.1 millones de dólares), la Universidad Tecnológica de Panamá (15.6 millones de dólares), la Universidad Autónoma de Chiriquí (5.1 millones de dólares), Udelas (3.2 millones de dólares) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (2.2 millones de dólares).

La presión de estudiantes y muchas organizaciones y gremios funcionó en ese momento. La medida eventualmente fue revocada por el gobierno, pero parcialmente. Al menos los fondos para funcionamiento se recuperaron, según confirmara el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores. Los correspondientes a inversión, aún los estaban peleando.

Y cuando se presentó el paquete preliminar de reformas constitucionales de la Asamblea, en el mes de octubre, este contenía varios artículos relativos a la educación superior particular. Uno de ellos creaba un ente el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación de Panamá, que según los estudiantes que protestaron por aquellos días, eliminaría la función fiscalizadora de las universidades públicas sobre las privadas.

Otro polémico artículo exoneraba de todos los impuestos a las universidades privadas, además de abrir el compás para recibir aportes de fondos públicos. Algo que parecía surreal cuando se estaba recortando el presupuesto a las estatales.

Surgieron entonces varias preguntas. ¿Defienden lo mismo?, ¿Invierten lo mismo? ¿Qué aportan?. Las universidades privadas salieron al paso con un estudio que más bien parece que trata de convencer al que lo lee de que gastan menos que la Universidad de Panamá por ejemplo, teniendo casi el mismo número de estudiantes (entre todas juntas).

Ahora bien, primero hay que entender que en Panamá hay universidades que son entidades sin fines de lucro y otras que no lo son.

El lucro en la actividad educativa superior funciona de forma similar a cualquier negocio. Buscan una mayor rentabilidad sostenida en mayor eficiencia al menor costo. Cuando hay lucro, los propietarios esperan utilidades o ganancias de esa actividad.

Mariana Mc Pherson, ex secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) explicó que la diferencia estriba en que la que es sin fines de lucro reinvierte todos los ingresos en la actividad que realiza. Si es con fines de lucro, la universidad reparte ganancias a sus accionistas. Buscan operatividad y además de eso, rentabilidad o lucro.

La opinión pública debatía en ese momento —cuando el 'camarón legislativo'— si el Estado debía subvencionar la educación privada cuando no tiene injerencia en los precios que cobra. El rol de Estado se limita en acreditar las carreras, básicamente. Tampoco hay mayor diferencia en el estudiante egresado de una universidad pública o de una privada. Según los empleadores y los estudios de reclutamiento que anualmente se divulgan en el país, la falta de 'habilidades blandas' es una falencia de gran parte de los estudiantes que el sistema educativo —público y privado— lanza el mercado laboral.

Las universidades privadas publicaron su tercer estudio este mes de diciembre, sobre su productividad e impacto. Se titula “Productividad e Impacto de las Universidades Particulares de Panamá 2018”. Con él buscan “presentar datos que permitan a nuestro país tomar decisiones informadas con la finalidad de trabajar por la calidad de la educación superior de Panamá”.

Además, listan logros y presupuestos, aunque de manera general ya que no desglosan los resultados por universidad, sino que están englobados para las 19 universidades que participaron.

Dentro del estudio hay dos comparaciones de datos con los de la Universidad de Panamá (UP).

Uno de ellos es el presupuesto anual, que según el estudio, totalizó $96.65 millones entre las 19 universidades particulares. Así, concluyen que utilizan el 40% del presupuesto anual de la UP ($243.22 millones) para una población estudiantil de 67,784, casi similar a la de la UP.

Para Mc Pherson, es cierto que la universidad particular invierte menos por la cantidad de estudiantes que tiene, pero por muchos factores, entre los cuales mencionó que no tienen muchos profesores de planta a los que no hay que pagarle jornada completa. Muchos trabajan por hora de clase, aclaró.

En cambio, en las estatales, los profesores también se dedican a la investigación u otras actividades porque están contratados por tiempo completo.

Las particulares, sostiene la experta, tienen de ser más eficientes, es decir, sacar el máximo con la menor inversión. Pero a las estatales no se les exige esa optimización del recurso, porque no tienen que rendir cuentas.

“Las privadas tienen la desventaja de que las estatales pagan más (salarios) y por eso pueden conseguir mejores docentes, pero como no se les exige optimizar lo que invierten, no hay mayor medida”, indicó.

En Chile por ejemplo, el lucro está prohibido en las universidades privadas. El Estado se convierte en garante para préstamos estudiantiles y mantiene un férreo control en la calidad de los egresados. O al menos así debe ser en teoría. Una investigación periodística publicada en 2014 bajo el título “La Gran Estafa: cómo opera el lucro en la educación superior” revela que el origen del problema son los vacíos legales, ya que “el sistema lo permite”. Una de las autoras de la investigación, la periodista chilena Mónica González, aseguró que en cuanto al lucro universitario, “La ley es letra muerta, no hay sanciones”.

Esos vacíos legales en Panamá se arropan con desregularización. Y es que —citando a Mc Pherson— el lucro, que en Panamá no se regula en educación, es solo uno de los tantos problemas que enfrenta la educación privada. Y contrario a lo que pensaría la mayoría, ella, quien lleva 45 años como docente, no cree que la solución sea abrir más universidades públicas porque no se optimiza el recurso.

La educación, reducida a un producto, deja de ser un fin para convertirse en un medio.