'A Waked no se le protegió su estado de inocencia ni su seguridad jurídica'

El desmantelamiento de las empresas del Grupo Wisa fue una acción con fines políticos, carente de toda legalidad internacional, dirigida a beneficiar a otros empresarios, consideran abogados consultados por La Estrella de Panamá.

Las filtraciones del teléfono del expresidente Juan Carlos Varela, publicadas en el portal Varelaleaks.com, revelan cómo se desarmó el emporio de Abdul Waked, dueño del grupo económico incluido en la “Lista Clinton” en mayo 2016.

De las publicaciones se rescata una cita que ilustra el caso Waked: Esto ocurre cuando una persona muy cercana al entonces presidente le advierte que debe actuar con prudencia y mano fría con los “americans” por el manejo de las relaciones entre Panamá y China. La persona está asombrada y no puede creer que los estadounidenses “se hayan portado tan patanes” en este tema. Por un momento se imagina cómo sería “si sale lo que le han hecho a Waked. ¡Dios mío! que escándalo casi acaban con el trabajo y el sustento de miles de familias. ¿Qué piensan?”, se pregunta, Y, se responde a sí misma: “ que esto es un juego de monopolio”.

Varela dijo que se había ido de frente contra el grupo económico. Lo hizo, sin embargo, sin una evidencia judicial que corroborara la existencia de delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Esperaba la colaboración de Estados Unidos para abrirle una causa penal. Pero Varela sintió que quedó en el aire cuando se enteró de que el caso contra el sobrino del empresario (Nidal Waked) se resumió a un delito de conspiración por fraude bancario, con pena de dos años, y no por blanqueo producto del narcotráfico de un cartel mexicano poderoso, como lo había señalado la embajada de Estados Unidos en Panamá al momento de divulgar la inclusión del grupo Wisa en la “Lista Clinton”.

Aun así, en tan solo dos años, Waked fue despojado del centro comercial Soho Mall, de la cadena de almacenes Felix B. Maduro y de las tiendas libres de impuestos “La Riviera” que mantenía en aeropuertos de México y Colombia. Cientos de colaboradores del grupo económico quedaron sin empleo.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), está convencido de que el Estado le incumplió al empresario al no proteger su estado de inocencia y su seguridad jurídica. Y advierte de que cuando una autoridad hace lo contrario a sus obligaciones constitucionales, se pone en contexto qué intereses motivan su comportamiento. Sin embargo, cuando se trata del presidente, las consecuencias son graves porque representa al Estado, la contraparte de un inversionista.

Araúz es categórico: “cuando se produce este tipo de desequilibrio en las relaciones inversionista - Estado, este último debe responder por los actos arbitrarios y abusivos”.

José Alberto Álvarez, cuatro veces presidente del mismo gremio, considera que todas las acciones que se emprendieron contra el empresario estaban dirigidas a quitarlo de en medio para beneficiar a otros. “Definitivamente la idea era quitarle sus negocios y restarle la competitividad que mantenía en los diferentes mercados”, agregó Álvarez.

Esto, según el expresidente del gremio de juristas, es la ofensa de la justicia más grande que se ha hecho a una persona en los últimos años. A juicio del abogado, era una lucha de poderes económicos en la que el expresidente, en componenda con el sistema de administración de justicia, hicieron su parte para quitar de en medio a Waked. El empresario debe interponer las denuncias penales correspondientes para que se castigue a quienes resulten responsables de las acciones en su contra. “Hubo empresarios perjudicados con las acciones del expresidente”, expresó Álvarez.

Los únicos beneficiarios de la debacle del grupo son quienes aparecen como nuevos dueños de las empresas de Waked, concluyó Álvarez.

Gilberto Boutin, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), indicó que lo ocurrido al empresario no fue más que un acto político divorciado de toda legalidad internacional. No se puede despojar a un individuo de su fortuna sin pruebas de un supuesto delito. “Fue un acto de fuerza desprovista de toda legalidad internacional”, reiteró.

Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), dijo que lo primero que hay que hacer es investigar si las conversaciones de los “Varelaleaks” realmente se dieron, porque pueden ser información falsa. “Nosotros necesitamos gente y empresas con probidad”, dijo.

Al ser consultada sobre el tema, Annette Planells, del Movimiento Independiente de Panamá (Movin), cuestionó a esta periodista sobre un conflicto de intereses respecto a esta nota, tomando en cuenta que el empresario ostenta el 49% de las acciones del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella.

Planells defendió las actuaciones de Varela: “El expresidente hizo lo que estaba a su alcance para salvar los puestos de trabajo frente al ingreso del empresario a la Lista Clinton, en la cual se mantiene después de varios años”, sostuvo.

“El responsable de cualquier reclamo que tenga Abdul Waked y sus asociados, es el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos”, expresó la dirigente del movimiento independiente.

Planells recordó que el empresario había demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su inclusión en la lista, pero que había perdido esos recursos.