Ley de ciberdelitos: ¿garantías de seguridad o posibles abusos de poder?

¿Podría la nueva ley de ciberdelitos atentar contra los derechos básicos de los ciudadanos panameños? Aunque la ley 61 fue aprobada con el objetivo de proteger a la población de los delitos sexuales en internet, dudas sobre lo que implicaría su implementación han surgido.

Para la abogada especializada en derecho digital, Lía P. Hernández Pérez, el problema surge con una de las modificaciones al protocolo, que tiene como principal objetivo el establecimiento de normas internacionales para el acceso transfronterizo de datos de carácter personal a las autoridades de policía de los países miembros del Consejo de Europa.

“Esperamos que dichos procedimientos de emergencia no se utilicen para eludir las garantías legales que protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el contexto del acceso transfronterizo a los datos de carácter personal”, señaló a La Estrella de Panamá.

Y añadió en su postura, que defiende el derecho a un recurso efectivo al exigir que la solicitud se traduzca al idioma de la persona, cuyos datos se están buscando, para que pueda impugnar la correspondiente medida.

Por otro lado, el abogado Marcos Salt, quien participó en el proceso de discusión de la ley en la Asamblea Nacional, aclaró a ‘La Decana’ que las medidas que incorpora la ley 61 no solo toma en cuenta los delitos sino que implementa mejores maneras de investigar, para procesos más eficientes en la normativa procesal.

“Esto asegura que te den un marco de garantía, que son todas las garantías de Código Procesal Penal de panameño, si uno tiene las medidas y no las puede aplicar porque no están en el código lo que sucede es que se terminan aplicando en la práctica sin tener un marco de garantías”, dijo.

Agregó que lo que la ley de ciberdelitos incorpora es un set de medidas procesales, que son básicas y están previstas en las legislaciones de los países más avanzados en esta temática, los cuales, al igual que Panamá, forman parte de Convención de Budapest, el Segundo Protocolo del Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia.

Salt también mencionó que la ley introduce la figura de la prueba digital, un aspecto importante dentro de la actualidad jurídica y la agilización en los procesos de investigación.

“Lo que está sucediendo en todo el mundo es que la prueba digital está poco a poco reemplazando la prueba física. Esta va a ser cada día más importante y ningún país va a poder trabajar en investigaciones penales de manera eficiente si no tiene bien regulada la prueba digital”, explicó.

La nueva ley de ciberdelitos, “modifica y adiciona artículos al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015, sobre asistencia jurídica internacional en materia penal, y dicta otras disposiciones respecto a medidas contra la ciberdelincuencia”.

Esta ley sanciona con 5 a 10 años de prisión a quien use violencia, intimidación o amenazas graves para obtener beneficios indebidos perjudicando a otra persona. La pena aumenta de un tercio a la mitad si se utilizan tecnologías de información, especialmente con material de contenido sexual.

Poseer material de abuso sexual infantil, real o simulado, implica una pena de 5 a 10 años. Esta aumenta de una sexta parte a un tercio si se usan sistemas informáticos o redes sociales.

Asimismo, la suplantación de identidad mediante datos informáticos o electrónicos se castiga con 2 a 4 años de prisión y la interceptación o interferencia no autorizada de transmisiones informáticas se penaliza con 2 a 4 años de prisión.