Expertos apuestan por procesos de nombramientos judiciales más ‘transparentes’ en Panamá

Un grupo de expertos anticorrupción en Panamá apostaron este martes por tener nombramientos más “transparentes” en los cargos judiciales a través de una mayor participación ciudadana y de los medios de comunicación para fortalecer las instituciones.

“Las características que todos queremos de la justicia, y que todavía nos faltan, entre ellas la imparcialidad, la independencia, la efectividad, la corrección (y) la diligencia son características que le exigimos a los operadores de justicia, jueces y fiscales, pero no se lo estamos exigiendo a los procesos de nombramiento que están involucrados”, dijo a EFE la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía.

Los expertos se dieron cita en el evento ‘Nombramientos Transparentes: Instituciones Fuertes’ realizado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Transparencia Internacional Panamá). Además, se presentaron dos informes de “veeduría ciudadana sobre los recientes procesos de selección y nombramiento del Procurador General de la Nación (Fiscal) y la Procuradora de la Administración”.

Todo ello se realizó en el marco del Día Mundial contra la corrupción, el pasado 9 de diciembre, y el Día Mundial de los Derechos Humanos, que tiene lugar este miércoles 10 de diciembre.

“El proceso (de nombramientos) podría mejorar viendo estándares internacionales; ejemplos de otros países; incluyendo participación ciudadana, mayor tiempo para la participación de diferentes actores en el proceso de nombramiento, como los medios (para) que puedan investigar quiénes son estas personas”, explicó a EFE el coordinador de proyectos de Transparencia Internacional de Panamá, Simón Tejeira.

En Panamá el Fiscal General o Procurador de la Administración en Panamá es escogido por el presidente del país y luego la Asamblea Nacional (Parlamento) “fiscaliza” a esos designados, según detalló el experto.

Tejeira, además, realizó el informe “Reportes de veeduría ciudadana de los procesos de designaciones del Procurador General de la Nación y la Procuradora de la Administración” en el que analiza el procedimiento y perfil del nuevo fiscal general de Panamá, Luis Carlos Manuel Gómez, a partir del próximo enero y de la procuradora de la administración, Grettel Villalaz.

En ambos cargos, el informe resalta la formación de ambos designados, aunque alerta sus vínculos con el actual Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino.

“El asunto es qué podemos hacer para ampliar los tiempos la participación ciudadana, que verdaderamente tengamos un espacio para ver quiénes son estas personas, porque como hemos visto en el pasado estos cargos en particular son muy sensibles a los vaivenes políticos, incluso, a caprichos particulares y por eso la justicia sufre”, detalló Tejeira.

Y agregó: “Vemos que son designados de cierta manera, o no cumplen con cierto perfil, cierto carácter (y) requisitos. Terminan en el puesto y no duran o duran sin hacer el trabajo correctamente. Entonces, por eso es importante ampliar la participación y que podamos ver verdaderamente quiénes son estas personas”.

También se expuso el informe “Trabajo judicial en Panamá: Responsabilidad bajo presión” -presentado hace un mes- que resalta el “esfuerzo” de los trabajadores de la justicia en Panamá para “cumplir sus responsabilidades” pese a los recursos limitados y que la autonomía de los mismos se encuentra “condicionada”, entre otras conclusiones.

En el evento participaron la directora ejecutiva del Panamerican Development Foundation (PADF), Katie Taylor, y Benjamin McIntosh, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estados de los Estados Unidos, además de diputados, exfiscales y periodistas.