Normativa y práctica, las fragilidades de la institucionalidad panameña

Para Olga de Obaldía, abogada y directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, Capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, la fragilidad institucional del país tiene dos partes: normativa y práctica.

“Ambas fortalecidas durante las últimas tres administraciones: 2004 a 2009/ 2009 a 2014 /2014 a 2019 y profundizadas durante la pandemia”, expresó la abogada durante su participación en la conferencia: Institucionalidad y Modernización de la Gestión Pública de CADE 2021.

En este espacio, De Obaldía indicó que la falta de institucionalidad pasa por ciertas premisas a la hora de entender los cuatro principios Universales del Estado de Derecho: Rendición de cuenta, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles para resolver disputas. Que de no ser ejecutadas crearán afectaciones directas, como:

De esos puntos, la falta de profesionalización en el servicio público es el componente que hace más débil a las instituciones del Estado, ya que no se implementa la carrera administrativa, señaló la abogada.

“En la actual administración hemos visto como el problema se ha agravado aún cuando se suspende totalmente la aplicación de la carrera administrativa. Cuando se intenta inclusive eliminar los perfiles académicos y de experiencia para convertirlos en una suerte de nombramientos improvisados que tienen que ver más con el favoritismo político, que con la capacidad de ejercer un puesto. También se suma el aumento que ha tenido la planilla estatal durante la pandemia”, manifestó la directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, Capítulo de Transparencia Internacional de Panamá.

“Si dentro de las instituciones los funcionarios no tienen la preparación, ni la permanencia laboral y no se brinda un servicio de excelencia que no esté supeditado al miedo y al favor político entonces nunca vamos a tener instituciones compuestas por personas que efectivamente puedan llevar adelante esa idea del ejercicio del bien común en un país democrático”, añadió.

De Obaldía comentó que es importante que el sector público entienda que la institucionalidad no puede estar supeditada al interés de pequeños grupos de poder dentro de los partidos políticos.

Reconoció que los nombramientos de los últimos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al exprocurador, Eduardo Ulloa, ha sido una excepción, ya que pudo notar que los nombramientos no generaban conflictos de intereses, conociendo que en otras administraciones se nombraron a personas en la CSJ o en el Ministerio Público con conexiones laborales, familiares o económicas con el Órgano Ejecutivo y que pudieron crear injerencia de un órgano sobre el otro.

Sin embargo, mencionó que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha incumplido el Reto de la Transparencia, que habría aceptado previo a las elecciones de mayo 2019 junto a los otros candidatos. “No ha habido avance al respecto, más bien un retroceso. El reto no solo hablaba de hacer avances en la transparencia porque había otros ámbitos como el de la justicia, las contrataciones públicas y el entorno jurídico”, dijo.

La directora ejecutiva de la Fundación Libertad Ciudadana, Capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, anunció que, si el problema institucional se lleva en el plano internacional, Panamá ocupa una posición de 35 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en 2021, pero con datos del 2020.

“Esta es una calificación que nos pone en un lugar mucho más cerca de la opacidad que la transparencia siendo cero lo más opaco y cielo más transparente y nos pone muy por debajo de la media regional que es 43 y por debajo de la media global que es 45 sobre 100”, cuestionó de Obaldía.

Otros de los puntajes son sobre la revista The Economist donde Panamá tiene una calificación de 37 sobre 100. En el proyecto de Justicia Mundial sobre el imperio de la ley fue ubicado en 36 sobre 100. El foro económico Mundial con una calificación de 31 sobre 100.

“Realmente son mediciones que nos dicen dónde estamos desde el punto de vista de la justicia y cómo impacta eso la institucionalidad. Respecto a nuestras mediciones y observaciones vemos que el país se está alejando de los cuatro principios del Estado de Derecho”, enfatizo la abogada.

“Debemos ser parte de la solución sobre lo que nos está pasando a nivel institucional y su relación con el Estado de derecho, la estructura democrática y la convivencia del país y cómo esto impide el progreso y nos lleva a un retroceso”, concluyó.