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El entramado camino de la inhabilitación de Martinelli
- 05/02/2024 00:07
- 04/02/2024 22:01
La inhabilitación de Ricardo Martinelli no es automática. Existen procedimientos que deben seguirse y en las puertas de las elecciones generales el panorama es claroscuro.
El inédito escenario electoral pone al Tribunal Electoral es una disyuntiva legal y la única herramienta que queda para una posible inhabilitación de la candidatura de Martinelli es el artículo 615 del Código Electoral, específicamente el numeral 10 que otorga potestad a los jueces administrativos electorales de inhabilitar una candidatura.
Los juzgados electorales son la primera instancia en este proceso, ya que en segunda instancia el caso debe pasar al pleno del Tribunal Electoral (TE).
El magistrado Eduardo Valdés Escoffery explicó que la última reforma electoral ha proporcionado mayor transparencia en el proceso de inhabilitación de candidatos, permitiendo a los fiscales administrativos electorales solicitarla en representación de la sociedad e interés de la ley, según el artículo 620 del Código Electoral.
Escoffery detalló que los procesos administrativos del TE son sumarios, sin lugar para los tradicionales recursos dilatorios.
En este contexto, el artículo 180 de la Constitución Política de Panamá establece que no puede ser elegido presidente ni vicepresidente de la República aquel que haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Este es el caso de Martinelli, sin embargo su candidatura navega en una tormenta de interpretaciones sobre la norma electoral.
La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por las magistradas Ariadne Maribel García Angulo (ponente), María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo Batista, no admitió el Recurso de Casación de un expresidente de la República ni de otros cuatro ciudadanos, en el denominado caso New Business.
En consecuencia, Martinelli es condenado a 10 años y ocho meses de prisión, lo que le impediría convertirse en Presidente de la República por mandato constitucional y hasta allí las cosas están clara. Las dudas están en su candidatura y los magistrados del Tribunal Electoral tendrán la última palabra.