Declaran legal aprehensión de migrantes

Las audiencias para legalización de aprehensión de 45 migrantes detenidos el fin de semana pasado, producto de una riña tumultuaria en la que agredieron a uniformados y varios módulos fueron incendiados, continuarán este martes en la sede del Servicio Nacional de Fronteras ubicada en Metetí. Hasta este lunes se había declarado legal la aprehensión de todos ellos, y esperan la fase de imputación de cargos y medidas cautelares que solicite el Ministerio Público.

El sábado en la madrugada, casi a la hora de dormir, cuando los agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) hacían la última ronda en la estación temporal de migrantes de San Vicente, Darién, dos venezolanas empezaron a discutir por un camarote en uno de los dormitorios. La versión oficial es que los esposos de estas empezaron a agredirse, y la pelea escaló. Al ver que no bajaban los ánimos, los agentes de Senafront intentaron separarlos, pero los migrantes empezaron a agredirlos e incentivaron al resto de los ocupantes del dormitorio en contra de los uniformados. Estos dormitorios tienen capacidad para alojar a 500 personas en total, divididas en 10 cubículos.

De acuerdo con una fuente de Migración, algunos migrantes se encapucharon, decían a los uniformados que los tenían estudiados en el sentido del trato que debe recibir un migrante.

Poco a poco se fueron sumando más migrantes en contra de los policías hasta armar una bola como de 200 personas. La situación se salió de control para los policías. “Dentro de los albergues está prohibido el uso de armas, además que las herramientas con las que cuentan los agentes –una situación que involucra a migrantes irregulares y derechos humanos internacionales–, es muy limitada. En esta ocasión buscaron controlar la situación con gases lacrimógenos para intentar restablecer el orden”, recapituló una fuente de Migración a La Estrella de Panamá.

Luego los actos de violencia se extendieron a dañar las instalaciones del centro. De acuerdo con la fuente de migración consultada, incendiaron puntos estratégicos de seguridad migratoria, como la estación de biometría que emplea la Dirección de Migración para identificar a terroristas y delincuentes que intentan cruzar hacia Estados Unidos a pesar de la alerta roja en su contra. Esa estación, que consiste en un contenedor angosto como de 20 pies de largo adaptado para la tarea y cuenta con un escritorio y varias computadoras, fue incendiada, y como consecuencia se perdió información valiosa de 21 laptops de Migración, además del programa de biometría donado por la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

“También prendieron fuego a los comedores y una cocina nueva inaugurada recientemente”, indicó la fuente que solicitó reserva de su nombre.

Como resultado del incidente del fin de semana en la estación temporal de San Vicente, 45 personas fueron detenidas, la mayoría de nacionalidad venezolana, seis colombianos y un ecuatoriano. Todos están pasando por audiencias de control desde el fin de semana, un proceso que durará unos dos días más debido a la cantidad de expedientes que debe ver el juzgado. A los migrantes se les imputarán cargos por los delitos de daños, contra la vida y la integridad personal y a 39 de ellos por el delito de incendiarismo. La audiencia se realiza en la sede del Senafront de Metetí.

Este medio conoció que en un principio se detuvo a 65 personas, pero después se depuró la lista a 45; en el incidente también se dañaron ocho vehículos de migración.

Diana Romero, especialista de emergencias de Unicef, dice estar consternada por los hechos suscitados el sábado. “Para nosotros es lamentable, y reconocemos que afecta a personas en movilidad, como mujeres y niños, y obviamente a los servidores públicos y las comunidades al igual que todos los daños producidos a las instalaciones”. El equipo de Unicef no estaba presente la madrugada de los hechos, pero espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido para hallar lecciones que prevengan situaciones similares en el futuro.

“La población migrante y funcionarios se encuentran sometidos a un estrés producto de la situación que han vivido y de lo que implica continuar su migración hacia el norte. No tenemos detalles más allá de lo que el gobierno ha dicho, lo que puedo decir es que hoy logramos ingresar a la estación, y el equipo de Unicef y socios implementadores está acompañando a los niños y adolescentes en el espacio amigable; también hemos apoyado con agua y saneamiento”, manifestó Romero. De igual forma indicó que cuentan con gestores de caso para acompañar a los familiares de los detenidos, entre ellos mujeres embarazadas y niños.

Los daños ascienden hasta el momento a $550.000 en perjuicio del Estado, siendo destruidos 7 modulares dormitorios de migrantes, un modular de Unicef Panamá y otros de Migración, entre otros.