‘Alerta Amber le falló a Juan David’, reconoce ministra de Gobierno

Con lágrimas, apenas conteniendo el sentimiento, y resignada ante la inoperancia de la Alerta Amber, Briceida García pidió justicia para su hijo, Juan David García, quien fue hallado muerto en un edificio abandonado de Curundú, luego de 12 días de haber sido reportado como desaparecido.

El caso de Juan David, de tan solo 16 años, conmovió a la comunidad panameña y desnudó el fracaso de la Alerta Amber, el reciente sistema de notificación de menores de edad desaparecidos. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconoce las fallas y culpa a la administración anterior por ellas.

“Que ningún niño más sufra lo que sufrió su hijo, tenga o no discapacidad”, reclamó la madre frente a Montalvo, que los recibió este viernes, en medio de las críticas de una alerta que ha salvado vidas en otros países tras su implementación, pero en Panamá no.

Juan David, quien padecía discapacidad auditiva y visual, fue asesinado por otro chico, un año menor que él, que lo apuñaló en el cuello. Así lo dio a conocer la abogada de la familia, Wyznick Ortega, quien también denunció la poca empatía del Ministerio Público al atender la petición de García.

“El Ministerio Público tiene que hacer que la víctima se sienta segura y con las pocas herramientas que tenga, si no las tiene, hacer que esa persona vaya a su casa independientemente del estrato social donde se encuentre’’, explicó la abogada.

García alertó a las autoridades que la tarjeta de transporte de su hijo registró movimientos días después de su desaparición. La tarde del lunes 14 de octubre, diez días después de desaparecer, un menor fue encontrado en la estación del metro de Mañanitas con la tarjeta de Juan David. Luego, confesó haberlo asesinado.

Ortega y la familia cuestionan la tardía actuación de las autoridades. Por su parte, la ministra Montalvo reconoció que hay graves fallas en la aplicación de la Alerta Amber, concebida con la Ley 230 de 2021, que considera fue aprobada implementada de forma ‘prematura’.

Ante estas explicaciones, la abogada Ortega pidió a los diputados que “si es necesario a través de un traslado de partida, le den las herramientas a la ministra para que pueda de alguna manera salir adelante con el mamotreto [de ley] que tenemos, pero que lo tenemos vigente, así nos guste o no, tenemos que hacerlo funcionar’’, manifestó Ortega.

Por el caso de Juan David, se han generado dudas sobre la efectividad de la Alerta Amber, a pesar de que ha tenido éxito en otros país para reportar en tiempo oportuno la desaparición de menores.

Montalvo aceptó la responsabilidad como presidenta del Comité Nacional de Alerta Amber, no sin antes reportar que la herramienta tuvo deficiencias desde su origen.

“Sí, quiero comentarles que esta ley, que data del 2021, fue objetada en su momento cuando se presentó, precisamente por la incapacidad en la que se encontraba el Estado panameño para su adecuada implementación’’, dijo la ministra.

Al mismo tiempo, explicó que al asumir como ministra en 2024, se encontró con una plataforma de Amber que apenas contaba con “medios digitales’’ para alertar a la comunidad. Entre ellos, las redes sociales de los estamentos de seguridad y una aplicación móvil disponible solamente para dispositivos Android, lo que representa un alcance limitado.

Peor aún, la propia ley alberga contradicciones con las competencias de instituciones clave como el Ministerio Público (PM), entidad que da luz vede al Ministerio de Gobierno (Mingob) para emitir una alerta. Montalvo explicó que la norma contraviene los protocolos del MP. Asimismo, destacó que se requerían $5 millones para implementar la herramienta, pero al momento de entrar en funcionamiento había únicamente $50 mil presupuestados.

La ministra fue cuestionada sobre el funcionamiento de Amber en otros países, donde existe la posibilidad de alertar a la población de desapariciones a través de mensajes directos a los dispositivos móviles, envío de correos electrónicos y anuncios en medios de comunicación.

“[Teníamos] problemas con las concesiones que datan de 1994 y 1998, que guardan relación con las telefónicas. Había que atender esa concesiones para que nosotros pudiésemos implementar la ley’’, sostuvo.

En este sentido, el Mingob apunta a la subrogación de la ley. ‘’Vamos a involucrar a todos los que tengamos que participar (...) yo espero tener ese apoyo [de los diputados de la Asamblea Nacional] para que a la brevedad posible se pueda transformar en una ley que nos permita a nosotros, en verdad, proteger a nuestros menores’’ sentenció.

García, visiblemente afectada, recibió las disculpas ofrecidas por la ministra a pesar de que estas no le devolverán a su hijo. Solo espera que una tragedia como esta no la tenga que vivir ninguna madre nunca más.