Advierten sobre subregistro y aparición de rutas ante política migratoria en Darién

Misioneros y asociaciones de ayuda humanitaria corroboran las pésimas condiciones que deben enfrentar los migrantes en Darién, descritas en el último informe de Human Rights Watch, que señala que Panamá evidencia fallas graves en la gestión de la migración irregular en la región.

Y es que a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, entre ella el intento de cierre de la frontera y el establecimiento de pasos gobierno específicos para el “flujo controlado” de migrantes, sigue habiendo dificultades para atender el volumen de personas que cruzan la frontera, lo que se suma a la falta de recursos para atenderlos una vez que llegan a Panamá.

Kathia Díaz, miembro de la Comisión de Justicia y Paz, entidad católica en defensa de los derechos humanos y que se encuentran brindado apoyo humanitario en Darién, señaló a La Estrella de Panamá que aunque sí ha visto una disminución del flujo, esto podría deberse a un subregistro y al paso por puntos ciegos no reconocidos por las autoridades migratorias del país.

“Si es por la cantidad de personas, efectivamente hay una disminución. Una de las razones puede ser las medidas que ha tomado el gobierno, pero también tiene que ver con que los migrantes pueden estar entrando por otras rutas que no son las que ha identificado el gobierno”, dijo.

Por su parte, Abraham Ramos, misionero claretiano y miembro de la Red Clamor Panamá, que ha brindado ayuda en las áreas de Santa Fe y Agua Fría, menciona que lo establecido por el gobierno de cercar las entradas conocidas por las autoridades en el Darién funcionó en su momento, pero actualmente hay migraciones masivas llegando por entradas más arriesgadas al no tener caminos hechos.

Debido a esto los migrantes tienen mucho más contacto con la selva y muchos entran al país con picaduras de insectos lo que les provoca vómito, diarrea y un cuadro viral parecido al del dengue, sin embargo son pocos los que reciben la atención debida por parte de las autoridades en los refugios oficiales.

“Las autoridades tratan a los migrantes como números estadísticos y no como personas. Ellos van a atender a los que tienen los cuadros más dramáticos, es decir, niveles de deshidratación altos o temperaturas altas, pero alguien que presente levemente síntomas no le van a hacer ni caso”, explicó Ramos.

Agregó que parte importante de la poca atención médica que se les brinda a quienes vienen llegando se debe a la falta de recursos en los refugios, pues cada persona que presenta un cuadro de salud es un gasto. Tampoco se les atiende en centros de salud, porque colapsaría el sistema y no habría servicio para los pobladores del área.

Díaz, por su parte, comenta que factores como la cantidad de la población que llega o la demora en la salida de los buses hasta Chiriquí afectan en cómo se da el servicio en los refugios e impactan de manera directa el número de recursos con los que cuentan los albergues de migrantes.

“El gobierno no tiene la capacidad para atender a tanta gente, entonces están haciendo todo lo posible para disminuir la cantidad de gente que llega, porque no los pueden detener”, señaló el misionero, que coincidió que las deportaciones masivas más bien se encuentran en la esfera de la disuasión más que una reducción efectiva del flujo.

Los campamentos que mantenía la población indígena en la provincia ayudaban a aminorar este tipo de situaciones, sin embargo, la comarca Emberá-Wounaan ha parado cualquier tipo de ayuda después del cierre de su albergue, y lo que han sentido es discriminación.

“Es una organización que se ha dado a la vista de las autoridades, porque era de su conocimiento, y no se creó hace dos meses sino que tiene mucho tiempo y es muy visible. Lo que podría decir es que ahora se desconoce ese servicio por el hecho de que son indígenas quienes lo brindan”, argumentó Díaz, a quien le parece lamentable, pues era un espacio que podía servir de articulación entre la comunidad y las autoridades para enfrentar la migración.

En su informe, Human Rights Watch señaló que los vuelos de expatriación de Panamá, como parte del acuerdo con Estados Unidos, se dan al tiempo que el país evidencia un sistema de refugio inadecuado y carente de recursos suficientes para brindar una atención segura a quienes llegan al país a través del Darién.

Miembros de las organizaciones humanitarias en el terreno expresaron dudas sobre la voluntariedad de las deportaciones masivas, principal política migratorias de las nuevas autoridades en el Ministerio de Seguridad y el Servicio Nacional de Migración.

De acuerdo con Ramos, las autoridades buscan dos tipos de perfiles para estos vuelos. El primero, son migrantes irregulares que tengan algún antecedente criminal, el perfil más publicitado por las autoridades. El otro perfil, menos difundido, tiene que ver con las personas que solamente están trabajando en las calles para poder pagar su travesía hacia América del Norte.

“No es voluntario, más bien los policías salen a cazar gente para intimidar un poco a quienes están en Panamá de manera irregular. Yo pienso que estas deportaciones son más para atemorizar y escarmentar, no es otra cosa”, comentó Ramos.

La Estrella de Panamá escribió al Ministerio de Seguridad para conocer su versión pero no hubo respuesta.

Desde el 20 de agosto Panamá está realizando vuelos de repatriación a migrantes de diferentes nacionalidades. Hasta el momento se han devuelto a su país a más de 130 migrantes de Colombia, Ecuador y la India.

Todo como parte de lo establecido en el Memorándum de Entendimiento entre el gobierno de Panamá y Estados Unidos firmado el pasado 1 de julio.

Una colaboración en la que Panamá asume la parte operativa de la deportación y el gobierno estadounidense pone el dinero.

Según datos de Migración para agosto este año transitó 16,603 migrantes irregulares por el Darién, 3,916 personas menos que el mes de julio y 14,446 menos que los cifrado para junio.