Persecución religiosa

La dictadura en Nicaragua no da tregua a los religiosos. La animadversión del régimen es cada vez más visible. Adjetivos desde “fariseos”, “sepulcros blanqueados” hasta “somocistas” han acompañado el discurso de Daniel Ortega cuando se refiere a los líderes de la Iglesia católica. Y estos golpes al catolicismo –la religión mayoritaria del país– no han sido solo a curas nacionales: hace apenas dos días, en plena Semana Santa, el sacerdote panameño Donaciano Alarcón fue expulsado de ese país. Entre abril de 2018 y octubre de 2022 el régimen ha ejecutado 396 ataques contra la Iglesia católica, según una investigación de la abogada e investigadora –en el exilio– Patricia Molina. En un contexto en el que se vive en un permanente estado de sitio con la anulación de hecho de las libertades públicas, es imposible vivir en paz. Allí hay encarcelamientos, expulsiones, procesos penales y cierre de medios en general e incluso religiosos, lo que hace que se incumplan tratados internacionales, en especial el derecho a la libertad religiosa, consignado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta realidad exige reaccionar. No hay espacio para la indiferencia internacional. Urge una denuncia y actuación concordada entre los países que defienden las libertades y la democracia.