La designación del abogado Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, como nuevo procurador general de la Nación, en reemplazo de Javier Caraballo, supone una gran expectativa. El peso que conlleva la responsabilidad del rol y la inestabilidad histórica del cargo hacen que los ojos del país vigilen cada paso dado tras su posible ratificación en la Asamblea Nacional. Luis Gómez tendrá que destacarse por su lucha eficaz y efectiva contra la corrupción que está esparcida por todas las instituciones, lo que ha debilitado, por años, la legitimidad del Estado. Deberá garantizar la calidad y eficiencia de todos los procesos investigativos, sin permitir posibles amenazas del crimen organizado. También está de por medio que la Procuraduría no ceda ante posibles presiones políticas frente a los casos de alto perfil que investigue el Ministerio Público: perseguir los delitos, vengan de dónde vengan, deberá ser su bastión. Es necesario exigir que se destine tiempo y presupuesto para la formación y capacitación de los fiscales y servidores judiciales para que así el mérito y la academia pese ante cualquier escenario. La Procuraduría tendrá que mantener una prudente distancia del Ejecutivo con el fin de que no se ponga en tela de juicio su actuar ni lesione su independencia. Que los hechos demuestren la capacidad del nuevo procurador y que por encima del apoyo del Gobierno prevalezca su misión con el país.

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