La migración irregular se ha convertido en un desafío social y global que exige ser abordado desde el consenso y la determinación de los países afectados y causales. El gobierno de Panamá ha enfrentado el problema con solvencia y resultados debido a que la circunstancias geográficas le obligan a actuar con mucho más urgencia que otros países. Se ha denunciado que el Darién es una tragedia y su selva se ha convertido en la ruta irregular que toman los miles que se abrazan al último de sus anhelos: el sueño americano. Esta crisis fue expuesta por diversos países en la reciente Asamblea General de la ONU, pero el problema se debe abordar con realismo y perspectiva de futuro. EE.UU. y Panamá trabajan en conjunto través de vuelos de repatriación y deportación, pero la iniciativa se ha entorpecido debido a la crisis diplomática entre Panamá y Venezuela, país de donde huye su gente por la dictadura madurista. Afortunadamente el presidente colombiano, Gustavo Petro, sumó apoyo a la propuesta del gobierno de Mulino que busca construir una única ruta migratoria, controlada por ambas naciones que comparten frontera. Los gobiernos de la región deben mirar a Panamá y apoyar en medidas para garantizar el trayecto de los migrantes. Además es imperativo presionar a las autoridades e instituciones para que se preserve el cuidado de la vida y la dignidad de quienes llegan de la selva. No se puede permitir que la crisis migratoria se convierta en porcentajes y datos: son vidas que huyen de su patria por un futuro próspero y seguro.

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