Entrelíneas del 20 de enero de 2025

En torno al caso Odebrecht se ha hablado y escrito ampliamente. Desde como una empresa en Brasil tejió una amplia red de corrupción internacional, hasta las fallas institucionales y el desafío de la justicia en procesos de alto perfil. Sobre esto último, casi todos los países de América Latina y el Caribe que abrieron investigaciones ligadas a la constructora y su “caja B” de sobornos, terminaron en condenas o en procesos que aún están en curso. Panamá, como suele ocurrir en muchos otros aspectos del desarrollo histórico de la región, llega tarde y con deficiencias en materia judicial. Cargando, además, con el estigma de ser de los pocos países sin una sola condena, lo que nutre el argumento de que somos un país donde la impunidad es moneda de cambio. Tras un largo periodo de posposiciones y medidas dilatorias, hoy debe darse la audiencia donde hay 31 procesados por blanqueo, entre ellos exministros, expresidentes, y empresarios. No se trata de un juicio que debe castigar a los culpables de satisfacer su codicia y negocios a costilla de los panameños, sino también mandar un mensaje al mundo, de que Panamá es un Estado de derecho, donde impera el orden y la justicia no es una caricatura. Con el respeto de todas las garantías para los implicados, esta causa debe tener consecuencias que fortalezcan la institucionalidad con condenas contundentes en derecho. Lo contrario, debilitará al país a lo interno y ante la comunidad internacional en el peor momento, cuando enfrentamos amenazas extranjeras.