Entrelíneas del 2 de abril de 2025

La actual crisis diplomática entre Panamá y Nicaragua pone sobre la mesa nuevamente un problema internacional con importantes consecuencias en la política interna. Los chantajes lanzados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como precondiciones para recibir a Ricardo Martinelli en condición de “asilado político”, deben ser considerados como una afrenta inaceptable para nuestro país. La política exterior de Panamá es soberana y rechaza cualquier intento de intervenir en nuestros asuntos internos. Mucho menos, viniendo de un régimen caracterizado por suprimir libertades, perseguir a opositores políticos y destrozar la democracia que con sangre les costó alcanzar a los nicaragüenses tras acabar con la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. El futuro de Ricardo Martinelli debe resolverse en derecho, cumpliendo la ley y lejos de todo atisbo de impunidad. Flaco favor le hace el presidente José Raúl Mulino al país si, en un ejercicio de pragmatismo político, elige ceder ante los chantajes de Managua o alcanzar algún acuerdo que reafirme la percepción de la ciudadanía de que en Panamá la justicia nunca alcanza a los poderosos.