Entrelíneas del 17 de octubre de 2024

La salida de Panamá de las pruebas PISA dejó al país sin un importante instrumento de evaluación de la educación nacional. La pobreza de los argumentos que justificaron la decisión y la falta de información sobre el nuevo mecanismo de evaluación que prometió la ministra de Educación, Lucy Molinar, son señales que no generan confianza. Por el contrario, nos recuerdan una verdad cruda, que Panamá carece de una política pública de evaluación educativa coherente y continuada en el tiempo, un problema que supera el debate de si utilizamos PISA u otro método de evaluación internacional. Educación sin evaluación es como un barco sin vela ni dirección. ¿Hacia dónde va Panamá en materia educativa? ¿Qué queremos y necesitamos evaluar? Son interrogantes que ningún gobierno postinvasión ha sido capaz de contestar, en una mezcla de indolencia, politiquería e incapacidad. Urge un debate nacional y democrático sobre políticas educativas que realmente contemple el desarrollo económico y social del país. Allí el Gobierno tiene la responsabilidad primaria; en vez de poner la carreta delante de los bueyes con compras de ‘laptops’ y decisiones sin sustento técnico, el Ministerio de Educación debe, de una vez por todas, definir una política educativa de Estado, al servicio de la población.