Este viernes 20 de diciembre se conmemoran los 35 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Hasta la fecha se ignora el número exacto de víctimas,...
La decisión del presidente de la República, José Raúl Mulino, de endurecer las medidas de su gobierno con los países que incluyan a Panamá en listas discriminatorias, hace mucho tiempo debió asumirse como una posición de Estado. Si bien la política del Estado panameño en materia fiscal estuvo en el ojo de la crítica por su laxitud y todavía deben mejorarse los términos de transparencia en ese tema, el país ha avanzado en robustecer su normativa e institucionalidad, lo suficiente como para no aparecer en listas de nadie. Unas listas que, además, supeditan lo político sobre lo técnico. La idea de que organismos, orientados por los países más ricos, dicten a su antojo quién es más o menos transparente, según sus criterios, denota todavía un dejo de superioridad propio de la era colonial. Peor aún, cuando algunas de estas potencias ni siquiera cumplen con lo que exigen. Aplicar la retorsión debe ser el primer paso hacia un plan para limpiar intencionalmente el nombre del país.
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