La tradición republicana, de la que bebe gran parte de las naciones en el centro y la periferia de Occidente, asume la idea de lo público como aquello que es común a todos los ciudadanos. Un concepto que ha variado en el transcurso de la historia y que encuentra una permanente tensión frente a los intereses particulares de quienes asumen el poder. Panamá no es la excepción. El tema de la Caja de Seguro Social (CSS), la explotación minera o la reforma a la Constitución, son discusiones de carácter público y no deben estar contaminadas de las pretensiones interesadas de quienes ven al Estado como un trampolín para hacer negocios en detrimento de los intereses nacionales. En los últimos días, reaparecieron bancadas de la Asamblea hablando de la CSS con soluciones mágicas, con tintes politiqueros, mientras empresarios y trabajadores se atrincheran en sus posturas, y el Gobierno no demuestra capacidad para generar consensos. Un escenario contrario al espíritu del bien común. La cosa pública no puede ser un tinglado de intereses particulares, sean del Ejecutivo, de la sociedad civil organizada o desde una embajada extranjera. No esperamos que este debate devenga de una crisis, actuemos ahora.

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