Entrelíneas del 1 de diciembre de 2024

Distintas autoridades del Gobierno reconocen que las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública son un problema financiero para las arcas del Estado. De allí que es necesario, también, abrir una discusión amplia sobre el tema, sin que eso represente una desmejora de la calidad de vida de los uniformados. Todo miembro de los estamentos de seguridad tiene derecho a una pensión digna y que contemple los riesgos profesionales de un trabajo en el que ponen sus vidas en peligro cada día. Pero al mismo tiempo, no podemos obviar que nuestra Carta Magna es clara al señalar que no habrá fueros ni privilegios para nadie. La madurez de la democracia panameña debe permitir abrir la discusión sin que eso represente un elemento de desestabilización del país, como ocurría antes con la vieja Guardia Nacional. Un reto que debemos asumir todos, gobierno, ciudadanía y Fuerza Pública.