Vuelven los ambientalistas de TilTok

La seguridad jurídica es requisito para atraer las inversiones extranjeras que producen empleos. Así como los niños creen en Santa Claus o el ratón Pérez, quizás usted crea que en nuestro país esa seguridad existe. Pero, por los ataques que hoy recibe en Chiriquí el proyecto Puerto Barú, ese requisito es una fantasía infantil, como la del gordo barbiblanco vestido de rojo y la del roedor recoge dientes. Ese puerto es desarrollado por la empresa Ocean Pacific Financial Services en 124 hectáreas de terrenos privados.

Su historia se remonta a Puerto Pedregal, uno de los ramales del ferrocarril construido por el expresidente Belisario Porras en 1916 y que operó por 50 años. Y, Puerto Cabrito (sitio del proyecto), se utilizó durante las décadas del 60 y 70, siempre con el potencial de ser un puerto importante para servir a la agricultura.

Los empresarios norteamericanos que lideran el proyecto llevan ya más de cuatro años invirtiendo, apegándose a la ley y el ordenamiento territorial. Por su excelente manejo de agua y energía, éste será el primer puerto verde en Panamá, con tres pilares que son: turismo, agroindustria y logística. Es una inversión de $250 millones que se construirá en la provincia del presidente Mulino. Tendrá un puerto de carga comercial, una marina, una zona residencial, un parque de bodegas, una terminal de minicruceros y otra para almacenar combustible.

Desarrollado en fincas privadas tituladas desde 1970, el proyecto está fuera de las áreas protegidas del manglar de David. Así lo certifican tres resoluciones de viabilidad ambiental y los permisos de uso de suelo. Su ubicación es ideal, a 75 kilómetros de la frontera de Paso Canoas y a 15 minutos del aeropuerto Malek. Actualmente, la carga entre Chiriquí y el sur de Costa Rica se mueve principalmente a través del Puerto tico de Caldera y, en un porcentaje menor, por el canal de Panamá. Puerto Barú será el que lo haga de ahora en adelante.

Los ataques que mencione en el primer párrafo, los hacen unos jóvenes criticones que bauticé como “ambientalistas de TikTok”. Protegen la naturaleza desde el teclado y las redes, sin mojarse el trasero ni involucrarse de verdad. Evitan la incomodidad de conocer en sitio de primera mano –y pie– los hechos que denuncian.Por la decisión de la Corte Suprema en noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato suscrito entre Cobre Panamá y el Estado, escribí en diciembre un artículo sobre ellos. Fue muy comentado, pues causó polémica entre este servidor y Raisa Banfield. Me dio gusto que los secuaces de la ex vicealcaldesa me llamaran “cretino”. Es prueba de que pegué donde les duele ¡Mucho!

Esos jóvenes antes no participaban en política. En el caso de la minería, se involucraron influenciados por unos viejos manipuladores que los marearon, aunque reconozco que dieron voz y cuerpo a la frustración ciudadana contra el gobierno que terminó el 30 de junio. Consiguieron su meta, pues las operaciones de la mina cesaron abruptamente y diez meses después de la decisión de la Corte, se desentienden de dos horrendas consecuencias reales.

La primera es que perdimos el grado de inversión logrado en 2010 y dicha pérdida ha incrementado los intereses de nuestros préstamos y aumentará el costo de la vida. La segunda es que el desempleo en Coclé subió de 4% a 14% y el nacional de 7 a 9%. Los ambientalistas de TikTok regresan y ahora el área en disputa no es Donoso, sino el golfo de Chiriquí. Insisten en presentarnos un falso dilema para hacernos creer que solo se puede elegir entre desarrollo económico o protección de la naturaleza. Manipulando la realidad con fines perversos, su falso dilema ignora las muchas opciones que ofrece el desarrollo sustentable para satisfacer las necesidades de la generación actual, sin negar ese derecho a las futuras.

Usan nuevamente la guerra jurídica, ahora contra el proyecto de Puerto Barú. Seis organizaciones inventan razones para tumbarlo. Tres de ellas son el Centro de Incidencia Ambiental Panamá, la fundación Adopta Bosque Panamá y la Fundación Panacetacea. A inicios de septiembre presentaron a la Corte una demanda para que se declare nula la resolución con la que el Ministerio de Ambiente aprobó el estudio de impacto ambiental. La presentan fuera de los plazos que ese estudio establece, de modo que sea una demanda de nulidad contra el Ministerio de Ambiente y no un amparo. Así la empresa será un tercero afectado, con capacidad limitada de defenderse durante el proceso.

Argumentan que el proyecto tendrá un impacto directo en un área con “25% de los manglares del país y en la cual se estudia una población de delfines nariz de botella y ballenas jorobadas”. Pretenden desconocer que el proyecto fue consultado y discutido en un foro público con 700 participantes de la sociedad civil, grupos ambientales de la provincia y vecinos.

Las conclusiones del foro y la resolución son claros, pues obligan a la empresa a que en ninguna de sus etapas y actividades se afecten las zonas circundantes, así como a establecer planes de monitoreo para cuidar el manglar y sus ecosistemas marino-costeros. Véalo usted mismo visitando

Este nuevo puerto (incluido ya en la excelente visión del Centro de Competitividad de la Región Occidental, CECOMRO, liderado por Felipe Rodríguez), implica 1200 empleos directos para su construcción, 700 para la operación del muelle, 300 para la operación turística y 500 indirectos. . ¿Cree usted que los chiricanos permitirán que los ambientalistas de TikTok afecten la provincia y el país con su perversa guerra jurídica?