Violencia contra mujeres mayores

La violencia de género es y ha sido, a través de la historia de la humanidad, una importante problemática y lacra social, que ha tenido altos costos en vidas y arruinado otras tantas.

En el marco de las actividades de conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presenta en Panamá, bajo el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de Naciones Unidas, un estudio exploratorio, reciente y pionero desde el enfoque de género, sobre la situación actual de la violencia contra las mujeres adultas mayores.

El estudio en mención tuvo una duración de 10 meses (marzo a noviembre de 2021); se realizó dentro de las limitaciones de la pandemia de Covid-19, con la participación de un equipo interdisciplinario y el apoyo de diversas organizaciones de mujeres y de la sociedad civil. Se utilizó la metodología de recolección de datos mediante entrevistas y encuestas con una cobertura de cuatro provincias: Colón, Chiriquí, Veraguas y Panamá Centro.

El objetivo general de la investigación está centrado en conocer la realidad de las mujeres adultas mayores en cuanto a la violencia ejercida en su contra, en tanto que, como objetivos específicos, busca una aproximación al conocimiento de la violencia contra ese grupo humano específico, particularmente la violencia intrafamiliar; identificar las modalidades de dicha forma de violencia, factores causales y sus consecuencias. Otro objetivo específico se centra en hacer importantes aportes a la elaboración de programas, planes y proyectos, dirigidos a atender este grave problema social de discriminación contra las mujeres, especialmente las adultas mayores, ya que diversas estadísticas registran altas cifras por violencia contra las mujeres, en especial la violencia doméstica. Como resultado de la pandemia de covid-19, se registraron 15,123 denuncias a nivel nacional, evidenciando que la crisis por la pandemia ha provocado impactos específicos sobre las mujeres, profundizando las desigualdades de género existentes.

Entre las conclusiones más relevantes del estudio de aproximación al conocimiento sobre la violencia contra las mujeres adultas mayores, se confirma que las mujeres en su mayoría identifican la violencia y la han padecido a lo largo de sus vidas, sea de parte de sus parejas o algún otro familiar, sobre todos los hijos e hijas. Se indica categóricamente que este grupo humano específico no ha recibido del Estado atención especializada para atender esta situación.

Igualmente, se señala como recomendaciones la necesidad de continuar la promoción y respaldo de este tipo de investigaciones respecto a la violencia contra las mujeres, particularmente identificando grupos humanos específicos por edad, etnia, y discapacidad, además de crear los medios para dar continuidad a las recomendaciones que se deriven de esos estudios, por medio de leyes, políticas públicas, recurso humano especializado y calificado, así como los presupuestos para lograr resultados eficaces.

En el ámbito jurídico, el estudio señala que existe una amplia brecha entre la situación de jure y de facto, que obedece en parte a la inexistencia de mecanismos de exigibilidad; por ello, las normas legales que protegen a las personas adultas mayores no siempre se traducen en una cobertura real y efectiva.

En el plano nacional, hay una normativa dispersa que requiere una ley integral específica para la materia, que haga referencia explícitamente a los derechos de las personas adultas mayores y que establezca con claridad los organismos o mecanismos de control, seguimiento y ejecución necesarios.

Se recomienda, entre otras cosas, la pronta ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como la ratificación del Convenio 190 de 2019 de la OIT, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Se recomienda también que las políticas públicas, planes y programas del estado panameño dirigidas a este sector de la población, para que sean eficientes, estén centradas en un enfoque de derechos. Es decir, las personas adultas mayores deben ser consideradas sujetos de derechos, beneficiarias de las políticas públicas. Estas políticas deben traspasar la esfera individual en la atención e incluir, entre otros, los derechos sociales, al trabajo, estudio, asistencia, salud, seguridad, recreación y medio ambiente saludable.

Los conceptos de igualdad, equidad y justicia deben considerarse en todas las estrategias políticas, planes, programas y en las acciones de la sociedad, para que no haya personas adultas, especialmente mujeres, excluidas, discriminadas, violentadas o asesinadas.

Al Estado le decimos que no actuar no es una opción ante la violencia hacia las mujeres. Eliminar la violencia de género no es asunto de mujeres, es responsabilidad de toda la humanidad. 

La autora es abogada.