La corrupción ha sido identificada como el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social del país por la ciudadanía y por organizaciones internacionales,...

- 24/04/2025 09:57
El presidente de la República, José Raúl Mulino, sigue de cerca las discusiones que la Asamblea Nacional realiza entorno al proyecto de ley de amnistía, ya que si avanza en tercer debate deberá tomar una decisión.
“Si se aprueba y llega a tener los votos tendré que analizar la misma para ver la sanción presidencial, es decir, si se da o no se da, pero eso es lo que les puedo decir, al final eso le compete a la Asamblea Nacional y no a mí”, comentó Mulino, este jueves, durante su conferencia semanal.
El mandatario aclaró que el proyecto de ley es una iniciativa de la Asamblea. “Yo no tengo nada que ver con esa iniciativa de amnistía dentro del Órgano Legislativo que por Constitución le corresponde dar una amnistía”, dijo.
Explicó que la Constitución habla sobre delitos políticos y no por delitos comunes.
Por lo tanto, sentenció que “este presidente no esta por la corrupción, no por la impunidad”.
El proyecto de ley 235 presentado por el diputado Jairo Salazar busca otorgar una amnistía por “delitos políticos” a personas vinculadas en casos de corrupción, que favorecería a personas como los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
El 15 de abril, la Comisión de Gobierno rechazó el proyecto de ley. Sin embargo, el presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, presentó al día siguiente un “informe de minoría” en defensa de la iniciativa legislativa. Este informe puede ser sometido a votación en el pleno de la Asamblea y llevarlo a segundo debate.
El artículo 166 de la Constitución establece que, si el pleno de la Asamblea deja sin efecto la decisión de los comisionados en primer debate, aunque haya sido por mayoría, este mismo órgano podrá iniciar su análisis en segundo debate.
Sin embargo, Camacho no ha llevado el proyecto a votación y aún no cuenta con los votos suficientes. Si pierde la votación en el pleno, o si ni siquiera se vota antes del 30 de abril, que es cuando termina el actual período de sesiones ordinarias de la Asamblea, sería el fin del proyecto de ley. Sus promotores tendrían que preparar uno nuevo y pasarlo por todas las fases legislativas desde el inicio.