Vacunas contra la COVID-19 y polémicas

El valor científico de las vacunas contra la COVID-19, aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido ampliamente demostrado, en cuanto a la prevención de las formas graves de la enfermedad (ver estadísticas de la OMS y del Ministerio de Salud en Panamá). Por lo tanto, las opiniones negativas contra las vacunas pueden ser refutadas con estos datos comprobados y otros argumentos científicos de inmunología. La búsqueda de nuevas vacunas más eficaces no invalida estas conclusiones basadas en evidencias.

La aprobación de las vacunas está basada sobre el concepto de urgencia epzidemiológica, obviando la observación de los efectos segundarios a largo plazo. Esta situación es lícita, en cuanto ha permitido limitar el número de muertes. Sin embargo, plantea la responsabilidad compartida de las compañías farmacéuticas productoras de las vacunas y de los Gobiernos que la promovieron o impusieron en sus países, frente a la atención de estos efectos segundarios (hasta el momento raros e inherentes a toda medicación). Desconocemos los términos de los contratos con estas compañías farmacéuticas y si hay una compensación de los gastos de atención del Minsa y de la Caja de Seguro Social. Esta atención no tiene relación con la atención debida de la enfermedad por COVID-19, que es una obligación del Estado, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la definición de salud como derecho humano de la OMS, y la Constitución Panameña. Debemos solicitar que las compañías farmacéuticas que venden las vacunas contra COVID-19 en Panamá participen en los gastos de atención de los posibles efectos segundarios de sus vacunas.

Otra alternativa sería negociar la entrada de todas las vacunas aprobadas por la OMS al mejor costo, bajo la gobernanza del Minsa y en las condiciones mencionadas, tanto para la elección de las vacunas o las combinaciones de vacunas adaptadas a cada individuo, según las recomendaciones internacionales, como para la elección de los médicos responsables de aplicarlas.

Cumpliendo con los derechos a la vida y a la salud, el Gobierno panameño ha puesto vacunas de comprobado efecto a disposición de sus ciudadanos y de todos los que residen en Panamá. Es de saludar esta acción responsable. Sin embargo, la OMS advierte que todo el continente africano y varios países de América Latina no tienen este acceso por el costo de las vacunas del mercado actual y del rechazo de las compañías farmacéuticas y de ciertos Gobiernos de liberar las patentes para una producción mayor a costo alcanzable para todos. Debemos solicitar al Gobierno panameño apoyar la solicitud de los países y de las organizaciones no gubernamentales sin fin de lucro que solicitan esta liberación de patente y apoyo a la producción de vacunas.

El reconocimiento internacional de las acciones de Panamá en cuanto a las medidas generales contra la pandemia, en particular en cuanto a la vacunación, le permite analizar estos aspectos de justicia e igualdad frente a las leyes de mercado que no deben ser aplicadas en las políticas de salud.