Universidad y política nacional

En el 2023 entramos ya en un año de actividad política. Muchos partidos están moviendo sus cuadros para definir alianzas que les permitan lograr la presea más importante: la Presidencia de la República, un grupo representativo de diputados en la Asamblea Nacional y, hacia abajo las alcaldías y las representaciones de corregimiento que puedan alcanzar.

Se acostumbra a definir la política como el arte de gobernar. Así, se puede tener Gobiernos exitosos en su misión, Gobiernos que están en el promedio de sus logros y, otros, cuyas ejecutorias son inferiores a las del resto de los Gobiernos mencionados.

Este año 2023, es atípico en la calificación de la gobernanza. La epidemia impuso entre 2020 y el 2022, serias limitaciones para ejecutar los planes y proyectos previstos, para obtener los resultados que le ofertaron a la sociedad. Muchos Gobiernos utilizaron los recursos económicos propios y de los préstamos internacionales para paliar esta tormenta imparable que se les vino encima. Además, imaginar y poner en marcha esquemas efectivos para asegurarles ingresos y alimentación a la mayoría de la población que había perdido sus empleos frente al cierre o disminución del funcionamiento de las empresas. Las recaudaciones fiscales, lo mismo que el empleo cayeron hasta un 35 % de lo acostumbrado en años normales. Todas las instituciones gubernamentales padecieron la contracción de sus ingresos y funcionamiento, entre ellas las educativas.

Hacia el año 2024, momento de las elecciones, el panorama es completamente distinto. El partido o los partidos políticos que asuman el poder, podrán enfrentar contingencias, que con buen timonel, podrán sortear las dificultades y cumplir con la población en áreas consideradas estratégicas para el progreso y la equidad de la sociedad.

Puede ser todavía muy temprano, sin embargo, no se ha escuchado ni se ha visto el acento que pondrían estos partidos en sus propuestas políticas, en el fortalecimiento de las instituciones universitarias en Panamá. Todos los países avanzados han cuidado muy bien la formación de su capital humano, la generación del conocimiento y las innovaciones. Igualmente, fomentan y aseguran las alianzas con otras universidades, empresas, organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras. Así como la generación de servicios en áreas que generan valor agregado y requieren de los saberes de última generación.

La prosperidad de estos países depende en gran parte de las buenas universidades que poseen, que hacen posible la creación de empleos decentes y bien remunerados, alcanzar los niveles deseables de sostenibilidad ambiental, cerrar las brechas económicas entre los diferentes grupos humanos, fortaleciendo las oportunidades de la población de los campos y las ciudades, de prepararse para un futuro, cada vez más incierto, complejo y tecnológicamente más avanzado.

Este país ha demostrado capacidades y valores para impulsar una educación universitaria de alta calidad. Además, existen nuevos modelos de evaluación que permiten identificar oportuna y permanentemente las competencias curriculares y profesionales de países avanzados que son referentes, al facilitar conocer sus avances, responder a las nuevas demandas de formación, investigación y extensión; corregir sus desviaciones y mejorar el desempeño de sus instituciones de educación superior.

Un sistema universitario debe contribuir a satisfacer las múltiples necesidades y demandas nacionales en materia de educación, economía, empleo y calidad de vida. De sus misiones institucionales se derivan importantes funciones, como: formar profesionales e investigadores con elevadas competencias, crear nuevos conocimientos para ayudar a resolver problemas nacionales, especialmente de los grupos más vulnerables, fomentar la innovación, contribuir a formular políticas públicas, crear vinculaciones nacionales e internacionales con universidades e institutos que trabajan en el I+D+I, aprovechar las herramientas digitales y los entornos virtuales hacia un trabajo más eficiente y productivo.

Las instituciones universitarias del país, deben cohesionarse para aportar lo mejor de su trabajo académico y científico al desarrollo nacional. Especialmente, las cinco universidades oficiales que deben ser modelos de actuación en todas las esferas institucionales, siendo cada vez más eficientes, productivas, investigativas e innovadoras.

En un país pequeño como el nuestro, es posible lograr la universalización de la educación superior, mediante carreras técnicas de corta duración. Igualmente, agregando ofertas de licenciaturas, posgrados y doctorados. La baja eficiencia interna en los diferentes niveles de enseñanza, es un problema que debe enfrentarse. A la Educación Superior sólo llegó (2018) el 41.0 % de los graduados en la enseñanza Media. Pese al aparente crecimiento de su matrícula (6.06 %), sólo el 25 % de los estudiantes, en promedio, lograban graduarse, de acuerdo al número de años establecidos por la carrera, hecho que refleja un bajo nivel de efectividad del sistema universitario. La ruptura en las trayectorias de los estudiantes en todos los niveles educativos, se observa como un efecto perverso del sistema educativo panameño, acentuado por la pandemia.

Es en esencia el ser humano el centro y constructor de la revolución científica y tecnológica, cuyos procesos y productos han transformado completamente la vida de las personas, los pueblos, las sociedades y el mundo global, cuando ese ser humano es formado con las competencias indispensable para trabajar y vivir en sociedades del siglo XXI. El capital más importante es el conocimiento, que se genera, difunde y transfiere desde las universidades mediante sus protagonistas que son los estudiantes, los docentes, investigadores y extensionistas. Este conocimiento, al compartirse y vincularse a las necesidades de las organizaciones y grupos humanos, se convierte en un factor determinante para la innovación y en una herramienta robusta para realizar las transformaciones socioeconómicas y culturales hacia una vida más próspera, inclusiva y pacífica del ser humano.

Así, los recursos que se asignan a las universidades, según sus prioridades, lejos de ser un gasto, como lo perciben algunos gobernantes y sus técnicos, se convierten en inversiones que, en el mediano y largo plazo, permiten cumplir con las promesas políticas de mejorar la calidad de vida y la integración de la sociedad panameña.