Universidad y crisis humanitaria en Darién

La peor crisis humanitaria reciente en este país, se viene registrando en la zona inter fronteriza entre Colombia y Panamá, particularmente en el área limítrofe, conocido como “El Tapón del Darién”, por la diversidad y espesura de su jungla. La frontera del Darién tiene una extensión de 266 km de largo y 575 mil hectáreas de superficie.

Los medios de comunicación y los estudios realizados dan cuenta de los miles de migrantes que por allí transitan diariamente, entre 1,500 y más de 4 mil personas, de todas las edades, sexo y etnias, provenientes de diferentes países y regiones geográficas del mundo.

Sobre este flujo humano, el propio ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, expresó que, en los últimos ocho meses del año 2023, han cruzado la frontera, más de 562 mil personas, entre las cuales se encuentran: mujeres, jóvenes, niños y niñas, lo mismo que adultos mayores.

De este conjunto, alrededor del 27% son niñas, niños y adolescentes. Estas personas provienen principalmente de Venezuela, Colombia, China, Haití y de algunos países de África. Durante este trayecto de más de ocho horas que hacen a pie los migrantes, ocurren muchos hechos que atentan contra sus vidas y honra, como: asesinatos, robos, violaciones de mujeres y niñas, la violencia física, el hambre y la sed. Cadáveres y cuerpos humanos se observan tirados por el camino y niños perdidos de sus padres. Actualmente, esta frontera se ha convertido en un sitio de paso, con una gran porosidad en su territorio.

Estos migrantes pasan por Colombia y luego llegan a la frontera con Panamá, en el Darién, cuya frontera es considerada una reserva forestal; con destino intermedio México, para llegar a los Estados Unidos de América, que representa el sueño americano.

Las familias naturales que viven en los sitios de paso son generalmente indígenas de las etnias Emberá –Wounann y Guna Yala, que son, igualmente, pueblos originarios de la frontera colombiana. Muchos de estos pobladores se sienten más atraídos por el dinero que pagan los migrantes por comida, ropa, alojamiento, transporte fluvial y guías. Muchos de ellos han dejado de cultivar plátanos, ñame y otras verduras en las fértiles tierras de Darién, para dedicarse al dinero fácil de atender a estas personas pasantes.

Las personas más beneficiadas de esta ola humana desorientada, son los llamados Coyotes. Estos tratan ilegalmente a las personas migrantes, cobran por atraer, esconder, seducir y engañar a estos seres humanos perdidos en relación con la ruta que deben recorrer, así como de los medios que deben utilizar, sin un destino seguro, siempre bajo la amenaza de perder sus vidas. Los rufianes llamados Coyotes realizan su oficio vendiendo sus servicios siempre amparados en influencias que dicen tener con autoridades o el conocimiento y experiencias en las zonas o países de interés de quienes emigran.

La policía de Fronteras de Panamá, la Cruz Roja Panameña y otras ONGs, tratan de controlar y paliar la difícil situación que confrontan estas poblaciones migrantes, ofreciéndoles alimentación, seguridad y alojamiento mediante dos campamentos: uno en Darién y otro en Gualaca, provincia de Chiriquí, que se mantienen, en general, en condiciones todavía precarias. Esta intervención tiene costos crecientes para el gobierno panameño y es prácticamente imposible mantener la sostenibilidad de estos programas, a menos que se logre la participación de otros países y organismos internacionales en su atención (Palabras de la directora de migración de Panamá, Samira Gozaine).

Las autoridades panameñas han mostrado mucha preocupación por esta situación deshumanizante que padecen estos migrantes y hasta propuesto realizar medidas de control para su ingreso al territorio nacional. Algunos sectores recomiendan “cerrar la frontera”, una acción prácticamente imposible de aplicar, visto el tamaño y la porosidad de esta zona.

Se han realizado algunas reuniones diplomáticas y con funcionarios de alto nivel, que no han llegado a proponer, asumir y, menos, implementar medidas concretas para el control interfronterizo. Aún se discuten las estrategias y acciones que se puedan poner en marcha para prevenir, desmotivar y controlar esta marea humana que, casi desbocada, se lanza diariamente a una aventura sin disponer de información y medios básicos para llegar a un lugar donde se les rechaza y expulsa.

Es por ello que algunas universidades han pensado en aportar su contribución, para dar más luz, planificar y orientar las líneas de acción que conviene poner en marcha para solucionar la crisis. Debemos recordar que la universidad es una institución milenaria que ha sabido adaptarse a los tiempos y circunstancias, y es la más potente herramienta que existe para formar el capital humano y crear el nuevo conocimiento que requieren los países para progresar, ser más equitativos y pacíficos dentro de sus territorios, con sus países vecinos, de la misma región y del mundo.

Las universidades tienen como funciones misionales la formación competente de profesionales y técnicos del más alto nivel y calidad: generar, difundir y transferir el conocimiento, para la solución de problemas en la sociedad, así como, realizar extensión, mediante alianzas y ejecución de proyectos con las instituciones, las empresas, los organismos nacionales e internacionales y las comunidades locales.

El 4 de septiembre de 2023, se firmó en Medellín, un convenio de colaboración entre los rectores de la Universidad de Antioquia, de Colombia, y la Universidad Especializada de las Américas de Panamá; ambas son universidades estatales. La primera con 220 años de fundación y ubicada entre las 10 mejores universidades en el ranking de la región de ALC. La segunda con casi 26 años de existencia, destacada por la elevada calidad en la formación de los profesionales de las ciencias de la salud y de la educación, y por sus eficientes servicios académicos y científicos a los grupos vulnerables y más carenciados del país.

Esta relación interuniversitaria se propone junto a otras instituciones de educación superior, comisiones gubernamentales y organizaciones internacionales (ONU, Acnur, OMS/OPS, PNUD, Unicef, entre otras), intervenir mediante evaluaciones de la situación, definición de estrategias y la ejecución de medidas que lleven a encontrar una solución, en el marco de los derechos humanos, a esta apoteósica crisis humanitaria.

El deber de los gobiernos y los pueblos es unir sus capacidades y voluntades, para que ningún ser humanos pase por condiciones de martirio y de crueldad, en pleno siglo XXI.