Una propuesta inadecuada

Entre el abrumador monto de promesas y propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, algunas se destacan por su especial carácter. Este es el caso de la propuesta del señor José Gabriel Carrizo Jaén, el cual está planteando un referéndum, con el fin de rescatar el proyecto extractivista – minero, lo que se lograría con la supuesta nacionalización de la mina de Cobre Panamá, propiedad de First Quantum Ltd.

La propuesta muestra la falta del señor Carrizo Jaén de aceptar los inexplicables errores y fallas del actual gobierno, en el que ocupa el cargo de vicepresidente. Esto queda claro cuando el candidato señala de manera enfática que su gobierno hizo lo correcto al abordar el problema de la mina. Olvida que el contrato minero fue liquidado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que contenía 25 violaciones a la Constitución Nacional. Dada esta visión del señor Carrizo Jaén surge una pregunta: ¿cuántas violaciones a la constitución les parecerían correctas en su actuar si llega a la presidencia?

En el plano ambiental la propuesta del candidato oficialista a la Presidencia muestra, a nuestro juicio, el poco interés frente a la necesidad de preservar la naturaleza. En este caso parece ser que el señor Carrizo Jaén olvida, o simplemente ignora, que de acuerdo a la Guía para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros (Interamerican Association for Environmental Defense, 2010), llama la atención sobre 17 diferentes posibles impactos ambientales de los proyectos mineros – metálicos. Un ejemplo de estos problemas es dado por un reciente estudio del Lincoln Center for Water and Planetary Health (2023), en el que gracias a un estudio a nivel mundial se llegó a la conclusión que 23 millones de personas están potencialmente afectadas por concentraciones de desechos tóxicos provenientes de la minería. Más aún, la propuesta del señor Carrizo Jaén significaría seguir afectando al Corredor Biológico Mesoamericano, lo que representa un ataque directo a la biodiversidad. ¿Cuánto le interesa la vida al candidato oficial?

La idea de la “nacionalización de la mina” no es ni nueva ni exclusiva del señor Carrizo Jaén, es así, por ejemplo, en un artículo publicado el 28 de diciembre del 2022 en el diario La Prensa, se llamaba la atención sobre un plan ‘B’, en que la mina pasara a propiedad de Panamá. En este se argumentaba que una mina tan grande como la de Donoso solo puede ser administrada por “un puñado de empresas mineras en el mundo”. Esto último parece coincidir con la posición del candidato oficialista y su campaña, ya que cuando se les cuestiona sobre la administración hablan de la necesidad de encontrar experiencia externa, o de imitar lo que se hizo con la telefonía. Se trata de una “solución” que, además de mantener los impactos ambientales, mantendría el carácter de enclave de la mina, puesto que la misma sería administrada por una empresa extranjera, la que sería la beneficiaria principal del excedente producido a costa del impacto ambiental.

En términos de la transición implícita en la “nacionalización” de la mina, se puede decir que, a diferencia de lo que se trata de presentar a la población, es un acto que no responde al interés nacional y que es económicamente poco útil para el país.

En la medida que se dé la “nacionalización” Panamá estaría reconociendo implícitamente la existencia de un ente jurídico válido, lo que directamente chocaría con el fallo de la CSJ: sería reconocerle existencia legal a la explotación de First Quantum. Esto, entonces, llevaría a que el país, teniendo en cuenta el Tratado de Libre Comercio con Canadá, tendría que pagarle a First Quamtum una compensación equivalente al “valor justo de mercado de la inversión expropiada”, lo que implicaría no solo el valor de los activos físicos. También comprendería un pago por lucro cesante. Esto significa que el excedente futuro de la explotación pasaría, en gran medida, a manos de la transnacional. A esto se debería agregar que las cláusulas de trato nacional y la nación más favorecida contenidas en los tratados de libre comercio, abrirían el paso al proyecto extractivista – minero en el país. ¡La única solución es el cierre de la mina!

Nos encontramos frente a una propuesta que no es correcta para los intereses nacionales y que carece de sentido ecológico y económico. Es importante que las fuerzas que se movilizaron para lograr que el contrato minero fuera declarado inconstitucional, se activen para salirle al paso a la propuesta aquí analizada.