Transformación colaborativa

La población exige más y mejores servicios. El gobierno ha colapsado, empantanado (entre otras cosas) por lo engorroso y excluyente de su aparato burocrático. En esta serie enmarcamos la disyuntiva y proponemos un paradigma que ve en la eficiencia del sector privado un aliado para la provisión de servicios, soluciones y puesta en práctica de las facultades legales/administrativas de las autoridades.

Empecemos por decir que existe un debate respecto a la forma que deben asumir los estados. Para nuestros efectos, basta con decir que existen dos corrientes. Por un lado, hay quienes abogan por la construcción de un Estado lo suficientemente fuerte como para proveer por sí solo los servicios demandados. Por el otro, hay quienes pregonan un diseño institucional por medio del cual actores no gubernamentales participen en la prestación de algunos servicios. Los primeros están asociados a un enfoque estatista y los segundos a un enfoque de externalización.

Partidarios del estatismo afirman que al realizarse todos sus trámites a lo interno de las instituciones, programas y servicios pueden llevarse con mayor flexibilidad en comparación con mecanismos indirectos de provisión. Desde su perspectiva, estos últimos requieren de una vigilancia demasiado cara como para ameritar la pena. En cambio, la atención directa asegura que el gobierno mantenga cercanía y control sobre la satisfacción de las demandas ciudadanas. Adicionalmente, al no operar con lógica de lucro, el estatismo asegura que instituciones privadas, sobre todo aquellas con fines lucrativos, no maximicen sus ganancias en detrimento del servicio ofrecido.

La externalización, por su parte, es un enfoque utilizado para la provisión privada de servicios sociales públicamente financiados. Partidarios afirman que la externalización es más apta para brindar servicios al no verse los proveedores anquilosados por las limitaciones que impone la burocracia excesiva de la administración pública. Además, los beneficiarios son atendidos por colaboradores debidamente especializados que operan dentro de un engranaje laboral dinámico que les permite adaptarse con mayor facilidad a los imponderables del día a día.

Por otro lado, la repartición de responsabilidades evita riesgos asociados a la asignación de muchas funciones a pocas dependencias (ej. corrupción, politización). Asimismo, organizaciones privadas, sobre todo aquellas con fines de lucro, son más costo-eficientes e innovadoras que el Estado.

El enfoque propuesto también logra que el gobierno se mantenga concentrado y comprometido con programas a lo largo de su duración, mientras que el sector privado provee agilidad y flexibilidad a los servicios. En conclusión, ningún actor, por su propia cuenta, puede conducir a la colectividad en forma satisfactoria. El trabajo en conjunto es la mejor apuesta.